Alejandro Baldemar Herrera Chacón
Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Alejandro Baldemar Herrera Chacón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó en el presente asunto. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la suspensión definitiva de los actos reclamados. La destrucción ordenada en los puntos anteriores, deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. En tal virtud, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó en el presente asunto. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la suspensión definitiva de los actos reclamados. La destrucción ordenada en los puntos anteriores, deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido.
- Principal
Visto, para resolver, el juicio de amparo número 18/2021 promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. DEMANDA. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, turnado el día siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades que a continuación se indican: 1)Jueces de Control y Enjuiciamiento, Región 02 Tapachula, Chiapas. 2)Fiscal de Distrito Fronterizo-Costa, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula. 3) Fiscales del Ministerio Público Investigadores de Turno, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; del Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Tapachula, Chiapas. 4) Comandante Regional Frontera-Costa, de la Policía Especializada, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula. 5) Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Tapachula, Chiapas. Consistente de manera destacada en: Las órdenes de aprehensión, detención y presentación dictadas contra el quejoso y su ejecución. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 58/2021 - V-B; se admitió a trámite; se solicitó a las responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte (relativo a la creación denominación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados), mismo que reforma el similar 3/2013 (relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito); por tratarse de una demanda de amparo en materia penal promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto se cita la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, registro digital: 181810, Novena Época, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Este órgano jurisdiccional precisa que la parte quejosa reclama: Las órdenes de aprehensión, detención y presentación dictadas contra el quejoso y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades: No. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO REGIÓN 02 TAPACHULA, CHIAPAS 2 FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO-COSTA, DE LA DISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 3 FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR NÚMERO 7 DE A UNIDAD DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS SEXUALES 4 COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA ZONA FRONTERIZO COSTA 5 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Ahora bien, cabe destacar que si bien, la negativa de las responsables de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos reclamados en comento. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de las autoridades responsables no produce la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si el quejoso es omiso en desacreditar la negativa de la autoridad, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ilustra al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que expone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De ahí que sea evidente la inexistencia de los actos reclamados, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades responsables mencionados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 305, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Sexta Época, Materia Común, Registro 1002350, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. QUINTO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación esta sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución.
- Incidental
RESOLUCION INTERLOCUTORIA.- Por lo anterior expuesto y fundado, con base en lo establecido por los artículos 138, 140 y 144 de la Ley de Amparo se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó Alejandro Baldemar Herrera Chacón, por propio derecho, contra las autoridades responsables y por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución incidental. SEGUNDO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando cuarto de este fallo.
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