Alejandro Ayala Díaz

Expediente 1916/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1916/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Ayala Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvanse al Juez Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el expediente 732/2021; se solicita acuse de recibo. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *****, dando cumplimiento a la prevención formulada el ocho pasado. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencias manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Así, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se facultó a la actuaria adscrita al juzgado responsable a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera la entrega del bien embargado mediante diligencia de once de junio de dos mil diecinueve, al depositario judicial, para lo cual se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; asimismo, se ordenó girar oficio a la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior; [.]. El precepto transcrito prevé la causa de improcedencia relacionada con la figura jurídica de cosa juzgada, en juicios de amparo indirecto. Dicha institución, de manera genérica, se refiere a la inmutabilidad de una decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional. Al actualizarse la cosa juzgada sobre determinada cuestión no solamente se extingue la facultad de las partes de hacer valer las mismas pretensiones en un juicio posterior, sino que además existe ya un pronunciamiento sobre dichas pretensiones que debe considerarse la verdad legal y una vez que dicha resolución cause ejecutoria, no debe haber ningún motivo jurídico para destruir los efectos de la misma. Por consiguiente, la existencia de la cosa juzgada obliga a cualquier órgano jurisdiccional a no tramitar un nuevo juicio en el que se intente hacer valer las mismas pretensiones, pues ello también llevaría a la posibilidad de que se emita una misma condena dos veces por la misma razón, o bien, a que se dicten sentencias contradictorias, generando de esta manera inseguridad jurídica. La institución en comento es aplicable al juicio de amparo, pues sería inadmisible estudiar en dos ocasiones un solo acto reclamado, pues se podrían originar resoluciones contradictorias y destruir la firmeza de una determinación anterior. En otra palabras, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto analizado, estriba en el hecho de que si el órgano de control constitucional ya se pronunció sobre la cuestión planteada, la determinación que se adopte adquiere la categoría de cosa juzgada, cuya firmeza ya no puede ser destruida mediante un nuevo juicio de amparo, en virtud de que constituye la verdad legal. La fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente siempre que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo en el que exista sentencia firme, para lo cual, en términos de la fracción X, debe existir: a) Identidad de quejoso, es decir, que ambos juicios sean promovidos por la misma persona; b) Que se dirija contra las mismas autoridades; y, c) Que se señale el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Ahora bien, en relación con las ejecutorias de amparo que decretan el sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, por regla general, dichas ejecutorias no constituyen cosa juzgada; sin embargo, existen casos en que la causa de improcedencia en comento opera también por diversas circunstancias; pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través del juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto. Lo anterior, ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado; que han cesado sus efectos; que dicho acto ha sido consentido; inobservancia del principio de definitividad o bien, cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de amparo. Atento a lo anterior, es dable establecer que, para que no se actualice la causal en estudio respecto de una ejecutoria que determinó sobreseer en el juicio de amparo, se requiere demostrar que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. Considerar lo contrario, implicaría atentar contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.132 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2717, cuyos rubro y contenido son: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. Ahora bien, el presente juicio de amparo fue promovido por *****, en el que señaló como acto reclamado la auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se facultó a la actuaria adscrita al juzgado responsable a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera la entrega del bien embargado mediante diligencia de once de junio de dos mil diecinueve, al depositario judicial, para lo cual se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; asimismo, se ordenó girar oficio a la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Sin embargo, el acto que se reclama en esta vía constitucional, ya fue impugnado por el aquí quejoso en un juicio de amparo indirecto anterior, cuyo conocimiento correspondió a también a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, bajo el número de expediente 444/2022-II-B. En efecto, de la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós dictada en el juicio de amparo 444/2022-II-B, del índice de este juzgado federal, se observa, fue promovido por Alejandro Ayala Díaz, en el que señaló como acto reclamado auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se facultó a la actuaria adscrita al juzgado responsable a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera la entrega del bien embargado mediante diligencia de once de junio de dos mil diecinueve, al depositario judicial, para lo cual se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; asimismo, se ordenó girar oficio a la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. La información anterior, fue obtenida del expediente electrónico del juicio aludido y que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, dado que el sistema referido es un programa automatizado de captura y reporte de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales; por lo que si bien no sustituye a las constancias que integran el expedientes físicos en que se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, pues coinciden fielmente con la agregada físicamente al sumario. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, registro digital 2017123; de epígrafe y texto: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En esas condiciones, obténgase de dicha plataforma digital impresión de la demanda, escritos aclaratorios, auto de desechamiento y el proveído en el que se declaró que tal determinación quedó firme, a fin de ser integradas al presente expediente. Del juicio de amparo indirecto 444/2020-II-B, se desprende que el mismo se desechó, al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y al no haber agotado el recurso de revocación. Asimismo, el desechamiento causó estado el veinte de abril siguiente, ya que no fue recurrida por la parte quejosa. De acuerdo con lo anterior, es evidente la improcedencia del presente juicio de amparo, pues se surten los presupuestos necesarios para considerar que se actualiza la institución procesal de la cosa juzgada; esto, porque lo combatido en ambos juicios es idéntico, es decir, el auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós. También, existe identidad en la parte accionante del juicio de amparo, es decir, Alejandro Ayala Díaz, así como en la autoridad señalada como responsable Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. En ese sentido, la circunstancia de que el juicio de amparo 444/2022-II-B haya sido desechado sustentado en haberse actualizado una causal de improcedencia, no impide la actualización de la causal en estudio. En tal virtud, las violaciones alegadas ya no pueden ser analizadas por este órgano de control constitucional, ya que ello implicaría desnaturalizar la calidad de cosa juzgada que posee la determinación emitida en el expediente 444/2022-II-B, del índice de este juzgado federal. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), aprobada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 808, registro digital 2018597; de epígrafe y texto: COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. Cabe agregar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el motivo de improcedencia consistente en la cosa juzgada no sólo se actualiza cuando en una ejecutoria se haya resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido, y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma. Lo anterior, se encuentra contenido en la tesis aislada 1a. II.3o.P.16 K (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1828, registro digital 2020662; de rubro y texto siguiente: COSA JUZGADA EN EL AMPARO INDIRECTO. POR EXCEPCIÓN OPERA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EN UN ANTERIOR JUICIO SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR EL PROPIO ACTO RECLAMADO, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia dictada por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el juicio ejecutivo mercantil 577/2019, que se traducen en el cobro del interés moratorio y remate de lo embargado, se surte la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La última porción normativa citada es del tenor siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] La intelección conjunta de los preceptos invocados, permite determinar que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos provenientes de autoridades formal y materialmente jurisdiccionales que se cometan fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, esa procedencia queda sujeta a las siguientes directrices: 1. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. 2. Si se trata de actos de ejecución de sentencia (siendo esta hipótesis la que interesa en el caso) sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Pudiéndose reclamar hasta ese momento las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; lo cual implica que no se puede entorpecer la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada. Por tanto, es posible que las violaciones cometidas durante éste se puedan analizar cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una resolución definitiva, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Asimismo, esa misma porción normativa precisa que, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución debe entenderse: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia correspondiente; o bien, c) La que ordene el archivo definitivo del expediente. Esta regla de procedencia tiene como objetivo evitar que la promoción del juicio de amparo pueda retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia firme que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución; en otras palabras, el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe obstaculizarse por ser de interés público. En conclusión, tratándose de actos en ejecución de sentencia, la procedencia del juicio constitucional se posterga hasta la última resolución dictada en aquel procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que hubieren dejando sin defensa a la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la resolución. Ahora bien, en el caso, Alejandro Ayala Díaz sometió a escrutinio constitucional actos relativos a la ejecución de la sentencia dictada por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el juicio ejecutivo mercantil 577/2019, consistente en el cobro del interés moratorio y el embargo trabado. Ahora, si bien el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia iniciado en el contradictorio de origen, no puede considerarse que sea la última resolución dictada en éste. A fin de corroborar tal aserto, conviene destacar, a manera de antecedentes, que el nueve de mayo de dos mil diecinueve se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma a fin de emplazar y requerir el pago de las prestaciones reclamadas a la parte demandada; con el apercibimiento de que de oponerse a la realización de la diligencia se le podría aplicar una medida de apremio consistente en el uso de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras si fuera necesario para ejecutar la diligencia ordenada diversa visita y con quien se encuentre presente, sin que medie citatorio de por medio. Posteriormente, mediante proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve, en virtud de la oposición de la parte demandada en diligencia de once de junio se autorizó el auxilio de la fuerza pública y en caso de ser necesario el rompimiento de chapas y cerraduras a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve. Seguido, el trece de noviembre de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 572/2019, en el cual se condenó a la parte demandada a que pague a la parte actora, la cantidad de USD 17,785.77 por concepto de suerte principal que amparan en su conjunto os documentos base de la acción, más el pago de los intereses moratorios a razón del 2.9% mensual, previa regulación correspondiente en ejecución de sentencia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se hará trance y remate de lo embargado y con su productos se pagará al actor. Continuo, en cumplimiento al resultando cuarto de la referida resolución, mediante proveído veintiuno de enero de dos mil veintidós, se facultó a la actuaria adscrita al juzgado responsable a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera la entrega del bien embargado mediante diligencia de once de junio de dos mil diecinueve, para lo cual se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; asimismo, se ordenó girar oficio a la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Hasta aquí algunos de los antecedentes más relevantes que guardan relación con el acto reclamado. De lo anterior, no se advierte que se haya reconocido el cumplimiento total de la ejecutoria, sino únicamente el acatamiento del punto resolutivo cuarto de ese fallo, por parte del fedatario demandado. Como se advierte, los actos reclamados no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que aún no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la ejecutoria pronunciada en el juicio de origen, y menos aún, declara la imposibilidad material o jurídica para ello u ordena el archivo definitivo del expediente, para que el juicio resultara procedente en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. No se soslaya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la jurisprudencia P./J. 108/2010 intitulada: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE., en la que sostuvo la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando fueran de imposible reparación por perjudicar de manera inmediata derechos sustantivos del promovente y ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia. El mencionado criterio se encuentra contenido en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6. A pesar de ello, el acto en estudio no se ubica en el caso de excepción a que alude la citada tesis jurisprudencial, porque se encuentra íntimamente vinculado con el cumplimiento de la condena cuya legalidad no puede ser abordada en este momento. En efecto, la ejecución que se pretende someter a escrutinio constitucional no afecta en perjuicio de la parte quejosa algún derecho sustantivo que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la sentencia que se pretende ejecutar; por ello, se reitera, que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo. De ahí que no será sino hasta que se dicte esa determinación cuando proceda el amparo indirecto, en el cual, la ahora recurrente podrá impugnar el auto de mérito. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable las causales de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo...I

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de diciembre de dos mil veintidós. COLEGIADO INFORMA Y REMITE CONSTANCIAS. Téngase al Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito informando que el ocho de diciembre del año en curso se declaró firme el proveído dictado en el recurso de queja 311/2022, en el que se desechó por haber quedado sin materia el medio de impugnación interpuesto por la autoridad responsable Secretario de Salud, por conducto del Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina de la Abogada General, asimismo remitiendo el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 752/2022-V-A. Confírmese la recepción de estilo correspondiente, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual forma, se ordena realizar el desglose de las actuaciones correspondientes que obren en el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, a efecto de que sean agregadas al cuaderno original. Finalmente, toda vez que se reservó realizar pronunciamiento respecto del archivo y valoración del cuaderno principal 752/2022-V-A, así como de los cuadernos incidentales que derivan del mismo, hasta en tanto fuera resuelto el medio de impugnación de referencia, provéase lo conducente en aquel sumario central....M-V

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