Alejandro Athie Cuervo

Expediente 1480/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1480/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • ALEJANDRO ATHIE CUERVO y Otros.
  • Alejandro Athie Cuervo
  • Erme Gúney
  • Directora de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores En Coyoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director de Ejecutorias, en ausencia de la Titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, quien a su vez, actúa en representación del Secretario, de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, y de la Titular de Asuntos Jurídicos, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del cual, informa que sí es su interés que se continúe con el trámite del recurso de queja interpuesto en contra del proveído de quince de junio del año en curso, en que se impuso al Secretario y al Subsecretario citados, una multa a razón de ciento cincuenta veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México; tomando conocimiento de su contenido. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, y 101 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que en el término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente de la notificación, señale qué constancias deben remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que conocerá del recurso de queja; apercibida que una vez transcurrido el término que establece el artículo 101 de la ley de la materia, con o sin su desahogo, se enviará el informe relativo al Tribunal Colegiado. Sin que haya lugar a dar vista para tales efectos a las autoridades recurrentes, toda vez que en el oficio de cuenta, ya señalaron las constancias que estima deben remitirse para su conocimiento. Ahora bien, en relación con las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, es un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. En ese sentido, y visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Secretario y al Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, han sido omisos en desahogar el requerimiento de veintiocho de junio del año en curso, por el que se les requirió acreditaran ante éste Juzgado de Distrito el cumplimiento del fallo protector, no obstante haber sido debidamente notificados; por tanto es evidente que han sido contumaces en dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, no obstante que han informado a este juzgado las gestiones que realizan. En ese sentido, se advierte que desde el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por lo que a la fecha han transcurrido aproximadamente tres años con diez meses, sin que las autoridades responsables hubieran dado cumplimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y en términos de lo previsto en los artículos 193 primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo y 192 y 258 de la Ley de Amparo, y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se impone al Secretario y al Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una multa a razón de ciento cincuenta días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para que por conducto de la Administración Local de Recaudación correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas autoridades. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que por oficio II210.DGOPR.AJ.06708.2023 de ocho de mayo del año que transcurre, se remitieron a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario los documentos de los proyectos de Acuerdo de Título de Propiedad y Dictamen Técnico-Jurídico, elaborados en original para la tramitación subsecuente y firma correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, REQUIÉRASE NUEVAMENTE, al Secretario y al Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, firmen los proyectos aprobados del acta de hechos de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós y el acuerdo de reposición del Títulos, para la reposición del título de propiedad 1022631, del predio "El Sinaí fracción I". En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas que, en caso de no cumplir lo anterior, en términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el siguiente requerimiento, se impondrá a las personas físicas que ostentan el cargo de las autoridades requeridas, una multa por doscientos días de la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Ciudad de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta en que la Secretaria adscrita al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión R.A.(incidente) 210/2022; en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. Acúsese el recibo de estilo. Hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "Único. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, es un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se emitió el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, en el cual, en su 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA TRÁMITE parte considerativa, el Pleno del Consejo de la Judicatura estableció que la formación de un duplicado físico del incidente de suspensión, puede ser sustituido, en términos el artículo 128 en relación con el 3, ambos de la Ley de Amparo y lo dispuesto en los numerales que regulan el trámite de actuación de los recursos de queja y revisión, por una versión electrónica de dicho incidente. Asimismo, señaló que para el trámite del recurso de queja no es necesario la formación de duplicado; y tratándose de la réplica del cuaderno incidental con motivo de la presentación del recurso de revisión, que pudiera promoverse en contra de lo resuelto en la suspensión definitiva, éste puede ser sustituido por la versión digital del duplicado disponible en el juzgado. De igual manera, refiere que ha llegado el momento de asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la que determinó eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos, privilegiando el uso de tecnologías en el quehacer jurisdiccional. En tales condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 264 del citado acuerdo, se determina que a partir de la fecha en que se actúa, la actuaciones que se generen el presente asunto, se integraran únicamente al expediente original, por lo que se deja de actuar en el duplicado del incidente de suspensión, a efecto de contribuir a la reducción del consumo de papel en la labores jurisdiccionales. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora, atendiendo a que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos de la jurisprudencia de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", que en el incidente de suspensión derivado del presente asunto, se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada en dicho expediente, comuníquese la presente determinación al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que radicó dicho medio de impugnación con el número de expediente R.A. 210/2022, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, resérvese de acordar lo conducente respecto al destino archivístico del presente en el expediente en que se actúa, hasta en tanto sea devuelto el expediente incidental. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio del Secretario del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 628/2021- IV, promovido por Alberto García Salgado, por propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana y otras autoridades, y remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 434/2022. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente. PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Alberto García Salgado. Acúsese el recibo correspondiente y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada, en el estado que actualmente se encuentre. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo es de orden público las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, en respecto a la cosa juzgada las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo." ( Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192, de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258, de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la ejecutoria se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: En virtud de la conclusión alcanzada y ante lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia considerado los términos que se planteó la petición y las circunstancias que se desprendan del expediente personal del quejoso, fundada y motivadamente emita una nueva respuesta, en la que en el ámbito de su respectiva competencia, provea lo conduce a la petición del quejoso, o bien, la remita a la autoridad a quien corresponda resolver sobre lo pedido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Elliot Romero Grijalva, Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el párrafo anterior. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo; y, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley, REQUIÉRASE a Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en su calidad de superior jerárquico de Elliot Romero Grijalva, Titular de la Unidad de Transición de la citada Secretaría, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento de la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a los efectos de la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; lo anterior considerando que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí misma. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del citado artículo 193, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; con el apercibimiento a las autoridades indicadas de que en caso de no hacerlo, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del citado artículo 193. b) En términos de los artículos 238 y 258, de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192, de la ley citada,se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197, de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

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