Alejandro Arturo Sánchez Garza

Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
12/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Arturo Sánchez Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso, ha transcurrido sin que se haya interpuesto el citado medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado estado el proveído dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa Alejandro Arturo Sánchez Garza, contra los actos que reclamaron del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. TERCERO. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los óiganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documento originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. CUARTO. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor determinación el escrito del quejoso Alejandro Arturo Sánchez Garza, a través del cual expresa su conformidad con el desechamiento de la demanda de amparo interpuesta y solicita la devolución del escrito de doce de enero de dos mil veintidós, el cual fue presentado como anexo a la demanda de amparo, en virtud de que mediante proveído de veintiuno de enero del año en curso, se tuvo por recibido un escrito vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con idéntico contenido, y se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante José Florentino González González, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.ARA/JFGG/pmgc.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Alejandro Arturo Sánchez Garza, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 12/2022-3, que es el que por orden le corresponde. Desechamiento de demanda De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgador de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, debe desecharse de plano la demanda de amparo de que se trata, toda vez que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. De la lectura integral de la demanda, así como de su anexo, se advierte que la parte quejosa reclama de forma destacada y sustancial: La omisión de dar contestación a la petición contenida en el escrito presentado ante la autoridad responsable el doce de enero de dos mil veintidós, por el que solicitó se ejercitara acción penal en contra de la Presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Asociación Civil (Yolanda Malagón Medina), Reynaldo Eduardo Flores Villarreal, Luis Lauro García Treviño, Laura Estefanía García Malo, Hebert Algides Rodríguez Alfaro y Sarilup Ferrant Chávez, dentro de la carpeta de investigación 236/2021. Para demostrar la existencia del acto reclamado, la parte quejosa exhibe la copia de recibido del referido libelo aduciendo al respecto, que al momento de la presentación de su demanda de amparo no ha obtenido respuesta por parte del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad. En relación con lo anterior, se estima oportuno tener en consideración el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la transcripción que antecede, es pertinente destacar que, de conformidad con el referido precepto constitucional, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa a los funcionarios y empleados públicos, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bajo ese tenor, la persona que se ostenta titular de ese derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. Al respecto, conviene precisar que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por el peticionario de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, para valorar la existencia de ese derecho subjetivo. En tales condiciones, es preciso que el quejoso demuestre que se encuentra afectado en su derecho de petición, pues de no hacerlo, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad responsable a dar respuesta a su escrito y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que en este momento le genere un perjuicio, que pueda ser objeto de análisis en un juicio de amparo, conllevando a que la acción constitucional intentada resulte improcedente. Ahora bien, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 Constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber al interesado. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física y material de poder emitir el acuerdo correspondiente. En tal sentido, de los datos contenidos en la demanda de amparo, así como en la documental adjunta a ésta, se reitera, que en el caso quedó demostrado que mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil veintidós, el quejoso Alejandro Arturo Sánchez Garza, solicitó al Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad, entre otras cuestiones, lo siguiente: (i) se ejercitara acción penal en contra de la Presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Asociación Civil (Yolanda Malagón Medina), Reynaldo Eduardo Flores Villarreal, Luis Lauro García Treviño, Laura Estefanía García Malo, Hebert Algides Rodríguez Alfaro y Sarilup Ferrant Chávez, dentro de la carpeta de investigación 236/2021; y (ii) que de la respuesta que recayera a su petición, se remitiera copia autenticada a las autoridades a las cuales se les da intervención con copia de conocimiento del escrito presentado por el quejoso; peticiones respecto de las que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a la misma y lo notifique al peticionario. Lo anterior es así, dado que, en principio, la solicitud formulada implica que la autoridad responsable analice minuciosamente el ocurso de petición previo a determinar si es o no procedente ejercitar acción penal en contra de la Presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Asociación Civil (Yolanda Malagón Medina), Reynaldo Eduardo Flores Villarreal, Luis Lauro García Treviño, Laura Estefanía García Malo, Hebert Algides Rodríguez Alfaro y Sarilup Ferrant Chávez, dentro de la carpeta de investigación 236/2021, puesto que deberá determinar si las personas que indica el quejoso han participado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, circunstancias que pueden durar varios días por los diversos trámites internos que ello implica. Por lo que se puede inferir que en el caso no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para dar contestación a la petición formulada por la justiciable, dado que a la data en que se promovió la demanda de derechos fundamentales, aún no se puede hablar de una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable. De ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petición del impetrante. Cierto, la quejosa formuló su petición ante la autoridad que señaló como responsable el doce de enero del presente año, según se advierte del contenido de su demanda y del anexo que adjuntó a la misma, de tal modo que si el presente juicio se promovió el catorce del mismo mes y año, según el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, sólo ha transcurrido un día hábil entre la petición y la presentación de la demanda, de ahí que es incuestionable que no ha se actualiza un plazo prudente con que cuenta la autoridad a quien dirigió su petición para emitir la respuesta correspondiente y llevar a cabo la notificación del mismo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en Toda La República, publicada en la página 2004, Libro XIX, del Tomo III, Junio 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado." De ahí que, si su demanda fue presentada el catorce de los actuales, se infiere que a la fecha de su presentación no transcurrió un plazo razonable o breve término para que la potestad responsable diera contestación a su petición formulada y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento el acuerdo recaído. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3903, del Tomo XIII, Febrero 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que a la letra dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Capítulo de pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase al promovente ofreciendo como pruebas de su intención la documental que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Acceso al expediente electrónico Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico con la cuenta FIREL que tiene dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "jorgemiranda", para su consulta, presentación de promociones y notificación de acuerdos. Atento a lo anterior, el autorizado está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días, a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 de la referida legislación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este juzgado, realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "jorgemiranda", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Autorizados y domicilio Ténganse como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Miranda Niño y Manuel Cruz Maldonado. No ha lugar a tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta, pues al haberse solicitado el acceso al expediente electrónico para la recepción de notificaciones, se privilegia el juicio en línea. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que hagan uso del esquema de Juicio en Línea Por otra parte, tomando en consideración el fenómeno de salud pública que se vive, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar la notificación vía electrónica. Se requiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y correo electrónico De igual modo, con apoyo en el artículo 5, fracción I del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ya invocado, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con el objeto de establecer un contacto respectivo en los casos que se estime necesario, con excepción de la parte quejosa a quien en este auto se le autorizó el acceso al expediente electrónico. Se hace del conocimiento a las partes el sistema de citas para consulta de expedientes o comparecencias En otro entorno, conforme los artículos 2°, fracción VIII, 3°, 4° y 6° todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes señalado, se hace del conocimiento de las partes que desde del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el enlace institucional https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual los justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, encontrarán el apartado "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas con el objeto de consultar expedientes, el desahogo de comparecencias o requerimientos. En cuanto a la generación de citas, cuando desee acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto se establezcan. Publicaciones en lista de acuerdos Por otra lado, dado que aún no se permitirá la entrada libre de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace de su conocimiento que las listas de acuerdos serán colocadas en un espacio de fácil acceso en el edificio, para quienes acudan sin contar con una cita. Transparencia Así también, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistido de Alejandro Hernández Ruiz, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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