Alejandro Arturo Estrada Estrada
Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2021
Partes del expediente
- Alejandro Arturo Estrada Estrada
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. .... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, por medio del cual refiere que no fue le posible notificar personalmente al quejoso ------, el proveído dos de julio de dos mil veintiuno, toda vez que no localizó el domicilio que proporcionó para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, con fundamento en el ordinal 27, fracción III, inciso a), se ordena la notificación de la parte quejosa por lista, del auto en comento y de los subsecuentes, para los efectos legales subsecuentes. Notifíquese. en cumplimiento al auto de ocho de julio de dos mil veintiuno se notifica a la parte quejosa A.A.E.E, por lista el acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno que dice: Toluca, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ------, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 588/2021-III. PROCEDENCIA Ahora bien, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Además, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 95 en su fracción I, inciso c) rango 6, de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, así como el cobro de derechos. Ahora del estudio integral de la demanda se advierte que no obstante que el quejoso refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado el ocho de junio de dos mil veintiuno, al momento en que le fue entregada la escritura pública donde consta la inscripción respectiva; sin embargo, de las constancias que anexa se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, -------, fedatario público número ciento noventa y dos, con ejercicio legal de funciones en Tlalnepantla de Baz, realizó el pago de derechos por inscripción de una escritura de inmueble, el cual se enteró por su conducto. Así las cosas, es claro que respecto al acto de aplicación de la ley que se reclama, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo:..." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor." En razón que de las constancias que anexó a su demanda, particularmente del recibo que exhibe, se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en virtud que en esa fecha realizó el pago de derechos por inscripción de una escritura de inmueble, el cual enteró por conducto del fedetario público que realizó el trámite; por lo que el término para reclamar vía amparo la inconstitucionalidad de las normas generales que regulan la contribución con motivo de la adquisición de inmuebles e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del acto traslativo de dominio con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, en calidad de auxiliar de la administración pública, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, inició al día siguiente a aquél en que tuvo lugar esa afectación, en el caso, comenzó a partir del veintidós de abril del año en curso. Resulta aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX (Abril de 2013), Tomo 2, visible en la página: 1238, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal." De igual forma sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Materias Común y Administrativa, página 1964, Registro 2020056, de contenido y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." Por tanto, es de concluirse que de conformidad con los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, los quince días para interponerlo corrieron del veintidós de abril al doce de mayo del año en curso; por lo que si la demanda fue presentada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación. Siendo aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 286, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." De lo anterior se desprende que al estar condicionada la impugnación del precepto cuestionado a un acto de aplicación en perjuicio de la parte gobernada; es decir, a que el reclamante de amparo cumpla la condición de aplicación de la norma y no la sola entrada en vigor de ésta, es indudable que el precepto de referencia es de naturaleza heteroaplicativa. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, 7ª Época, tomo 205-216, Primera Parte, página 169, que refiere: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." Cabe señalar que, durante el referido lapso del veintidós de abril al doce de mayo de dos mil veintiuno, no hubo suspensión de labores con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; de ahí que, para el caso que nos ocupa, no es dable considerar que no corrieron los términos legales respectivos; por el contrario, con base en la circular 7/2021, del doce de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado, el quince siguiente, así como en la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que remite al Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudaron los términos, plazos procesales e inicio de actividades presenciales correspondientes, a partir del diecisiete de febrero de este año -para la dependencia citada en primer término-, y a partir del dieciocho de febrero, para Poder Judicial Federal, extensión Toluca -sede a la cual pertenece este órgano jurisdiccional-. No es obstáculo a la conclusión alcanzada, que se reclame la propia ley, su discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 95 en su fracción I, inciso c) rango 6, de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, así como el cobro de derechos, porque se reclaman a través del primer acto de aplicación y si respecto de este la demanda resulta extemporánea, en cuanto a éstos, debe seguir la misma suerte. Además no pueden considerárseles dentro de los supuestos de excepción, a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse promovido la demanda de amparo, dentro del término a que se contraen los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, debe entenderse que el acto reclamado, fue consentido, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la norma antes invocada, generando de esta forma su improcedencia, la cual es manifiesta e indudable. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, presentada por -------, por propio derecho. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a -----. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ------, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 588/2021-III. PROCEDENCIA Ahora bien, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Además, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 95 en su fracción I, inciso c) rango 6, de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, así como el cobro de derechos. Ahora del estudio integral de la demanda se advierte que no obstante que el quejoso refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado el ocho de junio de dos mil veintiuno, al momento en que le fue entregada la escritura pública donde consta la inscripción respectiva; sin embargo, de las constancias que anexa se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, -------, fedatario público número ciento noventa y dos, con ejercicio legal de funciones en Tlalnepantla de Baz, realizó el pago de derechos por inscripción de una escritura de inmueble, el cual se enteró por su conducto. Así las cosas, es claro que respecto al acto de aplicación de la ley que se reclama, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo:..." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor." En razón que de las constancias que anexó a su demanda, particularmente del recibo que exhibe, se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en virtud que en esa fecha realizó el pago de derechos por inscripción de una escritura de inmueble, el cual enteró por conducto del fedetario público que realizó el trámite; por lo que el término para reclamar vía amparo la inconstitucionalidad de las normas generales que regulan la contribución con motivo de la adquisición de inmuebles e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del acto traslativo de dominio con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, en calidad de auxiliar de la administración pública, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, inició al día siguiente a aquél en que tuvo lugar esa afectación, en el caso, comenzó a partir del veintidós de abril del año en curso. Resulta aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX (Abril de 2013), Tomo 2, visible en la página: 1238, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal." De igual forma sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Materias Común y Administrativa, página 1964, Registro 2020056, de contenido y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." Por tanto, es de concluirse que de conformidad con los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, los quince días para interponerlo corrieron del veintidós de abril al doce de mayo del año en curso; por lo que si la demanda fue presentada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación. Siendo aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 286, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." De lo anterior se desprende que al estar condicionada la impugnación del precepto cuestionado a un acto de aplicación en perjuicio de la parte gobernada; es decir, a que el reclamante de amparo cumpla la condición de aplicación de la norma y no la sola entrada en vigor de ésta, es indudable que el precepto de referencia es de naturaleza heteroaplicativa. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, 7ª Época, tomo 205-216, Primera Parte, página 169, que refiere: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." Cabe señalar que, durante el referido lapso del veintidós de abril al doce de mayo de dos mil veintiuno, no hubo suspensión de labores con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; de ahí que, para el caso que nos ocupa, no es dable considerar que no corrieron los términos legales respectivos; por el contrario, con base en la circular 7/2021, del doce de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado, el quince siguiente, así como en la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que remite al Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudaron los términos, plazos procesales e inicio de actividades presenciales correspondientes, a partir del diecisiete de febrero de este año -para la dependencia citada en primer término-, y a partir del dieciocho de febrero, para Poder Judicial Federal, extensión Toluca -sede a la cual pertenece este órgano jurisdiccional-. No es obstáculo a la conclusión alcanzada, que se reclame la propia ley, su discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 95 en su fracción I, inciso c) rango 6, de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, así como el cobro de derechos, porque se reclaman a través del primer acto de aplicación y si respecto de este la demanda resulta extemporánea, en cuanto a éstos, debe seguir la misma suerte. Además no pueden considerárseles dentro de los supuestos de excepción, a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse promovido la demanda de amparo, dentro del término a que se contraen los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, debe entenderse que el acto reclamado, fue consentido, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la norma antes invocada, generando de esta forma su improcedencia, la cual es manifiesta e indudable. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, presentada por -------, por propio derecho. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a -----. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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