Alejandro Arredondo Rosales y Otros.

Expediente 595/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
595/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2016

Partes del expediente

  • Alejandro Arredondo Rosales
  • Alejandro Arredondo Rosales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con residencia en Tijuana, con el cual remite el exhorto E 251-313/16-P-IV, del índice de este Juzgado, debidamente diligenciado. Acúsese a la autoridad remitente el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo se hace constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, conforme al considerando vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental; de acuerdo al Capítulo Quinto, Disposición Vigésima Primera, último párrafo, del referido Acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; y en atención a su contenido, se le tiene informando que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta Alejandro Arredondo Rosales, contra actos de la autoridad Director General de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en Baja California, con sede en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 595/2016. Ahora, previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por Alejandro Arredondo Rosales, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo esta autoridad concluye que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de jurisdicción territorial. A fin de sustentar más esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal, prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, que son las siguientes: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de tales hipótesis, se obtiene que la competencia territorial de los jueces de distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". Ahora, conviene establecer que la parte quejosa señala como acto de reclamo lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- LO ES, EL ACTO QUE LA RESPONSABLE ME CAUSA AL PRETENDER QUE EL QUEJOSO COMPURGUE SUS PENAS D/ MANERA (SUCESIVA) Y/ NO (SIMULTANEAMENTE) COMO A BIEN CORRESPONDE)." De la anterior trascripción, así como del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama la negativa de cumplir simultáneamente con la condenas que le fueron impuestas. En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se está ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual, en su caso, es en el municipio de Tecate, Baja California, pues es en dicho lugar donde se encuentra recluido el impetrante, y no se permite la compurgación simultanea de las penas que le fueron impuestas. Por tanto, resulta competente el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en Tijuana, Baja California. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, de Tijuana, conforme al artículo 37, fracción I, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase los autos originales del presente juicio, y las seis copias del escrito de demanda al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, de Tijuana, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios derivados del mismo. Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se giren en este juicio de amparo. Por otra parte y dado que la parte quejosa se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Numero Uno "EL HONGO", ubicado en el Ejido Baja California del municipio de Tecate, Baja California, es decir, fuera de la jurisdicción de este Tribunal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298 y 300 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con residencia en Tijuana, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, le notifique personalmente el presente acuerdo. Finalmente, en apego al TRANSITORIO SEGUNDO, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada), hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, sin perjuicio de que, conforme al artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, será la unidad administrativa correspondiente la que en su momento determine lo conducente.

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