Alejandro Armando Robledo Montes

Expediente 1227/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1227/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Armando Robledo Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Como de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de noviembre en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, el titular de este juzgado lo es el Licenciado SALVADOR MARTÍNEZ CALVILLO, hágase saber a las partes tal circunstancia; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de los propios autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada por -

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-1227/2019-1. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Del escrito de demanda, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: La violación a las formalidades esenciales del procedimiento conforme a los principios constitucionales de seguridad jurídica y de exacta aplicación respecto a la notificación practicada el siete de octubre del dos mil diecinueve, y por ende la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el nueve de octubre siguiente, emitidos dentro del expediente laboral número 561/2017 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, 172, fracción XI, todos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto principal que reclama, la parte quejosa es un acto en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, pues no se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante. Los preceptos legales en los que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo en este caso, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte, el artículo 172, fracción XI, establece lo siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: ". XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley ". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos reconocidos, así como de las garantías previstas para su protección, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente el desconocimiento del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y remediables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Para una mejor comprensión de la improcedencia del presente juicio constitucional, es pertinente exponer los razonamientos siguientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, sostienen el criterio, que comparte quien aquí resuelve, de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de violaciones procesales que afecten derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien cuando esas violaciones causen a las partes en el juicio de que se trate perjuicios procesales exorbitantes. Esas consideraciones jurídicas están contenidas en la tesis IV.3o.C.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2161, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO SÓLO LOS CONSTITUYEN LOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO TAMBIÉN LAS VIOLACIONES PROCESALES EXORBITANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Análogos razonamientos se contienen en la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 25 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2162, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR." En vista de esos criterios, que, pese a que no son obligatorios, son asumidos por este Juzgado Federal en virtud de su razonabilidad y sentido protector en beneficio de las personas, es necesario ahora determinar si el acto principal reclamado en este juicio satisface alguna de las condiciones referidas, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, es decir, si la notificación practicada el siete de octubre del dos mil diecinueve, y por ende la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el nueve de octubre siguiente, emitidos dentro del expediente laboral número 561/2017, es lesivo de alguno de sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien, si esa diligencia causa al quejoso un perjuicio procesal exorbitante. Para decidir lo anterior, es necesario precisar cuáles son los efectos del acto que se reclama en el presente juicio. Dentro del expediente laboral 561/2017, promovido por - (aquí quejoso), ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, el quejoso reclama la violación a las formalidades esenciales del procedimiento conforme a los principios constitucionales de seguridad jurídica y de exacta aplicación respecto a la notificación practicada el siete de octubre del dos mil diecinueve, y por ende, la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el nueve de octubre siguiente, en la cual las partes expusieron sus pretensiones, es decir, el actor su demanda y el demandado su contestación, así como el ofrecimiento de las pruebas que estimaron conducentes a su defensa, haciendo valer todas las acciones y excepciones, actuaciones que ahora constituyen los actos reclamados. Ahora bien, si el incidente de nulidad de notificaciones, se encuentra previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, el cual constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación; sin embargo, conforme al artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando el trabajador promueva amparo directo contra el laudo o resolución que ponga fin al juicio y plantee violaciones a las reglas esenciales del procedimiento, no es exigible que agote los medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; pues de acuerdo al nuevo marco normativo de la materia, tratándose del trabajador ya no resulta obligatoria, en términos del artículo sexto transitorio de la legislación de amparo; en cambio, para el patrón dicho criterio continúa siendo aplicable, ya que en el referido artículo 171 no se alude al "patrón" como entidad específica relevada de impugnar durante el procedimiento las infracciones cometidas en su perjuicio, como sí lo hace literalmente con los "trabajadores". No obstante, por regla general, tratándose de notificaciones mal practicadas en un juicio laboral contra las que se hubiera interpuesto el incidente de nulidad de notificaciones (medio ordinario de defensa), la materia de estudio como violación procesal en el amparo directo es lo decidido en el mismo y no directamente la irregularidad en él impugnada (notificación), lo cierto es que si éste fue declarado improcedente por haberse promovido extemporáneamente, y el quejoso es la parte trabajadora, dicha interposición inoportuna se equipara a que ese medio ordinario de defensa no se hubiera hecho valer, puesto que la indicada declaración de improcedencia dejó incólume la notificación en estudio, al no haber entrado al análisis de los defectos de la notificación; y, en esa medida, al no resultar obligatoria para el trabajador (quejoso) la promoción del incidente, de conformidad con el artículo 171, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo directo no tiene obstáculo para estudiar los defectos de la notificación de mérito. Es necesario puntualizar que, como se explica en la jurisprudencia que a continuación, esa causa de improcedencia del juicio constitucional está plenamente justificada, pues con ella se pretende evitar una cadena interminable de juicios de amparo a fin de impedir que en el trámite de los juicios comunes las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de aquellos juicios. La tesis es la VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1186 del Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE." El artículo 172, fracción XI de la Ley de Amparo, refiere qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios del orden civil agrario o del trabajo, considerándose violadas las leyes de procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias de forma distinta a la prevenida por la ley, y que afecte las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o laudo, que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. A lo anterior, por similitud jurídica debe añadirse que ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la forma de desahogar las pruebas, por regla general, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, si es que se emite favorablemente a los intereses de la parte que ofreció la prueba, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar el laudo, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, visible a foja 31, del Semanario Judicial y su Gaceta, Octava Época, del rubro siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO." Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por - con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, relacionado con el numeral 172, fracción XI, todos de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir el ubicado en calle -.

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