Alejandro Arenas Hernández
Expediente 1490/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Arenas Hernández
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE FUE CONFIRMADA POR LA SUPERIORIDAD DE AMPARO EL CINCO DE AGOSTO PASADO, FECHA EN QUE CAUSÓ EJECUTORIA POR MINISTERIO DE LEY, POR LO QUE EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE REQUIRIÓ AL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL PARA QUE DIERA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE MARRAS; ASÍ LAS COSAS, EL TREINTA DE SEPTIEMBRE INFORMÓ LAS GESTIONES REALIZADAS A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO CONSTITUCIONAL, SIN QUE A LA FECHA HAYA INFORMADO SOBRE EL CABAL CUMPLIMIENTO. REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA A LA RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL DE TRES DÍAS REMITA LAS CONSTANCIAS CON LAS QUE ACREDITE HABER ACATADO TODOS LOS PUNTOS PRESCRITOS EN LA SENTENCIA, DÍGASELE QUE SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 11 DE OCTUBRE DE 2016, QUE REZA; Se provee contenido de constancia de notificación. Vista la constancia de notificación de seis de los actuales, de la que se desprende que el directo quejoso Alejandro Arenas Hernández, ratifica la demanda de amparo presentada a su favor por Agustina Hernández Pérez, únicamente para que se investiguen los actos de violencia de los que refiere fue objeto por parte de los elementos de la policía ministerial, no así por la incomunicación; se acuerda: Debido a que en proveído de seis del presente mes y año, se requirió al directo quejoso para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor, contra los actos reclamados que se hicieron consistir en la ilegal privación de la libertad, incomunicación y malos tratos, apercibido que de no hacerlo ésta se tendría por no presentada; empero, toda vez que el impetrante ratificó la demanda de amparo únicamente para que se investiguen los actos de violencia de los que refirió fue objeto, lo cual no fue materia de la litis constitucional en el libelo de amparo, se concluye que la parte quejosa no ratificó la demanda promovida a su favor, respecto de los actos reclamados en la misma; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. No obstante lo anterior, por lo que respecta a su solicitud de que se investiguen los actos de violencia de los que refiere fue objeto; dígasele que tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad correspondiente. A mayor abundamiento, conviene acotar que de admitirse su escrito de amparo, para que se investiguen los actos de violencia de los que aduce fue objeto, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; (.). "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y..." Conforme al artículo 61 fracción XXIII, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley en la materia; en tanto que el artículo 77, fracción I, dispone que los efectos de la concesión del juicio de amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, será restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, como de la constancia de notificación levantada el seis de octubre de dos mil dieciséis, se advierte que el impetrante ratifica la demanda de amparo promovida a su favor, únicamente para que se investiguen los actos de violencia de los que aduce fue objeto por parte de los elementos de la policía ministerial, de lo que se colige que a través del presente juicio constitucional, pretende obtener una reivindicación penal; este órgano jurisdiccional determina que ello evidencia su improcedencia, toda vez que los efectos de una sentencia amparadora no implican sancionar penalmente a las autoridades responsables y de este modo resarcir el daño que el quejoso esgrime le fue generado con su actuación, de ahí que no sea factible a través de este juicio constitucional restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; máxime si se tiene en cuenta que la investigación de los delitos corresponde a la institución del Ministerio Público, así como que el impetrante tiene expedita la facultad de presentar la denuncia respectiva, a fin de que se investiguen los actos efectuados en su detención y sea a través de la vía penal en donde se investigue y determine la existencia de un ilícito, así como de ser el caso, se ordene la reivindicación penal que insta el impetrante ante esta instancia constitucional. III. Vista al Ministerio Público de la adscripción. Toda vez que el impetrante refiere haber sido golpeado y maltratado por elementos de la policía ministerial de la localidad, con motivo de su detención; con la obligación que impone a este resolutor el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (que establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato), así como la plena observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, específicamente el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como los numerales 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se ordena dar vista con copia certificada íntegra de las constancias que integran el presente juicio de amparo a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal para que, a su vez, dé vista a las autoridades investigadoras correspondientes en el ámbito de su competencia sobre posibles actos de tortura en agravio del solicitante del amparo Alejandro Arenas Hernández; debiendo remitir constancia de esa circunstancia a este órgano de control constitucional, para el único efecto de verificar el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional antes aludida. Encuentra aplicación la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página 1048, Libro VI, Marzo de 2012, número de registro 2000303, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011 establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." IV. Informe de suspensión de plano. Agréguense los oficios signados por el coordinador regional "A" de la Policía Ministerial y el subjefe encargado de la célula del grupo especializado en mandamientos judiciales de la Agencia de Investigación Criminal, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden informes respecto a la suspensión de plano decretada por este órgano de control constitucional en proveído de seis del presente mes y año, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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