Alejandro Ardines Domínguez

Expediente 494/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
494/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Ardines Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de veintidós de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya recurrido; en tales condiciones, se declara firme el auto en cita. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. Notifíquese. EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO LA (EL) SUSCRITA (O) ACTUARIA (O), HAGO CONSTAR QUE LA ANTERIOR DETERMINACIÓN FUE NOTIFICADA POR LISTA. DOY FE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de junio de dos mil veintiuno. ********** DESECHAMIENTO************ Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; en tal virtud, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de junio de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 494/2021-II. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo, se aprecia que el promovente reclama en esta vía constitucional, lo siguiente: ".....". Ahora bien, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo1, este último interpretado a contrario sensu. De los artículos en cita se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. De igual manera, como un criterio complementario, el Máximo Tribunal del País ha determinado que el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones procesales cometidas durante la tramitación de un juicio, cuando produzcan un grado extraordinario de afectación, lo cual permite que sean impugnables de inmediato, sin necesidad de aguardar el dictado de la sentencia definitiva. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el quejoso verá limitada el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. En ese tenor, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Sin embargo, por similitud jurídica procesal, dicha disposición legal es también aplicable al caso concreto, pues el acto que reclama la parte quejosa es referente a la omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de junio del año actual; por ende, en lo sustancial, no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos. Luego, atendiendo a los numerales 838 y 772 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales dicen lo siguiente: ".....". En ese orden de ideas, se obtiene que en relación a la obligación de la Junta responsable, de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, el plazo puede exceder de cuarenta y cinco días; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes aludido para que la autoridad atienda la petición elevada ante ella. Por lo que si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; y que de la misma demanda se advierte que el quejoso menciona que su escrito fue presentado con fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, viene inconcuso que no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, para que se considere que existe una dilación excesiva. Puesto que, de la fecha en que el ocurso en cita fue presentado, y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo han transcurrido tres días naturales. Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en el plazo que establece el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágasele del conocimiento que quedan a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurre la autoridad son de tracto sucesivo. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; en tal virtud, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y por autorizadas en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, sin que sea necesario realizar la búsqueda de sus cédulas en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese personalmente.

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