Alejandro Araujo Leal
Expediente 1093/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- Alejandro Araujo Leal
Actuaciones
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 5876/2022, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con firma vigente, no revocada y válida, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual transcribe el proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, en el que acepta la competencia declinada a su favor por este Juzgado de Distrito, admitiendo a trámite la demanda de garantías relativa al presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 5399/2022 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual informa que radicó la demanda de amparo directo promovida por Alejandro Araujo Leal, misma que quedó registrada bajo el número 602/2022; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda y estése a la espera del pronunciamiento respecto a su admisión por parte de la superioridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda firmado por Alejandro Araujo Leal, mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto en contra del acto que atribuye al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, Tamaulipas. Regístrese bajo el número 1093/2022-IX, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de cuenta, este órgano de control constitucional advierte que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: ". ACTO RECLAMADO. Reclamo de la Autoridad señalada el violentar en mí contra lo mencionado en los Artículos 1, 16 y 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente me están negando el derecho a la Justicia, pronta, expedida e imparcial, así como mismo considero me violentan mi derecho de una adecuada defensa (sic). Por su parte, en los antecedentes al acto reclamado la parte agraviada, bajo protesta de decir verdad, expone lo siguiente: "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. I.- Como consta en autos del expediente número 18/2019, fui demandado el suscrito y otra persona por el C. HÉCTOR FERNANDO ZAMORA LÓPEZ, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de BANCO VE POR MAS S. A. INSTITUTO DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, y continuado con el mismo carácter por el LICENCIADO ADALBERTO GUEVARA MONTEMAYOR, la cual se radicó en la Vía Ejecutiva Mercantil, por la cantidad de $296,412.42 pesos 00/100 M.N. (Doscientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos 42/100 M.N.) el pago de los intereses Ordinarios Vencidos sobre saldos insolutos del TIIE, 14.07 % Anual; así como los intereses moratorios sobre el capital vencido y su impuesto al valor agregados, a una tasa de interés que será igual al resultado de sumar, 20 (VEINTE PUNTOS PORCENTUALES) adicionales a la tasa de interés ordinaria, el pago de los gastos y costas que origine el juicio. Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en la Ciudad de San Fernando, Tamaulipas. II.-Emplazado que fui a juicio di contestación a la demanda, y haciendo ver que la misma carece de derecho y acción la parte actora para reclamar el pago de la cantidad de $315,000.00 (TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, del importe de UN título de crédito de los denominados PAGARÉ que exhiben como documento base de la acción, con un intereses ordinarios del 14.07 % ANUAL, el cual claramente se aprecia no fue llenado como legalmente corresponde, de igual manera no se pactó los intereses moratorios de un 20%, a la TASA ORDINARIA, aunque posteriormente se me reclamara la cantidad de $296,412.42 Pesos 00/100 M. N., (Doscientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos 42/100 M. N.) el pago de los intereses Ordinarios Vencidos sobre saldos insolutos del TIIE, 14.07 Anual; así como los intereses moratorios sobre el capital vencido y su impuesto al valor agregados, a una tasa de interés que será igual al resultado de sumar, 20 (VEINTE PUNTOS PORCENTUALES) adicionales a la tasa de interés ordinaria, de igual manera me permitió señalarle al C. JUEZ que al suscrito se me está demandado en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, más no por lo que manifiestan DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CONTATRO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, celebrado en fecha 2 de enero de 2017, y refiriendo que el presente pagaré a un no se encuentra vencido en virtud de que se me dio cinco años para poder pagar el CREDITO SOLICITADO, fui obligado a firmar el pagaré para poder obtener el crédito, como lo señalo con antelación, como se aprecia en el título de crédito denominado PAGARÉ jamás se puso la cantidad completa con letra negrilla como se aprecia en el Título de Crédito siendo la cuestión que no fue llenado correctamente el título de crédito en la TASA FIJA ORDINARIA, simplemente se encontraba una línea en blanco hasta el día que se me notificó violentándose totalmente el ARTÍCULO 301 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO por el hoy actor y aun así le dio trámite a una demanda mercantil en mi contra con la finalidad de darle circulación y causarme un perjuicio y violentando mis garantías Constitucionales que me consagra Nuestra Carta Magna en los Artículos 14 y 16. III.- Por tal razón es que, manifestado esta que es parcialmente cierto, ya que dicho crédito que señaló en la demanda inicial, lo fue para el objeto especificado en el mismo punto, y me permito señalar que se realizó la señalada operación al comprar el suscrito las 30 VAQUILLAS, pero el día diez de Junio de 2017, alrededor de las 10 de la mañana al llegar al RANCHO LA GLORIA MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, en compañía de mi pareja NORMA ALICIA LEAL LEAL nos percatamos de que el portón principal estaba abierto, y al introducirnos al RANCHO nos percatamos que en el corral estaban seis VACAS Encerradas e encalmadas, FALTANDOME 23 VACAS, 2 SEMENTALES Y 8 BECERROS, siendo un TOTAL DE 33 CAVEZAS DE GANADO BOBINO, LAS CUALES ME FUERON ROBADAS, presentando la QUERELLA CORRESPONDIENTE ante el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN ÚNICA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS; LIC. JOSÉ FERNANDO REYES FLORES, la cual me permitió agregar como anexo número (uno) en mi contestación de demanda misma que realice en tiempo y forma misma que solicité que fuera tomada en cuenta la documental Publica señalada con antelación en virtud de que en el CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, CLARAMENTE SE APRECIA QUE SEÑALAN QUE SI CONTABAN CON SEGURO Y QUE EL BIEN A ASEGURAR SERÍA EL GANADO OBJETO DESTINO DEL CRÉDITO, haciendo mención que cuando sucedieron los hechos se constituyeron en el RANCHO LA GLORIA el INGENIERO CESAR CANTU y una persona de nombre ALEXIS EJECUTIVO DEL BANCO VE POR MAS, para cerciorarse de que efectivamente me habían ROBADO MI GANADO, a lo cual me dijeron que ellos se harían cargo y que no me preocupara, que el SEGURO CUBRIRÍA lo sucedido a lo cual solicito se me haga efectivo el SEGURO POR EL ROBO DE MI GANADO Y QUEDE CANCELADA MI DEUDA CON EL BANCO VE POR MAS. Seguido el procedimiento por todos sus trámites el C. Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en San Fernando Tamaulipas, dictó SENTENCIA DEFINITIVA declarando procedente la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, Condenando al suscrito y a otra al pago de las prestaciones reclamadas, así como el resolutivo segundo donde se declara el vencimiento anticipado del CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, así como los demás puntos resolutivos mismos que constituyen el acto reclamado en este juicio de Garantías." (sic) De igual manera, en los conceptos de violación hace las siguientes manifestaciones: "1.- Me causa agravio la sentencia impugnada." 2.- Otro Agravio que me causa la sentencia recurrida." [.] ".lo procedente es se conceda a favor del suscrito la PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada, para el único efecto de que el C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, deje insubsistente la SENTENCIA DEFINITIVA reclamada y en su lugar Dicte otra en la que funde y Motive su proceder, siguiendo los lineamientos del fallo protector que se emita." (sic) De lo antes transcrito, el suscrito juzgador considera que carece de competencia para conocer de la demanda de garantías, conforme a lo que se expondrá a continuación. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control; ." Mientras que en sus numerales 34, 47 y 176, dispone la referida ley de la materia: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. ." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas y jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la juez o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Ahora bien, de los dispositivos transcritos con antelación, se advierte que en los mismos se establece que tratándose de resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares, procede el amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Luego entonces, si para el caso concreto, el quejoso insta a esta instancia constitucional con motivo de la sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil 18/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en San Fernando, Tamaulipas, en contra de la cual no procede recurso alguno por la cuantía a que se contrae el mismo -$296,412.42 (doscientos noventa y seis mil cuatrocientos doce pesos 42/100 moneda nacional)-, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1339 del Código de Comercio, resulta evidente que la misma pone fin al juicio. El numeral 1339 de la legislación en comento establece lo siguiente: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. ." De ahí que sea dable concluir que el fallo generador de la causa de pedir decide el juicio en lo principal y, respecto de la cual, la ley no concede ningún recurso ordinario por virtud del cual, pueda ser modificada o revocada, dicho acto es de los contemplados por el artículo 170 de la Ley de Amparo, por lo que, únicamente puede reclamarse en el amparo directo, cuya competencia no corresponde a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, este Juzgado de Distrito se abstiene de conocer el presente juicio de garantías, y se ordena remitir el expediente en que se actúa, así como las copias de la demanda exhibidas por la parte quejosa (cuatro), al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, para que tenga a bien pronunciarse al respecto, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 34, segundo párrafo, 47 y 170 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así, toda vez que la equivocación en la vía no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I. 1°.A.J/15, Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del Tomo IX, Marzo de 1992, Octava Época, visible en la página 87, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE TRIBUNALES COLEGIADOS EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, de igual forma autoriza para que cualquier notificación se realice a través del correo electrónico licescobedo82@gmail.com; además, señala como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado José Moncerrath Escobedo Peña, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace a la designación de Lina Florisel González Dávila, únicamente se le faculta únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto demuestre ante este tribunal contar con cédula profesional que la acredite como licenciada en derecho. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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