Alejandro Antonio Pérez Montes de Oca

Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
730/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Antonio Pérez Montes de Oca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia del diecinueve de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia en la que se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Antonio Pérez Montes de Oca, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido. Se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Antonio Pérez Montes de Oca, por los actos precisado en el considerando segundo, por lo motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando séptimo, de esta resolución.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, se le tiene señalando autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica; de igual forma, se le tiene indicando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte se tiene a la oficiante, exhibiendo copia certificada de diversa constancias deducidas del expediente del procedimiento administrativo migratorio del extranjero aquí quejoso, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, a la autoridad responsable Titular Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de que rindiera su informe justificado, el cual les fue notificado el veinticinco de mayo siguiente, sin que a la fecha se haya recibido su informe, además, de que no obra en autos constancia alguna de los antecedentes al acto reclamado. Por tal motivo, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las referidas autoridades para que, dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias que integra el expediente administrativo EA/IS.9/BC/JUR/EM/MXL/2850/PRESENTADOS/18-05-2022 de su índice, mismas que se consideran necesarias para resolver el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Apercibidas que de no hacerlo así dentro de dicho término, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Diferimiento- Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós, para su desahogo. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese.

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