Alejandro Antonio Parra Ramos
Expediente 648/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala
- Alejandro Antonio Parra Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 20 del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de seis de marzo de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como del oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del citado Consejo, dictó sentencia en el cuaderno auxiliar 128/2020 de su índice, relativo al amparo directo 648/2019 del índice de este tribunal colegiado, en la que concedió a Alejandro Antonio Parra Ramos, la protección constitucional para el efecto siguiente: "(.) el juez federal responsable deberá: 1. Dejar insubsistente la sentencia definitiva reclamada. 2. Emitir otra, en la que, de oficio, examine la caducidad de la instancia conforme a los argumentos del quejoso en este amparo directo, y con libertad de jurisdicción determine lo que conforme a derecho proceda (.)" (foja 89 vuelta). En las consideraciones que rigen la citada concesión de amparo se estableció: "(.) En ese tenor, en el concepto de violación quinto, el quejoso refiere que el juez de la causa inadvirtió que se actualizó la caducidad de la instancia. Agrega, que aun cuando en primera instancia no hubo pronunciamiento de oficio en cuanto a dicha figura jurídica, la invoca en el presente amparo directo, ya que por la cuantía del negocio es improcedente el recurso de apelación. (.) Sostiene, que de los autos se advierte que el juicio se radicó el veintidós de julio de dos mil dieciséis, y se notificó el veinticinco siguiente, sin que existiera promoción, hasta el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en la que el actor solicitó se fijara fecha para el emplazamiento, así como la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia correspondiente, efectuándose el llamamiento al juicio el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Concluye, que el procedimiento quedó suspendido desde el veinticinco de julio de dos mil dieciséis hasta el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, pues, refiere, la promoción del trece de diciembre de dos mil dieciséis, no interrumpió la caducidad. (.) Son esencialmente fundados los conceptos de violación. Acorde al artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de la instancia opera por el simple transcurso del tiempo; sin embargo, es requisito ineludible que surja a la vida jurídica, conforme a una de las dos hipótesis siguientes: a) Que lo advierta de oficio el juez y se pronuncie al respecto o, en su caso, el tribunal de alzada. b) Que haya sido hecho valer por alguna de las partes durante el procedimiento o como agravio en la apelación. En el caso, la consulta de los autos del juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el acto reclamado, pone de manifiesto que el juez federal responsable inadvirtió que probablemente se actualizaba la caducidad de la instancia en el proceso correspondiente, dado que como lo expresa el quejoso el veintidós de julio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda y se dispuso la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento del reo (folio 7 del expediente mercantil); proveído que fue notificado por lista el veinticinco siguiente (folio 9 ibídem); luego, la diligencia trifásica apuntada se practicó hasta el veintiséis de enero de dos mil diecisiete (folio 13 ibídem). En virtud de lo anterior, posiblemente se habría consumado la caducidad de la instancia en el juicio de origen, en términos del artículo 1076 del Código de Comercio, dada la temporalidad transcurrida desde que surtió efectos la notificación del auto de exequendo (26 de julio de 2016), hasta la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento respectiva (26 de enero de 2017); sin embargo, el juez del proceso omitió pronunciarse de manera oficiosa al respecto. Consecuentemente, si tal pronunciamiento (caducidad) puede ser objeto de discusión y prueba, la resolución declarativa debió emitirse en el mismo procedimiento conforme al principio de la continencia de la causa, esto es, por el juez de distrito responsable. Ahora bien, al no existir un pronunciamiento en ese sentido, este órgano colegiado no puede sustituirse en el estudio correspondiente, porque de determinar que se actualiza la figura de la caducidad de la instancia, el efecto sería que la responsable hiciera el pronunciamiento correspondiente en la causa al respecto, lo que provocaría indefensión a la contraria (tercera interesada) al impedírsele contradecir lo conducente. (.) En vista de lo anterior, asiste razón a la quejosa en cuanto a que la responsable omitió pronunciarse de oficio respecto de la de caducidad de la instancia, en los términos apuntados. Consecuentemente, y como quedó establecido previamente, en el caso de la caducidad de la instancia debe ser objeto de discusión, prueba y determinación por el juez de la causa, pues lo contrario, de pronunciarse este órgano colegiado y suponiendo que tal caducidad resultare procedente, se dejaría en estado de indefensión a la contraparte de la quejosa (tercera interesada), al impedírsele contradecir lo conducente, pues no se pierde de vista que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal las decisiones que emita este órgano de control constitucional no admiten recurso alguno, salvo las excepciones previstas en la propia ley fundamental, que en el caso no pudieran actualizarse dado que el planteamiento corresponde a un aspecto de legalidad (artículo 1076 del Código de Comercio). En tal orden ideas, la actuación de la responsable al omitir pronunciarse de oficio respecto de la caducidad de la instancia, infringió las garantías de legalidad y de seguridad jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; de ahí que en términos del ordinal 103, fracción I de dicha Carta Magna, así como el 1, fracción I, de la Ley de Amparo, proceda otorgar la protección constitucional para los efectos que enseguida se mencionan (.)" (fojas 87 a 89 vuelta). Este órgano colegiado, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, tuvo por recibido el oficio 979/2020 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remitió el amparo directo 648/2019 con la sentencia dictada en el mismo, el juicio ejecutivo mercantil 84/2016, así como un sobre que contiene un pagaré por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos); y, con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 107). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 113 a 116 y de la 121 a la 138); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 139) sin que hicieran manifestaciones al respecto (foja 145). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la sentencia reclamada de doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 113 a 115). 2. El dos de octubre siguiente dictó una nueva resolución en la cual: I. Conforme a los argumentos expuestos por el quejoso en el amparo directo quien refirió que el procedimiento quedó suspendido desde el veinticinco de julio de dos mil dieciséis hasta el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, pues la promoción presentada el trece de diciembre de dos mil dieciséis no interrumpió la caducidad, la responsable de oficio analizó la figura de caducidad de la instancia en los términos siguientes: a) Conforme a lo previsto en la Jurisprudencia 1a./J. 153/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ NO LA HAYA DECLARADO DE OFICIO NI LA PARTE INTERESADA LO HUBIERE SOLICITADO", se desprende que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1076 del Código de Comercio, transcurridos ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada sin que hubiere promoción de las partes dando impulso al procedimiento para su trámite solicitando la continuación para su conclusión, la caducidad de la instancia debe tenerse por existente aunque no haya declaración judicial sobre el particular, pues al señalar que ésta "operará de pleno derecho", el legislador previó su actualización automática por el solo transcurso del tiempo, es decir, por ministerio de ley, y su efecto es que todas las actuaciones posteriores serán nulas, ya que ni siquiera el consentimiento de las partes puede revalidar la instancia, por tanto, con ello se protege el interés del Estado de que no existan juicios pendientes de resolver; así, la citación para oír sentencia o su dictado son actos que no extinguen la posibilidad de declarar la caducidad de la instancia, en la medida en que, si ésta ya operó dentro del lapso previsto en la ley, es evidente que no existe impedimento para que se declare con posterioridad, siempre y cuando no exista sentencia firme (foja 123). b) Se toma en consideración que la jurisprudencia 1a./J. 72/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN" señala lo siguiente: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de la instancia opera de pleno derecho cuando haya transcurrido el plazo de ciento veinte días contados a partir del siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada sin que medie promoción de cualquiera de las partes "dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación del mismo". La ratio legis de dicho precepto es evitar que los juicios sean perpetuos, y dicha caducidad es una sanción establecida por el legislador por falta de impulso de las partes para la resolución del juicio mediante una sentencia definitiva. Las promociones para interrumpir la caducidad deben de ser aptas y acordes para impulsar el procedimiento, por tanto, tales promociones deben estar íntimamente relacionadas con el juicio, ya sea para cumplir un presupuesto procesal o para preservar el objeto del mismo. Por lo que las promociones en las que se solicita que se inicie una etapa procesal o se realice un acto procesal, cuando aquella ya concluyó o éste ya se realizó, no son oportunas ni coherentes con la secuela procesal, porque de acuerdo al principio de preclusión que rige en los procedimientos civiles y mercantiles, no puede reiniciarse o volver a una etapa procesal que ya quedó cerrada, por lo que esa clase de promociones no interrumpen el plazo para que opere la caducidad de la instancia, pues no demuestran el interés de las partes por continuar con el procedimiento hasta su resolución, sino por el contrario, lo retrasan. Máxime que la caducidad de la instancia es independiente de la naturaleza de cada juicio, por lo que si el citado artículo 1076 señala las reglas generales para todos los procedimientos que se ventilan en materia mercantil, es evidente que si el legislador no estableció dentro del mencionado código una regla especial para determinar el tipo de promociones que interrumpen el plazo de la caducidad, en el caso, debe aplicarse la regla general (foja 124). c) De los antecedentes que se desprenden de autos, se advierte, en esencia, la certificación de dos de octubre de dos mil veinte que efectuó la Secretara Judicial del juzgado responsable en la que hizo constar que: El proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis fue notificado al actor el veinticinco siguiente. Del veintisiete de julio de dos mil dieciséis hasta el doce de diciembre del mismo año, ya que el actor el trece de diciembre de la mencionada anualidad solicitó se fijara fecha y hora para el emplazamiento, así como la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia correspondiente, señalando expresamente que con dicha promoción manifestaba su intención de que existiera la certeza plena en actuaciones para la prosecución procesal, transcurrieron noventa y cinco días hábiles (foja 124 vuelta). d) Por lo anterior, la responsable precisó que resultaba evidente que en dicho periodo (del veintisiete de julio de dos mil dieciséis al doce de diciembre del mismo año) no transcurrió el plazo de ciento veinte días a que se refiere el inciso a) del artículo 1076 del Código de Comercio porque razonablemente, la promoción presentada por el actor el trece de diciembre de dos mil dieciséis, dio impulso al procedimiento para su trámite, puesto que fue apta y acorde para impulsar la prosecución del juicio, ya que solicitó se fijara fecha y hora para impulsar el emplazamiento, así como la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia correspondiente, señalando expresamente que con dicha promoción manifestaba su intención de que existiera la certeza plena en actuaciones para la prosecución de la etapa procesal, por tanto, determinó que tal promoción estaba íntimamente relacionada con el juicio para cumplir con un presupuesto procesal con el juicio hasta concluirlo (foja 125 frente). e) En consecuencia, concluyó que en la especie no operaba la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil (foja 125). f) Arribada a la anterior conclusión, la responsable determinó que resultaban inaplicables las jurisprudencias que invocó el quejoso en su demanda de amparo, de rubros siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. NO PUEDE QUEDAR SIN EFECTOS POR PROMOCIÓN ALGUNA O ACTUACIÓN POSTERIOR AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE NO SE HAYA DICTADO PROVEÍDO PARA DECRETARLA". "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA CONSTANCIA LEVANTADA POR EL NOTIFICADOR DEL JUZGADO REFERENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR AL DEMANDADO NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE AQUÉLLA". "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO". Lo anterior, porque por lo que hace a la primera y la tercera, no había transcurrido el término de ciento veinte días hábiles en el periodo comprendido del veintisiete de julio de dos mil diecisiete hasta el doce de diciembre de dos mil dieciséis, ya que sólo transcurrieron noventa y cinco días hábiles; y, respecto a la segunda, no era aplicable en virtud de que la causa por la cual no operó la caducidad fue porque la promoción presentada por el actor el trece de diciembre de dos mil dieciséis, fue apta y suficiente para interrumpir la caducidad de la instancia en el juicio, al impulsar el procedimiento. II. Hecho lo anterior, analizó las excepciones que hizo valer el demandado, de las cuales tres resultaron infundadas y una (usura) fundada (fojas 130 vuelta a 136 vuelta); asimismo, tuvo por acreditada la procedencia de la acción y condenó a la parte demandada al pago de la suerte principal, intereses moratorios, así como gastos y costas, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se procedería a embargar bienes de su propiedad para garantizar su pago (fojas 136 vuelta y 137 frente. De lo anterior se concluye, que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente al quejoso y por lista al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de seis del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/mmz
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta por el que atendiendo al diverso 5255/2020 del índice de este tribunal colegiado, informa que a través del oficio 14393, se envió copia certificada de la resolución emitida en los autos del juicio mercantil 84/2016, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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