Alejandro Antonio Barranco León

Expediente 2511/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2511/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Antonio Barranco León
  • Diligenciario Impar Adscrito Al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que el presente juicio constitucional se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó negar el amparo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de siete de febrero del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de siete de febrero de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos ". Por otro lado, respecto del acto reclamado a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla, lo conducente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que: La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla, deje insubsistente el acuerdo dictado el treinta y uno de agosto del dos mil quince en el expediente SSPYTM/CSPCPH/095/2015, relativo al inicio de procedimiento derivado de la no aprobación de las evaluaciones de control y confianza practicadas al impetrante. Enseguida, en caso de que lo considere procedente, con plenitud de facultades, emita otra determinación en la que de manera fundada y motivada, se le den a conocer y se precisen los hechos o conductas que se atribuyan al quejoso y, en su caso, al momento de la notificación se le deberá correr traslado con todos los exámenes que le fueron practicados, a fin de que esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses, sin que baste que se limite a informar que el servidor público resultó no aprobado en el proceso de evaluación. En el entendido que la presente concesión del amparo se hace extensiva respecto de los actos derivados del acuerdo de inicio del procedimiento, es decir todos aquellos que se hayan emitido con posterioridad a ese acto procesal, a fin de lograr una restitución total de los derechos que indebidamente le fueron transgredidos al justiciable, pues es claro que la conclusión alcanzada provoca un efecto anulatorio respecto de los actos relacionados y subsecuentes. Inconforme con tal determinación, la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, interpuso recurso de revisión, el que por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito quien, mediante testimonio de ejecutoria pronunciada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del Amparo en Revisión 207/2017, resolvió ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo número 2038/2016 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.". (fojas 267 a 283). Mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, este juzgado federal, requirió el cumplimiento de ejecutoria a las autoridades señaladas como responsables (fojas 284 a 288). Al respecto, mediante oficio recibido en este juzgado federal el seis de febrero del año en curso, la Secretaria Técnica de la Dirección General Jurídica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dentro del expediente SSPYTM/CSPCPHJ/095/2015, de la que se desprende que dejó sin efecto alguno el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince, así como todo lo actuado con posterioridad dentro de dicho expediente; asimismo, dentro del citado sumario por unanimidad, se resolvió la improcedencia de inicio del procedimiento instruido contra el quejoso RICARDO SÁNCHEZ VARELA, por no haber aprobado la Evaluación de Control de Confianza (fojas 300 a 307). Asimismo, remitió copia certificada de la notificación hecha al impetrante el uno de febrero del año en curso (fojas 308). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que por una parte, se sobreseyó y por otra parte, se amparó. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió y negó la medida cautelar solicitada, en formas provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las nueve horas con veinte minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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