Alejandro Antonio Aguilar Sánchez
Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Antonio Aguilar Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de notificación de veintidós de septiembre del año en curso, practicada por la actuaria de este juzgado, en la cual el quejoso Alejandro Antonio Aguilar Sánchez, solicitó una entrevista con su defensor, ya que en ningún momento le hizo saber el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que no tuvo oportunidad de recurrirla, lo cual le causa agravios; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento del defensor del quejoso para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL DEFENSOR DEL QUEJOSO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de notificación de veintidós de septiembre del año en curso, practicada por la actuaria de este juzgado, en la cual el quejoso Alejandro Antonio Aguilar Sánchez, solicitó una entrevista con su defensor, ya que en ningún momento le hizo saber el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que no tuvo oportunidad de recurrirla, lo cual le causa agravios; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento del defensor del quejoso para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL DEFENSOR DEL QUEJOSO.( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las dieciséis horas con cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 283/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo, (ii) el auto de veintitrés de marzo del año en curso, donde se admite a trámite el escrito inicial y (iii) informe justificado rendido por la encargada de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en la Ciudad de México, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social (denominación correcta de dicha autoridad).Por otra parte, certifico que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el Director, el Subdirector y Subdirección de Seguridad, todos de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, no rindieron su informe justificado, no obstante de haber sido notificados de dicha petición. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede.Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno, por lo que se cierra este período para pasar al de alegatos.Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito a este Tribunal formuló sus alegatos y el resto de las partes no ejerció su derecho de alegar, por lo que se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 283/2021 promovido por Alejandro Antonio Aguilar Sánchez, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán.I. ANTECEDENTES En consideración del quejoso Alejandro Antonio Aguilar Sánchez las autoridades señaladas como responsables realizaron el indebido traslado de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca. El disidente sostiene que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Alejandro Antonio Aguilar Sánchez promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el pasado tres de marzo del año en curso, en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 283/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIAEste Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme señaló como autoridades responsables ordenadoras al Comisionado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Subsecretaría del Sistema Penitenciario de quienes reclama la orden indebida de su traslado de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla con sede en la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, y su ejecución material por parte del Director, el Subdirector y Subdirección de Seguridad, todos de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS La encargada de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en la Ciudad de México, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social (denominación correcta de dicha autoridad), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Además para acreditar su dicho, remitió copia certificada del acuerdo dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve en la causa penal 20/2015 del índice del Juzgado Décimo Noveno de lo Penal en la Ciudad de México, donde califica de legal el traslado reclamado por el disidente del amparo, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo.Ahora de dichas constancias se advierte que la parte quejosa, reclama la orden de traslado de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlan, Oaxaca.Ahora, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el Director, el Subdirector y Subdirección de Seguridad, todos de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, no rindieron su informe justificado, no obstante de haber sido notificados de dicha petición; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que de su autoridad reclama el impetrante del amparo.VI. PROCEDENCIA. Ahora, previo al estudio de fondo de este asunto, se procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea, que la invoquen las partes, o bien, se advierta por esta juzgadora, toda vez, que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo se analiza la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.Es aplicable al caso la jurisprudencia 940 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte, Salas y Tesis, página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías".En el caso, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ello en virtud de que el quejoso no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer contra la orden de traslado reclamada, el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.Lo anterior es así, pues la legislación de la materia, esencialmente obliga al amparista a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo.Como se adelantó, el quejoso se duele del traslado que se realizó el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de la Penitenciaría Central de Santa Martha Acatitla con sede en la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca.Ahora bien, al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes:Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. De los traslados contemplados en el último inciso, se encuentran los voluntarios, previstos en el artículo 50, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y son aquéllos que se inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución y este, llevará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, son los previstos en el artículo 51, de la Ley Nacional Especial, deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, en este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado.Los traslados urgentes o excepcionales, surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado la transferencia, autoridad que calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.De lo anterior, se colige que dichos mandatos de traslado siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, caso en que las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se considera que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el asunto que nos ocupa.Cuando la autorización judicial es posterior, surgen dos vertientes, a saber: un análisis oficioso y otro, a petición de parte:Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado, forma parte de las condiciones de internamiento, por ser medios necesarios para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31, que disponen: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas"."Artículo 31. Clasificación de áreas La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad (.)".En ese contexto, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, empero cabe precisar que su artículo 1o., dispone:"Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)". Es decir, tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento, sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, en vigor y que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, además establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual forma, se establece de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición.Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el Director del Centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona que haya solicitado la petición administrativa, aquél podrá formular controversia dentro del término de diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición.De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de ser impugnarse a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, los traslados de un centro penitenciario sea ordenado por autoridades administrativas o por la autoridad Judicial, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en esta vía biinstancial, toda vez que la parte quejosa debió agotar previamente el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad, y contra la determinación de tal autoridad procede el recurso de apelación. Cobra aplicación la jurisprudencia y tesis pronunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en las páginas 230 y 2645, del Libro 61 Tomo I y Libro 62 Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editados en diciembre de 2018 y enero de 2019, registros 2018548 y 2018918, de contenido: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad"."SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo". Lo expuesto, no se opone a diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al pronunciarse se hizo sometiendo a examen los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21, de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial.En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado o alguna condición de internamiento, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial y si tal examen resulta una resolución desfavorable al interno, podrá recurrirla a través del recurso de apelación; como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley, se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio.Por todo lo anterior, si en el caso en estudio el quejoso fue trasladado de forma urgente o excepcional, puesto que se emitió la orden y se ejecutó el traslado sin la autorización previa del Juez; sin embargo, de las constancias que obran en autos, se aprecia que dentro del término que se establece en el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se notificó al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado la transferencia, quien calificó de legal la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores, ello se observa de copia certificada del proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 20/2015, por la juez Décimo Noveno de lo Penal de la Ciudad de México, mediante el cual calificó de legal el traslado.Contra esta decisión judicial, resultaba procedente el recurso de apelación, de ahí que, como se dijo previo a promover el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el recurso ordinario o medio de defensa que tenía a su favor.En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia que se establece en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, misma que fuera invocada al inicio de este apartado, se impone sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aún de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada es la que debe prevalecer, y lo segundo porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos.No obsta a lo anterior, la circunstancia de que se encuentre pendiente que el juzgado Décimo Noveno de lo Penal de la Ciudad de México, remita copia certificada de la notificación realizada al quejoso del acuerdo dictado el dieciocho el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 20/2015 en el que califica de legal su traslado; ello en razón que como quedó establecido en párrafo anteriores al existir la calificativa de legalidad, el quejoso debe optar por agotar el recurso de apelación respectivo.Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice:"SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece:"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE:ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Antonio Aguilar Sánchez, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.
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