Alejandro Alvarado Salgado

Expediente 1271/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1271/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Alvarado Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obra la constancia de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.)1, que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1271/2021, promovido por Alejandro Alvarado Salgado, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno, ante los buzones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Alejandro Alvarado Salgado solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Actuario adscrito a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Acto reclamado: "LA INCONSTITUCIONAL E INCONVENCIONAL DILACIÓN PROCESAL, en la que incurren las Responsables, violentando con su arbitrario actuar el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, y por tanto EL DERECHO HUMANO DEL SUSCRITO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, previsto en los dispositivos legales 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los ordinales 8.1 y 25.1 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Pacto de San José, en relación a [sic] los artículos 685, 750, 873 al 879 de la Legislación laboral, YA QUE POR UNA PARTE EL ACTUARIO ADSCRITO HA OMITIDO EMPLAZAR A JUICIO A LAS DEMANDADAS Y POR OTRO LADO, LA JUNTA RESPONSABLE EMITIÓ EL ACUERDO DE FECHA QUINCE DE ABRIL DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SEÑALA UNA FECHA LEJANA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES .". SEGUNDO. El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 1271/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de emplazar a las demandadas en el juicio laboral 01/209-20-III, del registro de la autoridad responsable. Sin que pueda tenerse como acto reclamado el señalamiento de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en atención a que ello corresponde a una etapa distinta dentro del mismo procedimiento laboral. Tal consideración se sustenta en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; criterio que a continuación se transcribe para pronta referencia: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Ahora es importante destacar que, dentro del procedimiento ordinario laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo, el emplazamiento de las partes y la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, corresponden a dos etapas distintas ya que esas actuaciones se llevan a cabo en momentos diferentes. En efecto, para llevar a cabo la aludida audiencia, es necesario que las partes intervinientes se encuentren debidamente emplazadas, pues de lo contrario, la autoridad laboral señalaría de oficio nuevo día y hora para la celebración de esa diligencia. Lo anterior se corrobora de la lectura al numeral 874 de la Ley Federal del Trabajo, que en su parte conducente establecen lo siguiente: "Artículo 874.- La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados (.)" En ese sentido, si se toma en consideración que la parte quejosa reclama del actuario adscrita a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, el estudio de este juzgador al resolver el presente asunto debe centrarse en la falta de emplazamiento y no en actuaciones subsecuentes que no podrán materializarse hasta en tanto se lleve a cabo la primera, pues es necesario que la fase en la que se encuentra el procedimiento de origen se concluya para así dar paso a la siguiente, y de acontecer una nueva violación procesal en esa etapa subsecuente, esta será impugnable a través de un nuevo juicio de amparo. TERCERO Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. No obstante, este juzgador estima que el acto reclamado es inexistente, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, precepto que a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. En efecto, de la revisión efectuada a las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que efectivamente, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la junta responsable emplazó a la demandada Eduardo Morales Flores y Eduardo Morales "N"; esto es, antes de la promoción de la demanda de amparo que originó este expediente -veinte de agosto de dos mil veintiuno-. Incluso, se aprecia que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Alejandro Alvarado Salgado, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debido a la inexistencia de la omisión que reclama el quejoso. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese en autos el escrito de cuenta, firmado por Francisco Javier Salgado Guzmán, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa. En atención a lo anterior, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, proporcione dos copias más de su escrito de expresión de agravios, toda vez que solo exhibió el original y once copias; las cuales son necesarias para distribuirse de la siguiente manera: a) Una para el presente expediente; b) Una para el cuaderno de antecedentes; c) Una para el Fiscal Federal adscrito a este juzgado; d) Una para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal Colegiado; y e) Nueve para las autoridades señaladas como responsables. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, se tendrá por no interpuesto el citado recurso conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del precepto legal en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal a las partes la resolución dictada en autos; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal dicha determinación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. En cumplimiento a lo anterior, hago constar que notifico las determinaciones de cinco de julio y veinticuatro de agosto, ambas del año en curso, a las terceras interesadas Rosa María Gómez Maldonado, María de la Luz Gómez Maldonado y Maribel Gómez Olivan, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial de la Federación, Delegación Morelos, dada la situación de pandemia que se vive actualmente. Lo Anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo: "Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal a las partes la resolución dictada en autos; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal dicha determinación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe." " R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Reyna María Gómez Maldonado, albacea testamentaria de la sucesión de bienes de María Maldonado y Lucas Gómez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Juez Sexto en Materia Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. Acto reclamado. ".la sentencia interlocutoria de fecha 15 de octubre del 2019, emitida en el toca civil 843/2019-6." SEGUNDO. El quince de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1516/2019, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia interlocutoria de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 843/2019-6. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio del asunto. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además de que ello no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para mejor comprensión del asunto se detallan algunos antecedentes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, María Félix Gómez Maldonado denunció la radicación y apertura de los juicios sucesorios testamentarios a bienes de Lucas Gómez Barrientos y María Maldonado Herrera. De dicho juicio, correspondió conocer al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer distrito Judicial del Estado, mismo que quedó radicado bajo el número de expediente 179/2018-3. Mediante interlocutoria de siete de agosto de dos mil diecinueve, la Juez natural declaró la validez de los testamentos públicos abiertos de Lucas Gómez Barrientos y María Maldonado Herrera, declaró como únicas herederas y legatarias a Tomasa y María Félix de apellidos Gómez Maldonado, y designó como albacea y ejecutora a Reyna María Gómez Maldonado. El catorce de agosto de dos mil diecinueve, Reyna María Gómez Maldonado, compareció al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para efectos de llevar a cabo la aceptación y protesta del cargo conferido de albacea y ejecutora. Inconforme con la interlocutoria referida, mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, Reyna María Gómez Maldonado, en su carácter de albacea testamentaria de la sucesión, interpuso recurso de apelación. Por auto de veintiuno de agosto siguiente, la Juez responsable desechó el aludido medio de defensa, al considerar que su presentación devenía extemporánea. En contra de dicha determinación, interpuso recurso de queja, mismo que fue radicado bajo el toca civil 843/19-6, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y mediante resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, la Sala responsable declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Resolución que constituye el acto reclamado. Procede el estudio de los motivos de disenso. La quejosa en su primer concepto de violación señala que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos de seguridad jurídica y legalidad, prevista en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por la incorrecta fundamentación y motivación, esto, al referir que el término para interponer el recurso de apelación en contra de la interlocutoria que resolvió la primer etapa del juicio sucesorio debió cumputársele a partir de la aceptación del cargo de albacea y no al momento de notificarle la misma. Sostiene que es a partir de la aceptación de dicha figura jurídica (albacea), que surgen a la vida jurídica diversas obligaciones y facultades inherentes al cargo orientadas a la defensa de los intereses de la sucesión. Además, refiere que a partir de que aceptó el cargo de albacea de la sucesión, contaría con legitimación de parte para recurrir las resoluciones emitidas dentro del juicio natural. Continuando con lo anterior, argumenta que la legitimación como albacea de la sucesión no puede surgir únicamente con la designación unilateral del testador o de los herederos, sino que además, ésta debe ser aceptada ante la autoridad jurisdiccional competente. Finalmente, sostiene que la Sala responsable realizó un indebido análisis de la jurisprudencia 1a./J. 74/2015 (10a.), registro digital 2010467, que establece: "ALBACEA. LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LOS DEBERES Y LAS RESPONSABILIDADES PROPIOS DEL CARGO, ASÍ COMO LA FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, ESTÁN CONDICIONADAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN EXPRESA DE QUIEN FUE DESIGNADO COMO TAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, MORELOS Y JALISCO). La designación del albacea tiene su fuente en la autonomía de la voluntad del testador, en la de los herederos o en una decisión judicial; sin embargo, de conformidad con los artículos 1592 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, 3037 del Código Civil del Estado de Jalisco y 786 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el albaceazgo constituye un cargo voluntario, es decir, que puede aceptarse o no, en tanto que nadie puede ser obligado a asumir y cumplir con los deberes y las responsabilidades que implica, simplemente por haber sido designado como tal, por causas ajenas a su voluntad. En ese tenor, la aceptación del cargo de albacea constituye un acto jurídico unilateral que da origen a deberes y derechos a cargo y en favor de quien se hace; de ahí que es a partir de la aceptación expresa en el cargo de quien ha sido designado como tal que queda obligado a cumplir con los deberes propios del cargo, y sólo entonces está facultado para conferir poderes, para que otras personas actúen bajo sus órdenes en lo que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el albaceazgo; sin que se establezcan fórmulas sacramentales para el discernimiento, ni se precise de una declaración judicial formal en ese sentido." Es esencialmente fundado el concepto de violación en estudio y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En ese contexto, conviene precisar que la Sala responsable confirmó la determinación emitida por la Juez responsable, en el sentido de que el término para impugnar la interlocutoria que resolvió la primera sección del juicio sucesorio, inició para Reyna María Gómez Maldonado, albacea testamentaria de la sucesión de bienes de María Maldonado y Lucas Gómez, a partir de que se le notificó dicha determinación y no a partir de la aceptación ante la autoridad judicial del cargo conferido. Ahora bien, contrario a lo expuesto por la Sala responsable, no es dable sostener que el inicio del cómputo para impugnar determinada resolución, pudiese iniciar con antelación a que el albacea de la sucesión acepte el cargo conferido. Al respecto, es menester citar los argumentos que sustentaron la contradicción de tesis 6/2014 que culminó en la jurisprudencia 1a./J. 74/2015 (10a.): Lo anterior lleva a concluir, que el albaceazgo hay que apreciarlo tomando en cuenta dos momentos claves para su constitución; esto es, la designación y la aceptación, y eso es así, ya que si bien es verdad que para la designación del albacea no se necesita su consentimiento por tratarse de un acto jurídico unilateral efectuado por el testador, por los herederos o, en su caso, por el Juez, también es cierto que el asumir obligaciones siempre precisa de la voluntad de quien las asume, y que no se puede obligar a una persona a que realice una función en contra de su voluntad. Entonces, la aceptación del cargo de albacea también constituye un acto jurídico unilateral que tiene, como consecuencias jurídicas, el nacimiento de deberes y derechos a su cargo y en su favor. Así, la persona que haya sido designada como albacea tendrá la libertad de decisión de aceptar el cargo o de no hacerlo, pero si decide hacerlo, quedará obligada a dar cumplimiento a las obligaciones que son inherentes al cargo. Con esa orientación, Gómez Ysabel refiere que: "... la simple designación que hace el testador no vincula, por consiguiente, al nombrado. Sólo cuando éste se hace cargo de la voluntad del causante y libremente acepta, nace para el albacea, la obligación de desempeñar el cargo del albaceazgo." De igual manera, el mismo autor sostiene que "... la responsabilidad del albacea se deriva de su aceptación del cargo y de su obligación consiguiente de desempeñarlo. Responsabilidad, en suma, derivada de su obligación de ejercicio, tanto si la incumple como si no la lleva a cabo debidamente." [.] En tal entendido, en los Estados de Jalisco, Nuevo León y Morelos, resulta indispensable que la aceptación del cargo de albacea se realice expresamente, ya sea que se trate de sucesión testamentaria o legítima. Ahora bien, por lo que hace al discernimiento del cargo, cabe apuntar que la doctrina entiende por discernimiento el nombramiento que hace el Juez a favor de una persona, por el cual, se le habilita para desempeñar algún cargo que lo faculte para intervenir en un proceso. Así, también se ha sostenido que existen diversas maneras en que se lleva a cabo el discernimiento. Se tiene el discernimiento judicial, que exige pronunciamiento expreso por parte de la autoridad judicial para que al albacea se le tenga por confirmado en su cargo y se encuentre en posibilidades de ejercerlo, y también existe el discernimiento por ministerio de ley, en el que no es necesaria la declaración formal o el cumplimiento de rituales jurídicos por la autoridad judicial para que el albacea se le tenga por confirmado del cargo y pueda iniciar sus funciones, pues basta únicamente la aceptación para que se le tenga por discernido e inicie sus funciones inmediatamente. Ahora bien, el discernimiento judicial únicamente será necesario cuando la ley lo exija de manera expresa, pues el Juez no puede atribuirse facultades que la ley no le concede; entonces, en concordancia con lo anterior, si la ley no exige el discernimiento expreso, el albacea no tiene por qué otorgarlo previamente al desempeño del cargo; por tanto, en este caso, aplica el discernimiento por ministerio de ley. Entonces, para poder determinar la manera en que habrá de efectuarse el discernimiento del cargo se debe atender a lo dispuesto en las distintas legislaciones estatales, ya que podría resultar que no en todos los casos resulte ser coincidente. En ese contexto, resultan ilustrativos los siguientes criterios que este Alto Tribunal ha emitido en ese sentido: Ahora bien, del análisis armónico y concatenado de legislaciones involucradas en esta contradicción de tesis, se desprende que para que el albacea entre en funciones, con todos los derechos y obligaciones inherentes a su cargo, sólo se precisa de su mera aceptación para desempeñarlo, sin que se establezcan fórmulas sacramentales para el discernimiento, ni se precise una declaración judicial formal en ese sentido. [.] No desvirtúa lo anterior, el argumento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de que albacea testamentario tiene facultades para ejercer el cargo, e incluso otorgar poderes para que una persona actúe en su representación a la muerte del de cujus, toda vez que dicho carácter ya lo tenía desde la fecha de la muerte de éste, ello en atención a que la sociedad está interesada en que ninguna sucesión carezca de representante; sin embargo, tal postura parte de una premisa incorrecta, ya que en el caso de que el albacea no esté en funciones, por no haber aceptado expresamente ejercer el cargo, los herederos tienen legitimación para promover todas las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, en virtud de que los bienes que forman parte de la masa hereditaria les pertenecen en común mientras no se haga la división y, por tanto, en ningún momento la sucesión carecerá de quien la represente. Tiene aplicación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 1a./J. 37/2005, de rubro: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO ESTÁ EN FUNCIONES EL INTERVENTOR O EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." ." Establecido lo anterior, de un análisis a los argumentos previamente citados, es válido concluir que las obligaciones inherentes del albacea, inician con motivo de la aceptación del cargo, puesto que la pura designación sería insuficiente, al existir la posibilidad de que éste no acepte el mencionado cargo. Ahora bien, como lo refiere la parte quejosa, en términos del artículo 40 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, para estimar que existe legitimación a favor de una persona, es necesario que la ley le conceda determinada facultad para ejercitar alguna acción. Por ende, y contrario a lo señalado por la Sala responsable, de un análisis armónico de la normatividad procesal familiar, así como robustecido del criterio citado con antelación, se desprende que la albacea contaría con legitimación para recurrir, en representación de la sucesión la interlocutoria que resuelve la primer etapa del juicio sucesorio, hasta en tanto hubiese aceptado y protestado el cargo conferido. Razón por la cual, si la parte quejosa no contaba con legitimación para recurrir la interlocutoria de siete de agosto de dos mil diecinueve (antes de que aceptara el cargo), no es dable sostener que se encontraba transcurriendo un término que no podía ejercitar, ya que tal situación implicaría dejarla en estado de indefensión, y vulnerar su derecho de acceso efectivo a la justicia. De ahí que el acto reclamado carezca de la debida motivación que toda resolución jurisdiccional deba contener, y por ende, lo procedente sea conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Finalmente, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos de disenso, pues, incluso de ser fundado, no mejoraría el beneficio alcanzado en el fallo dado que, como se verá enseguida, los argumentos analizados son suficientes para conceder la protección constitucional. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 3, sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Informe de Labores de mil novecientos ochenta y dos, Parte II, p. 8, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Cuyo texto señala: "Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." SEXTO. Efectos de la concesión. Conforme a lo establecido por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, éste juzgador debe precisar los efectos de la sentencia que conceda la protección constitucional y especificará las medidas que las autoridades o los particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento, una vez que cause ejecutoria. Entonces, debe restituirse al quejoso en el pleno goce de sus derechos vulnerados y restablecer las cosas como estaban antes de la violación, por lo que el amparo se concede para que cuando se notifique la determinación que declare ejecutoria esta sentencia de amparo, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad: Deje sin efectos la sentencia interlocutoria de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 843/19-6. En su lugar emita una nueva, en la cual subsane las deficiencias de motivación ya señaladas y estime que el término para recurrir la interlocutoria de siete de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del juicio 179/2018-3, inició para la albacea de la sucesión, a partir de la aceptación del cargo conferido. Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Reyna María Gómez Maldonado, albacea testamentaria de la sucesión de bienes de María Maldonado y Lucas Gómez, contra los actos consistentes en la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 843/19-6, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones y para los efectos precisados en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cinco de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."

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