Alejandro Alcocer Vázquez

Expediente 214/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
214/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Alcocer Vázquez
  • Andrea Fernanda Acosta Palomares
  • Pamela Aguirre Santoyo y Otros.
  • Andrea Fernanda Acosta Palomares y Otros.
  • Alejandro Alcocer Vázquez y Otros.
  • Pamela Aguirre Santoyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se sobreseyó en el juicio y se concedió la suspensión de plano (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el (artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención). 4. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo de referencia) y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico mediante el cual, en cumplimiento al proveído de veinte de abril del año en curso, informa que el día veintisiete de los cursantes, se llevó a cabo la inoculación de la segunda dosis a los menores de iniciales A.A.V., A.F.A.P. y J.E.E.G., contra el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19, de lo cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el presente asunto, el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: *La omisión de integrar al grupo etario de doce a diecisiete años de edad, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México. En ese orden, de las constancias que se han allegado al presente sumario, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado atribuido, por los motivos y fundamentos que se exponen enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse las hipótesis siguientes: 1. Revocación; y . 2. Sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado, desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en supuesto y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso, da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para los efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. En este sentido, de las constancias que obran en autos y de lo manifestado por el propio promovente Francisco Javier Sánchez Urban, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se desprende que el veintisiete de abril del año en curso, les fue aplicada a los menores de iniciales A.A.V., A.F.A.P. y J.E.E.G., la segunda dosis de la vacuna que previene la enfermedad covid-19, respectivamente; lo que se acredita con el respectivo comprobante de vacunación que se anexa al escrito de cuenta. Por tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los quejosos de iniciales A.A.V., A.F.A.P. y J.E.E.G., ya que a la fecha, se les ha aplicado la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2 para la prevención de la COVID-19; de tal manera que respecto del acto reclamado consistente en: la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de aplicar la vacuna de la farmacéutica Pfizer/BioNTech a los menores de identidad reservada, ante el riesgo de que éstos pudieran enfermar gravemente y/o perder la vida, si contraen el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19, con motivo del regreso a clases presenciales, ha quedado subsanada, porque la autoridad responsable ya realizó los actos tendentes a efectuar la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna BioNTech-Pfizer a los infantes de iniciales A.A.V., A.F.A.P. y J.E.E.G.; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, En este orden, el acto omisivo reclamado, ha quedado sin efectos, esto es, como si la omisión no hubiere afectado la esfera jurídica de los inconformes, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo efecto alguno ni los surtirá y, que ya no produce afectación alguna en la esfera jurídica de la quejosos en cita. Por otra parte, respecto del menor de iniciales P.A.S. se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Además, dijo que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de los peticionarios de garantías. Dicho criterio se plasmó en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, p. 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. En este caso, como ya se dijo anteriormente la parte quejosa se duele en esencia de la omisión de integrar al grupo etario de doce a catorce años de edad al menor de iniciales P.A.S., en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la negativa a ser vacunado con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARSCoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID- 19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre pasado, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del siguiente. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que empezó a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se doptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y demás variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emitemodificacion- a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacunafizer- biontech-permitira aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es, información que representa un hecho notorio para el suscrito, en los términos ya precisados. Del citado comunicado 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de rubro "COFEPRIS EMITE MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH; PERMITIRÁ APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; se destaca lo siguiente: "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. l Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. l 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en https://bit.ly/3tNfUzL." De la anterior transcripción se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años de edad, no obstante, hace del conocimiento al país que el suministro de inoculación preventiva contra COVID-19 se aplica con base al seguimiento de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México. En este sentido, de lo manifestado por la promovente, se observa que la quejosa de iniciales P.A.S. se encuentra dentro del rango de edad a que hace referencia el comunicado 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que autoriza para uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTech. Máxime que el veintiocho de abril de dos mil veintidós se ha abierto oficialmente el pre-registro universal para mayores de 12 años en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para la menor de iniciales P.A.S. de catorce años, un mes, once días de edad, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. . Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:[.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.] En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: X. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]." Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19), pues las variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 7.0, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte -en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" contempla un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que las personas menores de edad no constituyen un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV- 2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En tal virtud, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), en el sentido de que a partir del jueves veintiocho de abril de la anualidad en curso se abriría el pre-registro para vacunar a niñas y niños desde 12 años que no viven con comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, entre ellos en la página oficial del Ejecutivo del país, https://presidente.gob.mx/anuncian-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-de-12-anos-declaran-fin-de-epidemia-en-mexico Lo anterior demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de niñas y niños desde doce años que no viven con comorbilidades para ser vacunados contra COVID-19. Por lo que, a partir de ese día se activó el registro para ese grupo de menores de edad. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que la directa menor quejosa de iniciales P.A.S., a la presente fecha, cuenta con de catorce años, un mes, once días de edad (de acuerdo con el acta de nacimiento que se anexó a la demanda de amparo). Es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19 (aplicación primera y segunda dosis); lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de entre doce y catorce años sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que le sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo quejoso menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; de igual forma deberán de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) o la Secretaría de Salud del Estado de México para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que le sea aplicada en el caso específico de la menor quejosa la segunda dosis del multicitado biológico que requiere, puesto que como lo manifiesta el promovente ya le fue aplicada la primera dosis. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno federal, pues tal eventualipermite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), y que hasta este momento la menor quejosa no ha sido vacunada con el esquema completo; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de entre doce y catorce años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a niñas y niños desde doce años que no viven con comorbilidades para ser vacunados, en todo el País; sector de la población a la que pertenece la menor peticionaria del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento a nombre de la menor de iniciales P.A.S. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a niñas y niños desde doce años que no viven con comorbilidades para ser vacunados contra COVID-19, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues aun cuando subsistiese el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación de la menor quejosa, lo cierto es que ha dejado de surtir efectos, al ser incluida en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, lo que aconteció al haberse publicado que a partir del jueves veintiocho de abril de dos mil veintidós, se abrió el pre-registro para vacunar a niñas y niños desde doce años que no viven con comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efectos la hora y día fijados para la audiencia constitucional; esto es, las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y, su Gaceta Novena época, con número de registro 176813, de título, subtítulo y texto siguiente: OBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que no obra la totalidad de los informes justificados y aunado a ello, está en transcurso el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que rinda su respectivo informe justificado, tal como se observa de la constancia de notificación del oficio 9388/2022, pues el mismo le fue notificado el día treinta y uno de marzo del año en curso, tal como se advierte de la constancia respectiva que obra en autos. En consecuencia, a fin de que se cumplimente lo anterior y no transgredir las reglas procedimentales rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para hoy, se difiere para las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con los oficios SEPLE/GEN./001/125/2022 y SEPLE/158/2022, y anexos correspondientes. Notifíquese.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio remitido al correo oficial de este órgano jurisdiccional por el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, por medio del cual en cumplimiento a la suspensión definitiva respecto de la autoridad que representa hace del conocimiento que el veintiséis o veintisiete de abril de dos mil veintidós, podrán ser vacunados con la dosis del biológico Pfizer-BioNTech, los menores quejosos en las instalaciones de la "Junta de Caminos del Estado de México", en un horario de 8:00 a 15:00 horas, para lo cual deberá presentarse con uno de los progenitores y/o representante legal, acompañando los documentos a que se hace referencia en el propio oficio. Por lo que la autoridad oficiante solicita se dé vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en el presente juicio. En consecuencia, requiérase a las promoventes Martha Patricia Vázquez Blanco, en representación del menor de identidad reservada de iniciales A.A.V.; Aurea Patricia Palomares Álvaro en representación de la menor de identidad reservada de iniciales A.F.A.P.; Alejandra Santoyo Vega en representación de la menor de identidad reservada de iniciales P.A.S. y Paola Yadira García Martínez en representación del menor de identidad reservada de iniciales J.E.E.G., para que en la fecha, horario y lugar indicados por la autoridad responsable y, cumpliendo los requisitos que ésta le pide, presenten a los menores señalados, para la aplicación de la vacuna indicada. En la inteligencia que deberán acreditar dentro el término de tres días posteriores a esa fecha, ante este juzgado de distrito, que acudieron a la aplicación de la vacuna, exhibiendo para ello la constancia respectiva. Asimismo, requiérase a la autoridad oficiante, para que una vez cumplida la fecha y horario señalados para la aplicación de la vacuna a favor de los menores involucrados, informe de manera inmediata si ha llevado a cabo la inoculación, apercibida que en caso de no cumplir con la encomienda descrita, de no informar a este Juzgado los motivos por los que no se hayan llevado a cabo, o bien, que se realizó satisfactoriamente, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Además del desacato, que será en todo caso sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la ley de la materia. Además del desacato, que será en todo caso sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la ley de la materia. Por tanto, se instruye al actuario de la adscripción a efecto de que notifique personalmente la presente determinación a las promoventes del juicio de amparo, en sus respectivos domicilios. Asimismo, dada la trascendencia del presente proveído y a fin de que los citados infantes puedan acudir a la inoculación citada, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que no obstante de la notificación que para tal efecto se realice de la presente determinación; para el caso de haberse señalado correo electrónico o número telefónico, que hágase del conocimiento de la parte quejosa este auto a través de dichos medios. En otro orden, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan únicamente para que obre como corresponda el escrito firmado electrónicamente por Francisco Javier Sánchez Urban, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por medio de los cuales solicita se requiera a las autoridades responsables den cumplimiento a la interlocutoria dictada el ocho de abril del año en curso, toda vez que en párrafos que anteceden se ha dictado el acuerdo que atiende la petición formulada. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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