Alejandro Aguirre Urías

Expediente 697/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
697/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Aguirre Urías

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, doce de julio de dos mil veintitrés. Recibida la comunicación electrónica proveniente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, mediante la cual se hace del conocimiento que se admitió el recurso de queja interpuesto en el presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de dictado el dieciséis de junio del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, remítase oficio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para conocimiento del referido medio de impugnación; asimismo, háganse las gestiones para la debida vinculación del expediente electrónico respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Alejandro********************Acto reclamado: audiencia en la que se declaró desierta la prueba testimonial aportada en el expediente laboral ******************** del índice de la Junta Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. II. Formación del expediente. Fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno. III. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que solo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la determinación contenida en la audiencia de uno de junio de dos mil veintitrés, que declara desierta la prueba testimonial ofrecida en el expediente laboral ********************, no puede considerarse acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es así, toda vez que las pretensiones del promovente pueden quedar satisfechas si obtiene sentencia favorable a sus intereses, y en caso que dicha resolución definitiva le fuera adversa, es factible de impugnarse como violación a través de diverso medio de defensa, que en su caso pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Por tanto, la resolución que se impugna no es de aquellas que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama; luego, que el presente juicio de garantías resulta improcedente. En las relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. IV. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de Amparo a los profesionistas ********************; y únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona que menciona por no tener registrada su cédula profesional ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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