Alejandro Aguilera Sandoval
Expediente 1758/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1758/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- Alejandro Aguilera Sandoval
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, remite copias certificadas del testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de seis de enero de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja 217/2021 de su índice, derivada del juicio de amparo 1758/2021-V, ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja, Ahora bien, tomando en consideración lo resuelto por la superioridad, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que haga en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que no obra constancia de notificación a la tercera interesada s respecto de la sentencia de tres de septiembre pasado; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito para que realice la precitada notificación y una vez hecho lo anterior, la vincule al expediente electrónico, lo anterior, a fin de estar en aptitud de proveer conforme derecho.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna, no obstante de encontrarse debidamente notificado para ello, según se advierte de la constancia de notificación nueve de septiembre del año que transcurre, consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA CON ,LO REQUERIDO De igual forma, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que, en su carácter de superior jerárquico de la responsable, ordene a ésta el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA CON LO REQUERIDO
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1663/2019, promovido por Arturo Sánchez Hernández, contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cámara De Senadores, Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Arturo Sánchez Hernández, por su propio derecho, el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) Del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, la orden de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe sobre todas mis cuentas y operaciones bancarias, dictada dentro del expediente 469/2019, en el auto de 02 (dos) de julio de 2019 (dos mil diecinueve).- B) De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ejecución del mandamiento judicial al que me referí en el inciso anterior, es decir, el otorgamiento de la información sobre todas mis cuentas y operaciones bancarias." Por otra parte, mediante escrito aclaratorio presentado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa precisó los actos reclamados de la siguiente manera: ".bajo protesta de decir verdad aclaro que me es imposible precisar los actos reclamados en el sentido que indica el auto inicial, puesto que, tal como lo afirmé en mi demanda, los desconozco de manera cierta, plena y puntual, ya que no he sido emplazado al procedimiento de origen, debido a ello no puedo manifestar respecto de cuales de mis cuentas bancarias se está pidiendo la investigación, EGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el treinta de julio de dos mil diecinueve, en el que la registró con el número 1663/2019 y en diverso proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve, previo cumplimiento a la prevención formulada ordenó: admitir la demanda de amparo; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; emplazar a los terceros interesados; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Mediante diverso escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, el quejoso amplió la demanda de amparo en los siguientes términos: I.- AUTORIDADES RESPONSABLES EN ESTA AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- De acuerdo con los artículos 50, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, señalo como autoridad responsable, además de las mencionadas en la demanda inicial, a la: A. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; B. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; C. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; y D. Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. II.- ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN ESTA AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- De las autoridades responsables mencionadas en el apartado anterior, se reclaman: A. De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, en el respectivo ámbito de sus competencias, se les reclama la iniciativa, discusión, modificación, aprobación y promulgación de la norma jurídica contenida en el párrafo segundo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; y B. Del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, las órdenes de girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la institución bancaria BBVA Bancomer, S. A., contenidas en los párrafos tercero, cuarto y quinto, del auto de fecha 02 (dos) de julio de 2019 (dos mil diecinueve), dictado dentro del expediente 469/2019, por las cuales se les requiere a dichos entres que informen si los cheques ahí aludidos fueron o no cobrados. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional desechó la ampliación de la demanda. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número de toca de queja 335/2019, en el que mediante ejecutoria de veintidós de enero de dos mil veinte lo declaró fundado y ordenó revocar el citado desechamiento. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, este órgano jurisdiccional en auto de trece de febrero de dos mil veinte, previno a la quejosa previo a resolver sobre su ampliación de demanda para que manifestara si era su deseo ampliar por diversa autoridad responsable. Mediante escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la quejosa cumplió con la citada prevención en los siguientes términos: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE EN ESTA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. De acuerdo con los artículos 5°, fracción II, párrafo segundo, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, señalo como autoridad responsable, además de las mencionadas en la demanda inicial, así como en el escrito de ampliación de demanda va admitido por la superioridad a: A. BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ESTA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. De la autoridad responsable mencionada en el apartado anterior, se reclama: A. La ejecución del auto de fecha 02 (dos) de julio de 2019 (dos mil diecinueve), dictado dentro del expediente 469/2019, por el Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, es decir, la ejecución de la orden de girar oficio a la institución bancaria señalada como autoridad responsable, para que informe si los cheques aludidos en el auto de referencia fueron o no cobrados." En auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se tuvo por admitida la ampliación de demanda presentada en los dos escritos referenciados en último término, por lo que se requirió a las autoridades por sus informes justificados, y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, porque la autoridad responsable reside en la jurisdicción de este Juzgado Federal y se encuentra especializada en materia civil, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco: La orden dictada en el expediente 469/2019 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de informar sobre los movimientos de todas sus cuentas. El auto de dos de julio de dos mil diecinueve dictada en el expediente 469/2019. De la a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: La ejecución de la orden dictada en el expediente 469/2019 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de informar sobre los movimientos de todas sus cuentas. De BBVA Bancomer S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: La ejecución de lo ordenado en auto de dos de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 469/2019. De la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: El proceso legislativo que culminó con la creación del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco (folio 29) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del Director de Área adscrito a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C" y la Subdirectora Contenciosa adscrita a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C" (folio 145), al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, señalados en la demanda inicial consistentes en la orden dictada en el expediente 469/2019 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de informar sobre los movimientos de todas sus cuentas y su ejecución por parte de la segunda de las nombradas. Negativa que cobra relevancia sin necesidad de mayores datos, toda vez que la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo de acompañar las constancias en las que se apoye su informe se actualiza cuando la autoridad admite la existencia del acto y defiende su constitucionalidad lo que en la especie no acontece. Aunado a ello obra en autos un legajo de copias certificadas de las que se advierte únicamente que la citada responsable en auto de dos de julio de dos mil diecinueve solicitó información respecto de una cuenta bancaria del quejoso, auto contra el cual incluso la parte quejosa amplió su demanda de amparo. Por su parte, el quejoso no aportó elemento de convicción apto y suficiente para desvirtuar tal negativa. Por tanto, ante la indemostración del acto reclamado a la referida responsable, se impone sobreseer en el juicio respecto del acto que se le imputa, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Tiene aplicación, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos al rendir su informe justificado a través del Subdirector de Amparos, la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales, y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos (folio 452, 460 a 461 y 466 a 473), admitieron la existencia del acto reclamado consistente en el proceso legislativo que culminó con la creación del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, debe decirse que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos que se les atribuyen, por ser de naturaleza legislativa y ser disposiciones de carácter general, no están sujetos a prueba. También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor literal siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". Por otra parte, el Juez Décimo Segundo de lo Civil y de Extinción de Dominio al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado consistente en el auto de dos de julio de dos mil diecinueve dictado en el expediente 469/2019 (folio 456). Finalmente, la autoridad responsable BBVA Bancomer S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerida para ello, según se advierte de la constancia de notificación realizada el tres de marzo de dos mil veinte (fojas 404 y 405); por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede presumir la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de dos de julio de dos mil diecinueve dictado en el expediente 469/2019. Aunado a que obra en autos copia certificada del Oficio 834 (folio 512) dirigido al expediente 469/2019 del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil y de Extinción de Dominio, del que se advierte que la citada responsable mediante oficio presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, del que se advierte que, mediante el mismo, la citada responsable atiende a lo solicitado en el auto de dos de julio de dos mil diecinueve dictado en el expediente 469/2019 por la diversa responsable. QUINTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado en escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno invoca la causal de improcedencia, consistente en que el acto reclamado (auto de dos de julio de dos mil diecinueve) fue consumado de modo irreparable toda vez que la autoridad requerida, ya proporcionó la información financiera que le fue solicitada. Contrario a lo que afirma, no se actualiza la causal de improcedencia invocada. El numeral 61, fracción XI de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XI.- Contra actos consumados de modo irreparable.". La citada fracción establece la improcedencia del juicio de amparo debido a que los actos que se reclaman han surtido en forma total todos sus efectos; y ello hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. Ahora bien, por consumados de un modo irreparable, deben entenderse aquellos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, es decir el concepto de modo irreparable se sitúa en lo físico. Es de hacer notar que la finalidad del Juicio de Amparo es restituir al gobernado en el goce de la garantía individual violada, regresando las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación y cuando el acto reclamado es consumado de modo irreparable es imposible que el Juicio de Garantías cumpla su función; ello es así, toda vez que el objeto de las sentencias que conceden el amparo, dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo, estriba en restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía constitucional violada, restableciendo así las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así pues si la restitución es materialmente imposible, se actualiza el supuesto de los actos consumados de un modo irreparable. En este caso, la parte quejosa reclama el auto de dos de julio de dos mil diecinueve en el que se ordena recabar información financiera de la parte quejosa a una institución bancaria y que esa información ya fue proporcionada y obra en el expediente de origen. En la especie, dichos actos no pueden considerarse consumados de modo irreparable, esto es así, pues ante una eventual concesión del amparo, dichas actuaciones pueden retrotraerse jurídicamente a fin de que la autoridad judicial anule las mismas y no las tome en cuenta para resolver. SEXTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes diversa causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Señala la parte quejosa en su concepto de violación identificando con el inciso B de su escrito de ampliación de demanda que lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, es violatorio de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, toda vez que permite a las autoridades judiciales requerir por información financiera de las partes sin que medie su autorización, por lo que es violatorio de la garantía de audiencia. Los anteriores argumentos resultan infundados. Contrariamente a lo que considera la quejosa, el citado precepto no viola la garantía de audiencia previa. Para el estudio del concepto de violación referido cabe precisar brevemente, el contenido de la garantía de audiencia, como contenido del derecho de debido proceso. Al respecto, el derecho de debido proceso contiene un núcleo duro que se garantiza a través del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia". Lo cual permite que los gobernados ejerzan el derecho a contar con una defensa adecuada previo a que mediante un acto de autoridad se modifique su esfera jurídica en forma definitiva, que puede implicar la privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Las formalidades esenciales del procedimiento, que constituyen el mínimo de garantías que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, cuyo cumplimiento es una obligación impuesta a las autoridades, se traducen en: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y la existencia de un medio de impugnación. Así, la garantía de audiencia se refiere al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los gobernados, un acto que conlleve un menoscabo en la esfera jurídica del particular o un impedimento para el ejercicio de algún derecho. Dicha garantía está regulada en el artículo 14 de la Constitución Federal el cual, fue transcrito en la parte inicial del presente considerando. En lo que interesa, la primera garantía, implica necesariamente la existencia de un acto de privación que tenga como consecuencia directa e inmediata la supresión, menoscabo o extinción de un derecho. Sin embargo, contrariamente a lo considerado por la quejosa, el hecho de que el citado artículo disponga que las instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, están obligadas a dar noticia o información de los depósitos, operaciones o servicios de sus clientes y usuarios, entre otras, a las autoridades judiciales, no implica un acto de privación, porque no tiene como consecuencia directa e inmediata la supresión, menoscabo o extinción de un derecho del usuario o cliente de dichas instituciones, ya que solamente sirve como fuente de información para actuaciones judiciales en las que el interesado sea parte; pero de modo alguno se priva al cliente de la institución de crédito de algún derecho, pues si bien, como se verá más adelante, tal proceder limita en alguna medida su derecho a la privacidad y secreto bancario, tal afectación es constitucionalmente válida. No es óbice para llegar a otra conclusión que la petición de las autoridades hacendarias no se dé a conocer al contribuyente, ya que, en el transcurso del procedimiento judicial, eventualmente deberán hacerlo a fin de darle al particular la oportunidad de demostrar lo que corresponda, en el juicio que se siga. Así, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, no viola la garantía de audiencia que reclama la quejosa, porque, en esencia, no impone en perjuicio del destinatario de la norma algún acto de naturaleza privativa de derechos, porque no tiene como consecuencia directa e inmediata la supresión, menoscabo o extinción de un derecho del usuario o cliente de dichas instituciones. Además, la limitación al derecho de privacidad o secreto bancario que establece el citado precepto reclamado, no viola el derecho de legalidad, porque encuentra justificación constitucional; es decir, la limitación a dicho derecho es constitucionalmente válida. En efecto, la protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en ese artículo se establece, contrario a lo que pretende la quejosa, cuentan con excepciones al mismo, entre ellas, cuando la información sea solicitada por las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales. De esa forma, la restricción que el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito realiza respecto al derecho de privacidad previsto en el artículo 16 de la Constitución, es constitucionalmente válida porque: a) se establece en una ley formal y material dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica; y, b) porque dicha medida es necesaria; persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y es razonable y ponderable, en cuanto que las autoridades puedan allegarse de información financiera de las partes a fin de resolver las cuestiones que le han sido planteadas, no se trata de una facultad arbitraria. Por otra parte, señala el quejoso en el concepto de violación identificado como A de su escrito de ampliación de demanda que el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la autoridad responsable no citó precepto legal que le permita requerir por información financiera a las instituciones del sistema bancario. Para dar contestación a los argumentos en disenso, es conveniente traer a colación lo que establece los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser éstos en realidad, los preceptos constitucionales que se vinculan con lo reclamado: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" De la lectura de los anteriores preceptos, se observa que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho y que toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia a la esfera jurídica del gobernado, debe respetar ante todo la garantía de legalidad que pone a salvo al gobernado de todo acto arbitrario. La eficacia jurídica de las garantías de legalidad de referencia, establecen un sometimiento de la autoridad al imperio de la ley, no debe olvidarse que mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; de lo que se sigue, que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley, en virtud de que las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente la ley les confiere, es así como se preserva el orden jurídico que se vería conculcado si las autoridades al emitir actos que produzcan una transgresión a los derechos subjetivos del gobernado, incumplen con la garantía de legalidad. Del mencionado numeral 16 se advierte que entre los requisitos que debe contener un acto de molestia a fin de ajustarse a los lineamientos constitucionales, son: a) Que el acto de molestia debe adoptar la forma por escrito. b) El acto debe estar fundado. c) El acto de molestia debe estar motivado. La primera condición que debe satisfacer el acto de molestia es que debe constar por escrito, la cual es una condición esencial para que pueda haber certeza sobre la existencia del acto y para que el afectado pueda conocer con precisión de qué autoridad proviene y cuál es su contenido y consecuencias jurídicas. La fundamentación es el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, es decir, con la finalidad de considerar constitucional un acto autoritario, en éste se deben citar los cuerpos legales y preceptos que tengan aplicación al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que encuadra la conducta del gobernado o los hechos acontecidos, que deberán ser señalados con toda exactitud, precisándose las fracciones, párrafos, los incisos y subincisos de los preceptos aplicables. Y, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; permitiendo así que los afectados por algún acto de autoridad puedan impugnar los razonamientos de éstas, si es que no corresponden a la verdad histórica de los hechos o si estos se alteraron o fueron mal interpretados. Por lo que la exigencia de motivación ha sido referida a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que va a aplicar. En el caso, debe atenderse a que dicho numeral impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, es decir, expresar las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron para su dictado, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ello en atención a que a las garantías individuales, al estar previstas en nuestra Carta Magna, les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, conforme al cual los Jueces de cada Estado deben arreglarse a dicho ordenamiento, a pesar de las disposiciones en contrario o de las omisiones que pudieran existir en las Constituciones o en las leyes locales; por lo que es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna que establece que todo acto de autoridad que se dirija a los gobernados debe estar debidamente fundado y motivado. Sin embargo, tratándose de resoluciones judiciales, el requisito de fundamentación responde, en términos generales, al análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa; en tanto que el requisito de motivación exige que analice y valore razonadamente cada uno de los medios de prueba que ante su jurisdicción hayan sido ofrecidos y resulten pertinentes para el caso concreto, a fin de determinar si quedaron probadas o no las hipótesis de hecho que fueron planteadas por las partes. En el párrafo primero del artículo 16 constitucional, como se ha mencionado, el Constituyente estableció los requisitos generales que deben satisfacer todos los actos de autoridad que impliquen una molestia para los gobernados; en los párrafos siguientes del propio artículo se prevén, además, requisitos específicos que deben cumplir ciertos actos de autoridad, como son los actos de privación de la libertad por causa penal y las visitas domiciliarias, siéndoles exigibles a éstos los requisitos generales del primer párrafo y, además, los específicos que les son aplicables, con excepción de la detención en flagrante delito, la cual sólo se encuentra sujeta a lo que disponen los párrafos cuarto y sexto. Así tenemos que entre las diversas garantías que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, sustento de la llamada garantía de audiencia, se encuentra la relativa a la de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal que, como se asentó en párrafos precedentes, se encuentra referida al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional para otorgar al posible afectado una noticia completa de la demanda presentada por la parte actora, con sus documentos y anexos, otorgándosele una oportunidad razonable para que pueda contestar, de modo que el tiempo de que disponga para hacerlo realmente se lo permita, además de que en el procedimiento deberá otorgarse a las partes o al posible afectado una oportunidad razonable para aportar las pruebas pertinentes para demostrar los hechos en que se funden y expresar los alegatos correspondientes, es decir, las argumentaciones jurídicas que con base en las pruebas desahogadas estimen necesario exponer, concluyendo el procedimiento con una resolución en la que el juzgador decida el litigio; debiendo cumplirse esas formalidades conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El último requisito mencionado, esto es, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, obliga al juzgador a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador de ninguna manera puede desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan; esto es, que expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron para su dictado, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ello en atención a que a las garantías individuales, al estar previstas en nuestra Carta Magna, les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, conforme al cual los Jueces de cada Estado deben arreglarse a dicho ordenamiento, a pesar de las disposiciones en contrario o de las omisiones que pudieran existir en las Constituciones o en las leyes locales; por lo que es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política Federal que establecen, por una parte, la obligación de decidir todas las controversias sometidas a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los puntos materia del debate y, por otra, que todo acto de autoridad que se dirija a los gobernados debe estar debidamente fundado y motivado. En ese orden de ideas, debe concluirse que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Lo anterior es así, en virtud de que las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones. Por tanto, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis deben darse los razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. En efecto, la falta de formalidad de mencionar de manera expresa el o los preceptos que la fundan, puede dispensarse cuando la fundamentación está implícita dentro del examen exhaustivo del debate, esto es, cuando de la resolución se desprende con claridad el artículo en que se basa. Ello, porque la referida garantía de legalidad establece una regla general que tiene aplicación en todas las resoluciones jurisdiccionales, ya sean en materia civil, penal, administrativa y laboral, y que tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino cumpliendo con la exigencia de examinar y valorar los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso, ajustando su determinación al ordenamiento legal aplicable al caso, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate. Debido a lo cual debe establecerse, como regla general, que la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar y motivar tal acto citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, novena época que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. A efecto de establecer si la responsable dio cumplimiento al derecho de fundamentación y motivación que reclama la quejosa, se hace necesario acudir al texto de la resolución reclamada, la que en lo que interesa se dictó en los siguientes términos: "Finalmente se tiene por recibido el escrito presentado por el promovente AMADOR RUBEN CAMARENA CARRILLO, con fecha 20 veinte de junio del año 2019 dos mil diecinueve ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, mismo que se ordena agregar a los presentes autos; visto su contenido y como lo solicita; se le tiene ampliando su trámite, en los términos y conceptos que de su escrito de cuenta se desprenden. Artículo 91 Bis y 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. En consecuencia de lo anterior, se ordena girar atento oficio a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno de su parte, se sirva informar a este Juzgado si el cheque girado por ARTURO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, de la Institución BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, cheque número 0003351, de la cuenta bancaria número 00156364063, por la cantidad de $6,450,000.00 (SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) como beneficiario AMADOR RUBEN CAMARENA CARRILLO fue presentado para su cobro por el beneficiario o a la fecha no ha sido cobrado desde el día 24 de octubre de 2017, debiendo anexar copia simple del cheque, copia que adjunta a su escrito de cuenta. De igual manera, se ordena girar atento oficio a la SUCURSAL BANCARIA BBVA, BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, sucursal u oficina número 1085 con sede en Plaza Patria, Municipio de Zapopan, Jalisco, a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno de su parte, se sirva informar a este Juzgado si el cheque girado por ARTURO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, de la Institución BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, cheque número 0003351, de la cuenta bancaria número 00156364063, por la cantidad de $6,450,000.00 (SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) como beneficiario AMADOR RUBEN CAMARENA CARRILLO fue presentado para su cobro por el beneficiario o a la fecha no ha sido cobrado desde el día 24 de octubre de 2017, debiendo anexar copia simple del cheque, copia que adjunta a su escrito de cuenta." De la transcripción que antecede se advierte que la responsable atendió el escrito presentado por el tercero interesado Amador Rubén Camarena Carrillo, el veinte de junio de dos mil diecinueve (folio 41), en el que amplía el trámite de los medios preparatorios y solicita se requiera por información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y BBVA Bancomer Sociedad Anónima. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, acordando favorable a su petición, lo que fundamentó de manera expresa en los artículos 91 Bis y 112 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismos que establecen: "ARTICULO 91 bis.- Las copias de los escritos y de los documentos se entregarán a las partes al notificárseles la providencia que haya recaído al escrito respectivo, o al hacerles la citación o emplazamiento que proceda. ARTICULO 112 bis.- La cédula, copias y citatorios, en los casos de los dos artículos anteriores, se entregarán a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia, incluyendo el medio o la fuente de que se valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada." Ahora bien, dichos numerales únicamente señalan la manera en la que deberá la notificación de las providencias como en la que actúa la responsable; sin embargo, aun y cuando no cita de manera expresa el fundamento legal de su determinación, debe considerarse que la autoridad judicial responsable fundamenta su determinación en lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, por ser este numeral el que lo faculta para realizar los citados requerimientos. En efecto el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone lo siguiente: "ARTICULO 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: I. El Fiscal General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales; V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente Ley; VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate; VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales; VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales. La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada. Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables. Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate. Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, en los casos en que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente artículo. Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley. La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.". De la interpretación del precepto trascrito de la Ley del Instituciones de Crédito se desprende, en lo que interesa, que las operaciones que realicen las instituciones de crédito tendrán el carácter de confidencial, por lo que la información de los movimientos suscitados únicamente se otorgará a los directamente interesados, con excepción de que lo solicite una autoridad judicial en procedimiento en el que el titular o interesado sea parte. De ahí que si como se señaló, la autoridad judicial responsable resolvió el punto de derecho puesto a su consideración de manera favorable a la peticionaria (aquí tercero interesada) además de que lo así determinado se encuentra ajustado a lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, de manera tal que debe considerarse que el hecho de que no cite de manera expresa el numeral que la faculta no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, tan es así que la citada parte quejosa formuló conceptos de violación encaminados a impugnar la constitucionalidad de la citada norma. En consecuencia debe decirse que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada toda vez que la autoridad responsable atendió los puntos litigiosos que se pusieron a su consideración, resolviéndolos en su totalidad, y su decisión judicial encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con lo anterior se pone de manifiesto que el acto reclamado cumple con la debida motivación y fundamentación que exige el precitado artículo 16 de la ley fundamental, así como con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 166, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable el caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En razón de ello, es de concluirse que dicha determinación sí se encuentra fundada y motivada, de ahí que sean infundados los conceptos de violación en estudio. De ahí que al resultar igualmente infundado el concepto de violación en estudio, lo que procede es negar el amparo solicitado, negativa que deberá hacerse extensiva a la autoridad responsable BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, en tanto no se les reclamaron actos por vicios propios, en sustento a lo cual, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que precisa: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1663/2019, promovido por Arturo Sánchez Hernández, contra el acto que atribuyó al Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las razones y motivos expresados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Sánchez Hernández, contra la omisión que reclamó a la Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, Cámara De Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero; por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia.
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