Alejandro Aguilera Gómez
Expediente 765/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alejandro Aguilera Gómez
- Rafael Enrique Ulloa Campos
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por Alejandro Aguilera Gómez, Rafael Enrique Ulloa Campos, David Eduardo Paniagua Rodríguez, Abdul Vicente Ramírez Cato, Víctor Manuel Domínguez Ibarra, Omar Rubén Camacho Medina, Fátima Monserrat Valle Ávalos, César Arturo Zavala Barrera, Jorge Medina Santacruz, Roberto Coytía Martínez, Guillermo Alfonso Flores Maldonado, Leonel Iván Miranda Méndez, Héctor de Jesús Serrano Saucedo, Oscar Cruz Domínguez, Eduardo Alberto Soto Correa y Juan Antonio González Sáenz, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 765/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. APARTADO A) En el caso concreto, los quejosos reclaman del Comité Electivo del Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, lo siguiente: La admisión y registro de la planilla denominada "Planilla de Unidad" encabezada por Tanía Victoria Carranza Concha para la elección de Comité Directivo del Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, llevada a cabo el treinta de agosto de dos mil diecinueve. La omisión de revisión en cuanto al cumplimiento de requisitos estatutarios para la admisión de la citada planilla. La omisión de recibir el escrito donde consta la formal queja presentada por los quejosos, donde se exponen argumentos para el desechamiento y anulación de la solicitud de registro de la planilla denominada "Planilla de Unidad" encabezada por Tanía Victoria Carranza Concha, para la elección de Comité Directivo del Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, llevada a cabo el diez de agosto de dos mil diecinueve. La omisión de dar trámite a la queja interpuesta por los quejosos donde se exponen argumentos para el desechamiento y anulación de la solicitud de registro de la planilla denominada "Planilla de Unidad" encabezada por Tanía Victoria Carranza Concha, para la elección de Comité Directivo del Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, llevada a cabo el treinta de agosto de dos mil diecinueve. La omisión de vigilar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 371 y 371 bis de la Ley Federal del Trabajo, pese a solicitud expresa de los miembros del sindicato, para la elección de Comité Directivo Sindical llevada a cabo el treinta de agosto de dos mil diecinueve. Por tanto, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo respecto de dichos actos atribuidos al Comité Electivo del Sindicado de Docentes y Tajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme al precepto legal transcrito, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, con independencia de su naturaleza formal. Por autoridad, para los efectos del juicio de amparo, debe considerarse a las personas morales que con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. También, se consideran autoridades a los particulares que realicen actos similares a los de autoridad, siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Lo anterior se constata con la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo V, Febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, cuyo rubro y texto disponen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Ahora bien, para dilucidar si en el caso específico está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y como notas distintivas se enumeran las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sustenta lo anterior, lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página ochenta y nueve, Tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En correlación con lo anterior debe decirse que el Comité Electivo del Sindicado de Docentes y Tajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque no actúa por mandato de una norma general, sino que procede según las facultades que le conceden sus propios estatutos. En efecto, los quejosos en su escrito de demanda, sostiene que el Comité Electivo del Sindicado de Docentes y Tajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, con motivo del acta llevada a cabo el treinta de agosto de dos mil diecinueve, realizó la admisión y registró de la planilla denominada "Planilla de Unidad", encabezada por Tanía Victoria Carranza Concha, sin cumplir con los requisitos previstos en los artículos 371 y 371 bis de la Ley Federal del Trabajo, así como la omisión de recibir escritos donde se interpuso queja para la anulación del registro de dicha planilla y la omisión de dar trámite a la misma. De lo anterior se obtiene que tales actos son emanados de un particular, el cual no tiene el carácter de autoridad, es decir, no se actualiza una relación entre gobernante y gobernado, sino una relación de coordinación entre ellos. No obsta a lo anterior, lo señalado por el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, que establece que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable, pero para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el Comité Electivo del Sindicado de Docentes y Tajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, realice actos equivalentes a los de una autoridad, afecte derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general, lo que no sucede en la especie porque se entienden por normas generales las leyes, reglamentos o tratados, entre otros, los cuales tienen en común, que emanan de los poderes públicos del Estado, dentro de un proceso o acto legislativo materialmente de legislación; caso contrario al de los estatutos de un sindicato, los cuales no emanan de un poder público, de modo que los estatutos no pueden considerarse normas generales. Ilustra a lo anterior, la tesis aislada XVI.1o.T.34 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página dos mil quinientos veinticuatro, tomo IV, libro treinta u tres, Décima Época, del tenor siguiente: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los sindicatos, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, respecto a los actos precisados en este apartado y autoridad responsable. Tiene aplicación al caso por reiteración la tesis XXVI.2 A (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la página 3049, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." Así como la diversa tesis XVI.1º.A.22K (10ª), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." APARTADO B) De igual forma, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los ahora quejosos reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad e inspección Federal del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esencialmente la determinación consistente en la autorización y expedición de la toma de nota de la reforma estatutaria al Comité Directivo de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, y como consecuencia de ello la validez del acta. Sobre esa base, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la Ley de Amparo. La citada disposición legal, indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.(.)" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto reclamado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe reclamarse en la vía laboral ante la autoridad responsable a fin de que se ejercite la acción prevista en el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo, por los siguientes motivos: De un análisis efectuado a los artículos 365 a 370 de la Ley Federal del Trabajo, se colige, entre otras cosas que los sindicatos adquieren vida jurídica a partir de que la autoridad laboral (Junta Local de Conciliación y Arbitraje) toma nota de los dirigentes sindicales, acto que, sólo puede anularse a través del procedimiento respectivo, acorde con el artículo 369 de la citada ley, el cual dispone: "Artículo 369. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente: I. En caso de disolución; y II. Por dejar de tener los requisitos legales. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación del registro." La anterior disposición fue interpretada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que publicó en la página 227, del Volumen 151-156, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, cuyo rubro y texto disponen: "SINDICATOS. CANCELACIÓN DE SU REGISTRO. Si bien es cierto que para el registro de una agrupación sindical se sigue un procedimiento meramente administrativo, que consiste en la debida comprobación, ante las autoridades competentes de trabajo, de los requisitos que la ley exige para considerar constituida dicha agrupación, también lo es que una vez registrado un sindicato, gozando, por tanto, de personalidad jurídica para proceder a la cancelación de su registro, no debe seguirse igual procedimiento, ya que existen, por parte de los elementos pertenecientes al sindicato, derechos adquiridos; en este caso, debe demandarse su cancelación ante las juntas de conciliación y arbitraje, siguiéndose el juicio arbitral correspondiente (artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo vigente)." Lo anterior es así, pues la misma ley laboral establece en el último párrafo del artículo en comento, que la Junta de Conciliación y Arbitraje es la autoridad competente para resolver sobre la cancelación o no del registro de los sindicatos aludido; por tanto, resulta inconcuso que, al reclamarse la autorización de la toma de nota del sindicato, debe seguirse igual criterio, en atención al principio general de derecho relativo a que donde existe idéntica razón debe aplicarse igual disposición, por lo que si un agremiado o un grupo de ellos reclama que se haya autorizado, la toma de nota otorgada a la directiva del sindicato, en la que alegan irregularidades, dicha controversia debe ventilarse ante la autoridad laboral, conforme al numeral antes mencionado, en el que se respete la garantía de audiencia de la directiva en funciones en atención a que el sindicato actúa a través de ésta, y sus actos generan derechos y obligaciones que podrían incidir en su esfera jurídica, ya que en el procedimiento que dio origen a la toma de nota impugnada, la autoridad encargada de llevar a cabo el registro sólo está facultada para cotejar documentos exhibidos. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.6º.T.79 L sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 885, Tomo XII, Noviembre de 2000, Materia Laboral, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SINDICATOS, CANCELACIÓN DE LA TOMA DE NOTA DE LA DIRECTIVA DE LOS. De la interpretación sistemática de los artículos 365, 368, 369, 376 y 377 de la Ley Federal del Trabajo y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, se establece que los sindicatos adquieren personalidad y vida jurídica desde el momento en que obtienen su registro ante la autoridad administrativa correspondiente, y en el ejercicio de sus derechos, así como en el desempeño de sus funciones frente a las autoridades y terceros, actúan por conducto de su directiva y si es modificada, existe la obligación de comunicarlo a la autoridad respectiva y así, ésta toma nota de las personas que, a partir de ese evento, integran la nueva directiva y se hacen responsables de la representación del sindicato, con las facultades y obligaciones inherentes a su cargo. Ahora bien, si la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre la cancelación del registro de los sindicatos, resulta inconcuso que, tratándose de la cancelación de la toma de nota de la nueva directiva de un sindicato, debe seguirse igual criterio, porque el sindicato actúa jurídicamente, frente a terceros y autoridades, a través de su directiva y en tal virtud, existen derechos y obligaciones adquiridos por las personas que la integran para representar al sindicato, por lo que si un grupo de agremiados solicita la cancelación de la toma de nota de esa directiva, como consecuencia de irregularidades en la elección respectiva, debe ventilarse la controversia en un procedimiento jurisdiccional, en el que se respete el derecho de audiencia a la directiva en funciones; garantía que no se respetaría si fuese la autoridad administrativa quien decidiera sobre la cancelación mencionada, porque ella no podría escuchar a la directiva impugnada por no contar con facultades para resolver sobre la legalidad de la toma de nota, habida cuenta que sólo puede resolver, administrativamente, la procedencia del registro de los cambios de las directivas de los sindicatos." Tiene a aplicación también a lo anterior, la tesis XXXI.4 L (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2624, del epígrafe siguientes: "JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DADA LA DUALIDAD DE SUS FUNCIONES SON COMPETENTES PARA CONOCER, VÍA JURISDICCIONAL, DE LA CANCELACIÓN TANTO DEL REGISTRO DE UN SINDICATO, COMO DE LA TOMA DE NOTA DE UNA NUEVA MESA DIRECTIVA. De la interpretación sistemática de los artículos 365 a 370 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, desempeñan una dualidad de funciones, pues si bien es cierto que para el registro de una agrupación sindical se sigue ante aquéllas un procedimiento administrativo concerniente a la debida comprobación de los requisitos que la ley exige para considerar constituida dicha congregación, también lo es que una vez registrado un sindicato, gozando, por tanto, de personalidad jurídica plena, para proceder a la cancelación de su registro, no debe seguirse igual procedimiento, ya que nacen para sus agremiados derechos adquiridos, por lo que debe demandarse su cancelación ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el juicio arbitral correspondiente de conformidad con el numeral 369 de la Ley Federal del Trabajo. Además, los convenios internacionales de los que México forma parte, entre ellos, el Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948, por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, en su artículo 4 protege a las organizaciones de trabajadores contra la disolución o suspensión en vía administrativa, estableciendo así en forma implícita la vía jurisdiccional para lograr dichos fines. Hipótesis que también se surte respecto de la cancelación de la toma de nota de la nueva mesa directiva de los sindicatos, en los que por similitud de razón aplica la misma consecuencia jurídica." Igualmente resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 160992, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto disponen: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). Al resolver la contradicción de tesis 30/2000-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados. Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la resolución precisada, a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos." En esas circunstancias es dable concluir que las personas que consideren afectados sus derechos por la autorización de la toma de nota sobre la reforma estatutaria, están legitimados para acudir en la vía jurisdiccional a controvertirla, toda vez que estimar lo contrario conllevaría a negarles el acceso a la impartición de justicia tutelada en el artículo 17 Constitucional, al no contar con un medio de defensa para poder combatir esa autorización. Consecuentemente, como ya se vio la vía jurisdiccional para controvertir las irregularidades reclamadas, es a través de un juicio laboral, en el que se ejerza la acción de cancelación de toma de nota de la directiva, prevista en el artículo 369, de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que es dable estimar que la procedencia del referido medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, en primer término, porque los quejosos se ostentan como miembros integrantes en activo de diversa plantilla al del referido sindicato. Más aun, tampoco puede perderse de vista que la toma de nota sindical no constituye un procedimiento jurisdiccional contencioso, pues no existe litigio entre partes y como antes se dijo, lo resuelto ahí, puede ser anulable por medio de la acción de cancelación prevista en el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se diluciden los derechos de los integrantes del sindicato cuya cancelación se pide; aunado a que dicho acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. En efecto la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Por lo motivos antes expuestos, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Téngase como representante común de los quejosos a Alejandro Aguilera Gómez, y toda vez que señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y estos no constituyen propiamente un domicilio, practíquese la presente notificación y las subsecuentes notificaciones, aun las personales, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes
- Alejandra Ortiz Sandoval6/2017
- Alejandra Rivas Rangel762/2023
- Alejandra Trejo Medina281/2017
- Alejandrina Borrego Alva1036/2022
- Alejandrina Castañeda Arambula77/2016
- Alejandrino Vidales Varela753/2016
- Alejandro Aguirre Soto482/2022
- Alejandro Barajas Lozano424/2022
- Alejandro Bermudez Márquez58/2018
- Alejandro Bernal Núñez1103/2017
- Alejandro Buenrostro Estrada126/2023
- Alejandro Buenrostro Estrada1037/2023