Alejandro Aguilar Orduña

Expediente 987/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
987/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Aguilar Orduña

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veinte. RADICACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., por derecho propio, contra el acto que atribuye al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; fórmese expediente con el número 987/2020-III que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa se duele de: - La determinación adoptada en la audiencia principal celebrada el trece de noviembre de dos mil veinte en el expediente ********************, en lo referente a no tener por justificada su inasistencia y la aplicación de una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito considera que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debido a que el impetrante consintió tácitamente el acto combatido en esta instancia. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes (salvo las excepciones que establece la misma ley que en el caso no se actualizan). Ahora, en el ocurso constitucional el agraviado manifestó que el resultado de lo acordado en la audiencia principal celebrada en el procedimiento de origen fue publicado en el boletín judicial el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, pero que tuvo acceso al expediente hasta el veintisiete de ese mes y año, motivo por el cual, refiere, debe ser a partir de esta última fecha en que inicial el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Sin embargo, pese a lo sostenido por el agraviado, en este asunto debe computarse el plazo para el ejercicio de la acción de amparo a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, por una parte, porque ese hecho sucedió primero y, por otra, porque el medio a través del cual se hizo saber al quejoso está previsto y regulado como forma de notificación procesal a las partes en el artículo 1.165, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (legislación que regula el procedimiento de origen). Dicho de otro modo, la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no puede quedar a la libre elección del agraviado, porque ello implicaría que el plazo de quince días para la promoción del amparo iniciaría hasta que acudiera a consultar el expediente, pese a la existencia de una notificación de por medio; incluso, ello traería como consecuencia el desconocimiento de la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por lo anterior, es evidente que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término de quince días comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el ocurso constitucional fue depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, hasta el once de diciembre en curso, por lo que si la audiencia principal celebrada en el procedimiento de origen (acto reclamado) fue publicada en el boletín judicial el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dicho término transcurrió del diecinueve de noviembre al diez de diciembre de esta anualidad, descontándose los días veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre pasado, así como el cinco y seis de los actuales, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, si la parte quejosa asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin presentar la demanda de amparo, con su actuar consintió tácitamente el acto reclamado; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de esa legislación, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que pueda considerarse que esta determinación anterior transgreda el derecho fundamental del amparista a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que es incuestionable que tuvo a su disposición un medio de impugnación, de modo que si el gobernado no lo hizo valer atendiendo a las hipótesis de procedencia legales, no significa a que no exista dicho recurso extraordinario o no sea eficaz para combatir el acto de autoridad, en razón que esa circunstancia es un requisito o presupuesto formal de procedencia insoslayable para la adecuada impartición de justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el promovente, todas las notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. MEDIOS ELECTRONICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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