Alejandro Aguilar Fuentes

Expediente 81/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
81/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Aguilar Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 135 a 144), por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME , para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de copias certificadas. Finalmente, previo desglose y certificación, devuélvanse al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, las copias certificadas que obran en el juicio de amparo a fojas 23 a 130, solicitándole el acuse de recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEITISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presente autos se advierte que en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Juez y Comisario, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, rindiendo su correspondiente informe justificado, remitiendo la primera de dichas autoridades, como apoyo al mismo, copia certificada del expediente ..., relativo al juicio de nulidad absoluta de contrato privado de compraventa instaurado por el quejoso, en contra de ... y otros. Ahora bien, ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Visto el estado de autos, se advierte que respecto del acto reclamado precisado en el inciso d), atribuido a la Secretaria de Acuerdos y al Comisario del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De las anteriores transcripciones se aprecia que tratándose de omisiones reclamadas en los juicios de carácter civil cuando la autoridad jurisdiccional deja de proveer de manera completa un escrito o petición, el juicio de amparo indirecto que se promueve en su contra es improcedente, ya que el gobernado tiene a su alcance los medios ordinarios para combatirlos o bien, porque puede reiterar su petición ante la propia autoridad responsable, salvo que la omisión o dilación constituya una abierta dilación. En esa virtud, se considera que en el caso sujeto a estudio los actos reclamados precisados en los incisos a) , b) y c) , atribuidos al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, no cuentan con los efectos que la parte quejosa pretende darles, puesto que no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución, sino sólo los derechos adjetivos o procesales pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se dan justamente dentro del mismo, ya que derivan, esencialmente, de la forma en cómo se proveyó su escrito inicial de demanda. En tales condiciones, si en la especie, las omisiones reclamadas derivan de la forma en cómo se proveyó el escrito de demanda presentado por el quejoso ..., en el auto dictado el quince de octubre de dos mil dieciocho, que dio origen al expediente ..., del índice del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, debe concluirse que dichas omisiones no conllevan una ejecución de imposible reparación dentro de juicio. Ello es así, porque como se precisó en párrafos que anteceden, al mencionado derecho de petición debe darse respeto de conformidad con las reglas legales previstas en la legislación procesal que aplique al juicio o procedimiento respectivo, y la respuesta que dé sobre el particular la autoridad judicial en lo que se refiere a su corrección, o en su aspecto negativo, la falta de respuesta, ya sea parcial o total, a una petición por escrito, en principio, debe ser objeto de cuestionamiento ante la propia autoridad a la que se acude, a través de los medios ordinarios de defensa que regule la legislación aplicable; aunado a que el solicitante de amparo puede insistir en su petición que por algún motivo no fue resuelta al momento de acordarse su promoción. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presente autos se advierte que en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Juez y Comisario, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, rindiendo su correspondiente informe justificado, remitiendo la primera de dichas autoridades, como apoyo al mismo, copia certificada del expediente 416/2018, relativo al juicio de nulidad absoluta de contrato privado de compraventa instaurado por el quejoso, en contra de *** y otros. Ahora bien, ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Acotado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclamó del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, los siguientes actos: a) La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación. b) La omisión de citar a la audiencia de conciliación, con los apercibimientos de ley, a los demandados ***, en su carácter de albacea definitivo de ***, y al Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, en los domicilios señalados para tal efecto; y, c) La omisión de proveer sobre las medidas precautorias solicitadas. 2. Por su parte, a la Secretaria de Acuerdos y al Comisario del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, les atribuyó: d) La omisión de entregar al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Número 14 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, el oficio 1467 de quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le requirió información sobre el domicilio de los demandados ***.  Sobreseimiento fuera de audiencia  Cesación de efectos del acto reclamado en el inciso d). Visto el estado de autos, se advierte que respecto del acto reclamado precisado en el inciso d), atribuido a la Secretaria de Acuerdos y al Comisario del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con el precepto legal referido, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª/J 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido siguiente. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los criterios siguientes. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad.". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe recordar que el acto precisado en el inciso d), lo constituye la omisión de entregar al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Número 14 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, el oficio 1467 de quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le requirió información sobre el domicilio de los demandados ***. Sin embargo, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada, en atención a que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el quince de octubre de dos mil dieciocho [fecha anterior a la presentación de demanda], el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, radicó y admitió a trámite la demanda interpuesta por el quejoso ***, bajo el número de expediente 416/2018. De igual forma acordó, entre otras cosas, que tomando en consideración que en la demanda la parte actora manifestó, bajo protesta de decir verdad, desconocer el domicilio de los demandados -***, ordenó que se enviara el oficio 1467 al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Número 14 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla para que informara el ultimo domicilio reportado en dicha dependencia (fojas 103 a 105); el cual se entregó a dicha vocalía ejecutiva el seis de diciembre de la presente anualidad [fecha posterior a la presentación de demanda]. Por lo tanto, se considera que con motivo de la entrega del citado oficio [de seis de diciembre del año en curso], los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de la inconforme, o habiéndola irrumpido la cesación no deje huella alguna de dicha afectación  Las omisiones reclamadas en los incisos a), b) y c), no constituyen actos dentro de juicio de imposible reparación. Por otro lado, respecto a las omisiones que se precisaron al inicio del presente acuerdo en los incisos a) , b) y c) , atribuidas al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce , esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que, por regla general, es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por una de las partes en el juicio natural contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Dicha contradicción de tesis dio origen al siguiente criterio jurisprudencial: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por su parte, la interpretación que ha dado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con residencia en esta ciudad, a la jurisprudencia y ejecutoria transcritas en líneas que anteceden, ha quedado establecida al resolver los recursos de queja ***, en los que textualmente ha sostenido lo siguiente: Recurso de queja ***. "[.] Adversamente a como se aduce en el escrito de inconformidad, el acto reclamado del titular del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la omisión de acordar de manera integral las peticiones que formuló por escrito de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis ante dicha autoridad, dentro del juicio de arrendamiento por él promovido, y vinculadas con la citación a la audiencia de conciliación de su demandado, no reúne las características de ser un acto de imposible reparación por incidir materialmente en alguno de sus derechos sustantivos. Por regla general los actos dentro de juicio de carácter omisivo o de abstención se erigen en infracciones adjetivas que, de ser el caso, podrían ser reclamadas en un amparo directo que se llegara a promover contra el fallo definitivo; al ser hasta la conclusión del juicio cuando podría advertirse su trascendencia o incidencia en relación con lo resuelto. Y como caso de excepción a la identificada regla general, se encuentra el relativo a la absoluta paralización del trámite del procedimiento jurisdiccional o una dilación injustificada en su prosecución, pues en estas últimas hipótesis, se transgrede de manera directa el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción. [.]". Recurso de queja ***. "Adversamente a como lo aduce el recurrente, la juez de distrito a quo, no apreció de manera equivocada el acto realmente reclamado, ni interpretó con vicio de exhaustividad dicho ocurso. Para así advertirlo, cabe señalar que en el auto recurrido se precisó, a partir de las expresiones contenidas en la demanda, que los quejosos reclamaban la forma en cómo se proveyó su escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por el que comparecieron al juicio sucesorio intestamentario radicado en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla con el número de expediente 1623/2016, habiéndose destacado, a partir de lo narrado bajo protesta de decir verdad, cuáles fueron los planteamientos contenidos en dicho escrito y cuáles las respuestas dadas por la citada autoridad al pronunciar el auto de ocho de marzo del año en curso, con especial mención, incluso, de que se reclamaba "la falta de contestación a todas y cada una de nuestras peticiones". Consecuentemente, no puede tacharse al auto recurrido de incongruente, tal como sin razón se hace en el escrito de agravios, pues no existe algún defecto formal en cuanto a la precisión del contenido, alcances y naturaleza del acto reclamado. De ahí lo infundado de lo que sobre el particular se alega ante este tribunal colegiado de circuito. Precisado lo anterior, debe señalarse que en materia jurisdiccional, el derecho de petición tutelado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ser apreciado de manera autónoma o desvinculada a la tramitación del procedimiento en que se alegue su infracción. Al mencionado derecho de petición debe darse respeto de conformidad con las reglas legales previstas en la legislación procesal que aplique al juicio o procedimiento respectivo, y la respuesta que dé sobre el particular la autoridad judicial en lo que se refiere a su corrección, o en su aspecto negativo, la falta de respuesta, ya sea parcial o total, a una petición por escrito, en principio, debe ser objeto de cuestionamiento ante la propia autoridad a la que se acude, a través de los medios ordinarios de defensa que regule la legislación aplicable. Así, por regla general, para que la respuesta o ausencia de acuerdo a una petición formulada por escrito a una autoridad jurisdiccional y dentro de un procedimiento de su competencia pueda ser objeto de cuestionamiento a través del juicio de amparo indirecto, se requiere que dicho acto, por su propias y especiales características, pueda ser catalogado como de imposible reparación, por afectar materialmente algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. De no ser así, el amparo de doble instancia resulta improcedente. Esto es, el juicio de control constitucional por infracción al artículo 8 de la constitución general de la república, respecto de actos emitidos dentro de un procedimiento de carácter jurisdiccional, en tanto no se trata de un proceder de omisión autónomo o desvinculado a lo actuado en el juicio en que participan quienes acuden en demanda de amparo, por regla general es improcedente, y excepcionalmente cabría estimar su procedencia, solo para el caso de que la autoridad de amparo advierta la existencia de una abierta dilación al procedimiento en cuestión, o su paralización total, lo cual no sucede en la especie, máxime que los quejosos pueden insistir en su petición que por algún motivo no fue resuelta al acordarse su promoción". Recurso de queja *** "Adversamente a como lo aduce el recurrente, la juez de distrito a quo, no apreció de manera equivocada el acto realmente reclamado, ni interpretó con vicio de exhaustividad dicho ocurso. Para así advertirlo, cabe señalar que en el auto recurrido se precisó, a partir de las expresiones contenidas en la demanda, que los quejosos reclamaban la falta de acuerdo a los dos escritos que presentaron el diecisiete de abril de dos mil diecisiete en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 1623/2016, por los que formularon diversas alegaciones e interpusieron un recurso de reclamación. Consecuentemente, no puede tacharse al auto recurrido de incongruente, tal como sin razón se hace en el escrito de agravios, pues no existe algún defecto formal en cuanto a la precisión del contenido, alcances y naturaleza del acto reclamado. De ahí lo infundado de lo que sobre el particular se alega ante este tribunal colegiado de circuito. Precisado lo anterior, debe señalarse, en coincidencia con lo considerado por la juez de amparo en el auto materia de impugnación en esta queja, que en materia jurisdiccional, al derecho de petición tutelado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ser apreciado de manera autónoma o desvinculada a la tramitación del procedimiento en que se alegue su infracción. Al mencionado derecho de petición debe darse respeto de conformidad con las reglas legales previstas en la legislación procesal que aplique al juicio o procedimiento respectivo, y la respuesta que dé sobre el particular la autoridad judicial en lo que se refiere a su corrección, o en su aspecto negativo, la falta de respuesta, ya sea parcial o total, a una petición por escrito, en principio, debe ser objeto de cuestionamiento ante la propia autoridad a la que se acude, a través de los medios ordinario de defensa que regule la legislación aplicable. Así, por regla general, para que la respuesta o ausencia de acuerdo a una petición formulada por escrito a una autoridad jurisdiccional y dentro de un procedimiento de su competencia pueda ser objeto de cuestionamiento a través del juicio de amparo indirecto, se requiere que dicho acto, por sus propias y especiales características, pueda ser catalogado como de imposible reparación, por afectar materialmente algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. De no ser así, el amparo de doble instancia resulta improcedente Esto es, el juicio de control constitucional por infracción al artículo 8 de la Constitución General de la República, respecto de actos emitidos dentro de un procedimiento de carácter jurisdiccional, en tanto no se trata de un proceder de omisión autónomo o desvinculado a lo actuado en el juicio en que participan quienes acuden en demanda de amparo, por regla general es improcedente, y excepcionalmente cabría estimar su procedencia, solo para el caso de que la autoridad de amparo advierta la existencia de una abierta dilación al procedimiento en cuestión, o su paralización total". De las anteriores transcripciones se aprecia que tratándose de omisiones reclamadas en los juicios de carácter civil cuando la autoridad jurisdiccional deja de proveer de manera completa un escrito o petición, el juicio de amparo indirecto que se promueve en su contra es improcedente, ya que el gobernado tiene a su alcance los medios ordinarios para combatirlos o bien, porque puede reiterar su petición ante la propia autoridad responsable, salvo que la omisión o dilación constituya una abierta dilación. En esa virtud, se considera que en el caso sujeto a estudio los actos reclamados precisados en los incisos a) , b) y c) , atribuidos al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, no cuentan con los efectos que la parte quejosa pretende darles, puesto que no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución, sino sólo los derechos adjetivos o procesales pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se dan justamente dentro del mismo, ya que derivan, esencialmente, de la forma en cómo se proveyó su escrito inicial de demanda. En tales condiciones, si en la especie, las omisiones reclamadas derivan de la forma en cómo se proveyó el escrito de demanda presentado por el quejoso ***, en el auto dictado el quince de octubre de dos mil dieciocho, que dio origen al expediente 416/2018, del índice del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, debe concluirse que dichas omisiones no conllevan una ejecución de imposible reparación dentro de juicio. Ello es así, porque como se precisó en párrafos que anteceden, al mencionado derecho de petición debe darse respeto de conformidad con las reglas legales previstas en la legislación procesal que aplique al juicio o procedimiento respectivo, y la respuesta que dé sobre el particular la autoridad judicial en lo que se refiere a su corrección, o en su aspecto negativo, la falta de respuesta, ya sea parcial o total, a una petición por escrito, en principio, debe ser objeto de cuestionamiento ante la propia autoridad a la que se acude, a través de los medios ordinarios de defensa que regule la legislación aplicable; aunado a que el solicitante de amparo puede insistir en su petición que por algún motivo no fue resuelta al momento de acordarse su promoción. En ese tenor, si el juicio de control constitucional por infracción al artículo 8 de la constitución general de la república, respecto de actos emitidos dentro de un procedimiento de carácter jurisdiccional, en tanto no se trata de un proceder de omisión autónomo o desvinculado a lo actuado en el juicio en que participan quienes acuden en demanda de amparo, por regla general es improcedente, y excepcionalmente cabría estimar su procedencia, solo para el caso de que la autoridad de amparo advierta la existencia de una abierta dilación al procedimiento en cuestión, o su paralización total, lo cual no sucede en la especie, es evidente que la acción constitucional promovida contra las omisiones reclamadas deviene improcedente. Con base en los razonamientos expuestos, se concluye que en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, esta última relacionada con el numeral 107, fracción V, a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V , de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguense a los autos, los oficios signados por el Juez y Comisario, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la primera de dichas autoridades, consistente en copias certificadas de las constancias que obran en el juicio de nulidad absoluta de contrato privado de compraventa *** de su índice; así como del oficio ***/2018 presentado ante el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Número 14, del Instituto Nacional Electoral, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Con el contenido de los informes y anexos de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, y tomando en cuenta que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el día de hoy, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere tal audiencia para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ...

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