Alejandro Acosta Carrillo
Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/09/2022
Partes del expediente
- Alejandro Acosta Carrillo y Otros.
- secretario de Salud del Estado de México
- Katia Paola Albiter Peralta
- Alejandro Acosta Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de julio del año dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de depuración y destrucción, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, respectivamente. Por lo que, de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los noventa y treinta días siguientes, después de cumplidos tres años respecto al cuaderno original y seis meses respecto al duplicado, de haberse dictado el presente acuerdo, serán depurados y destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa adjunto a su escrito de demanda las documentales Públicas; con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger las constancias; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlo. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, AUTO QUE A LA LETRA DICE: ESA VII. Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de julio del año dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de depuración y destrucción, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, respectivamente. Por lo que, de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los noventa y treinta días siguientes, después de cumplidos tres años respecto al cuaderno original y seis meses respecto al duplicado, de haberse dictado el presente acuerdo, serán depurados y destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa adjunto a su escrito de demanda las documentales Públicas; con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger las constancias; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlo. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA LA DETERMINACION DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 524/2022-VII, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dieciséis de junio del año en curso, sin que hasta la fecha se hayan realizado manifestaciones al respecto. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento 30 de mayo de 2022 25 de mayo de 2022 15 de junio de 2022 22 de junio de 2022 Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La negativa de atención médica urgente, materializada en la omisión de aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer contra el virus SARS-CoV2 a la menor con iniciales M.I.A.A. Previa substanciación del juicio de amparo, el diez de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "...una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México, por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acrediten que ya aplicaron la primer dosis de la referida vacuna, a la menor de edad quejosa de identidad reservada de iniciales M.I.A.A., y en caso de no haberlo hecho lleven a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remitan las constancias que acrediten dicha circunstancia. 2. Una vez aplicada la primera dosis del biológico PfizerBioNTech, las autoridades responsables deberán gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del referido biólogo, a la menor quejosa..." El treinta de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Posteriormente, el dieciséis de junio del año en curso, se tuvo por recibido un escrito signado por Julio Cesar González Tapia, mediante el cual, en fecha veinticinco de mayo del año en curso, la menor de edad quejosa de iniciales M.I.A.A. fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2 para prevenir la COVID-19, exhibiendo el comprobante de vacunación que acredita lo vertido. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dieron cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrieron en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dieciséis de junio del año en curso, sin que hasta la fecha se hayan realizado manifestaciones al respecto. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento 30 de mayo de 2022 25 de mayo de 2022 15 de junio de 2022 22 de junio de 2022 Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La negativa de atención médica urgente, materializada en la omisión de aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer contra el virus SARS-CoV2 a la menor con iniciales M.I.A.A. Previa substanciación del juicio de amparo, el diez de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "...una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México, por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acrediten que ya aplicaron la primer dosis de la referida vacuna, a la menor de edad quejosa de identidad reservada de iniciales M.I.A.A., y en caso de no haberlo hecho lleven a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remitan las constancias que acrediten dicha circunstancia. 2. Una vez aplicada la primera dosis del biológico PfizerBioNTech, las autoridades responsables deberán gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del referido biólogo, a la menor quejosa..." El treinta de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Posteriormente, el dieciséis de junio del año en curso, se tuvo por recibido un escrito signado por Julio Cesar González Tapia, mediante el cual, en fecha veinticinco de mayo del año en curso, la menor de edad quejosa de iniciales M.I.A.A. fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2 para prevenir la COVID-19, exhibiendo el comprobante de vacunación que acredita lo vertido. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dieron cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrieron en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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