Alejandrino López Herrera

Expediente 349/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
349/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Alejandrino López Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación, previa acta y relación que se elabore para la identificación del expediente, procédase a la destrucción de los autos, háganse las anotaciones en los Libros de Gobierno Electrónicos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dentro del término de treinta días siguientes, remítase una copia del acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvanse al Juez relator del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, copia certificada de la carpeta judicial JO-19/2019, de su índice, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia constitucional y sentencia. En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las doce horas con veinte minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 349/2023-I, promovido por ****, por su propio derecho, ante la presencia judicial de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que da fe. Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito declara abierta la presente audiencia sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias relevantes que obran en el expediente: Demanda de amparo; auto admisorio; constancias de notificación a las partes; informe justificado de las autoridades responsables; acuerdos que los tuvieron por recibidos y se acordó lo conducente y acuerdo de tres de mayo pasado, en el que se difirió la audiencia para esta fecha. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para que surta sus efectos legales. Abierto el periodo de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales que ofreció la autoridad responsable Juez relator del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con su informe justificado. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la probanza descrita, la cual se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria hace constar que las partes no los formularon y la Fiscal de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. La Jueza de Distrito acuerda: Al no haber alegatos que reproducir, con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. Desahogada en todas sus etapas la presente audiencia, se dicta sentencia. V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 349/2023-I, promovido por en su *****, por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y de otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno a este juzgado en la misma fecha, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: "... III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO,. MARÍA CHAVEZ VALENCIA B).- ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DE ACAPULCO, GUERRERO,. C).- TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES QUE RESUELVE EN DEFINITIVA EL JUICI ORAL J.O. 19/2019." ACTO RECLAMADO: ".A).- La omisión de acordar la remisión del recurso de apelación interpuesto a la primera sala penal unitaria con sede en esta ciudad, y puerto de Acapulco, sin que las autoridades responsables cumplan con su obligación, de proveer las peticiones y recursos que se presenten ante ese juzgado de control y enjuiciamiento penal del distrito judicial de Tabares, violentando en mi perjuicio el derecho humano a un recurso judicial efectivo y de acceso a la justicia en favor del suscrito, previsto en el artículo 17 constitucional; por otra parte la suprema corte de justicia de la nación. b).- La inactividad procesal que paraliza totalmente la actividad procesal de la carpeta judicial identificada como j.o. 19/2019 seguido en contra del quejoso Alejandrino López Herrera, por el delito de violación agravada,." SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 349/2023-I; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez allegadas las constancias de notificación de las partes, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La omisión de las autoridades responsables de enviar al Tribunal de Alzada el recurso de apelación interpuesto por el defensor del imputado, aquí quejoso, contra la sentencia definitiva condenatoria dictada en la carpeta de juicio oral 19/2019. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado negaron el acto reclamado que se les imputa; sin embargo, hacen manifestaciones que evidencian su certeza. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Certeza que se corrobora con las copias certificadas que anexó, a su informe, las cuales merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto en el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice de 1995, tomo VI, página 553) En tal tenor, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, la suscrita juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causal de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el diecisiete de abril de dos mil veintitrés en el juicio oral 19/2019, de donde emana el acto reclamado, mediante oficio 1827-C/2023, de catorce de ese mes, el Juez Relator del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal, con sede en Acapulco, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, remitió a la Sala Penal Unitaria en turno de Sistema Penal Acusatorio, con sede en esta ciudad, el original de la carpeta de juicio oral en cita, dos DVD´S que contiene copia de audio y video de la audiencia de cinco de agosto de dos mil diecinueve, de las audiencias de debate de doce, diecinueve y veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, de la audiencia de emisión de fallo del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño de treinta de ese mes y año, entre otras actuaciones, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado aquí quejoso en contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. De lo antes expuesto se desprende que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues si el acto que reclama el quejoso a las autoridades responsables consiste en su omisión de remitir al Tribunal de Alzada el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado, aquí quejoso, en contra del fallo definitivo condenatorio; en tanto que con la actuación señalada en el párrafo que antecede, la citada omisión reclamada quedó superada, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al emitir un pronunciamiento al respecto, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto al momento de la presentación de la demanda de amparo (tres de abril de dos mil veintitrés), aún no se remitían los autos originales al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el defensor del quejoso en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio oral 19/2019, lo cierto es que el diecisiete del citado mes y año (data posterior a la presentación de la demanda), la autoridad responsable materializó el envío del citado medio de impugnación con los anexos correspondientes. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por *****, por derecho propio, en contra de actos que atribuye a las autoridades responsables Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Tribunal de Enjuiciamiento Penal y Administrador del Tribunal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Acapulco, Guerrero, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de María Chávez Valencia, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.-

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario, se advierte que en proveído de dos de mayo pasado, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez relator del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Luego, tomando en cuenta que el citado acuerdo se notificó por lista el día de hoy, y surtirá efectos el cuatro siguiente, es claro que aún no transcurre el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2020, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Por tanto, para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su verificativo. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado por el Juez relator del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, debido al cambio de adscripción del juez presidente del tribunal colegiado, por medio del cual rinde su informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene como prueba las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Debido el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar uno tomo de prueba por separado, para su mejor manejo, el cual estará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado cuando así lo soliciten. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

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