Alejandrino Ceballos Ponciano

Expediente 1830/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1830/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Alejandrino Ceballos Ponciano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1830/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Titular de la Dirección de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Xochitepec, Morelos, remitió diversas constancias, por el cual se ordenó formar el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1830/2018-IV, promovido por ALEJANDRINO CEBALLOS PONCIANO; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, ALEJANDRINO CEBALLOS PONCIANO, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Dirección de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública de Xochitepec, Morelos, que hizo consistir en el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación DGSP/UAI/004/2018. SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se registró con el número 1830/2018-IV, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto reclamado. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Dirección de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública de Xochitepec, Morelos, consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación DGSP/UAI/004/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho, en virtud de que así lo manifestó al rendir el informe justificado (fojas 35 a 40), lo que se encuentra corroborado con las constancias que adjuntó al mismo, consistentes en copia certificada del citado procedimiento de investigación (anexo I), documental que amerita valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente ya que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo porque la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días que señala el penúltimo de los preceptos citados. Las disposiciones legales invocadas son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Las disposiciones citadas establecen la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Ahora bien, en el caso concreto, el plazo para promover el juicio de amparo es de quince días dado que como se expondrá más adelante no se actualizan las excepciones que previstas en las fracciones I a IV del citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Se estima oportuno establecer que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece cuatro distintas hipótesis a partir de las cuales se computa el plazo de quince días: 1.- Del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2.- Aquél en que haya tenido conocimiento. 3.- Desde que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 4.- A partir del día de su entrada en vigor cuando se reclame una norma general autoaplicativa. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, de la Novena Época, con número de registro 165582, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Común, página 1931 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En el caso concreto, para determinar el momento en que comenzó a transcurrir el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, resulta aplicable la primera de las hipótesis citadas, porque el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual se encuentra previsto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que rige el mismo, por ende constituye un acto que legalmente debe notificarse, ello con independencia de ser el caso, que el quejoso tomara conocimiento de éste por medio diverso, lo que en el particular no acontece; pues como se acreditó en autos al quejoso le fue notificado el acuerdo de inicio impugnado. Cierto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que si bien el quejoso señaló en su demanda de amparo que el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho le notificaron el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo que impugna; sin embargo, tal manifestación se encuentra plenamente desvirtuada, ya que de las copias certificadas del expediente DGSP/UAI/004/2018, que remitió la autoridad responsable, se advierte la constancia de notificación del mencionado acuerdo en la que consta que se notificó personalmente al quejoso el día once de octubre de dos mil dieciocho. Actuación que por falta de impugnación debe surtir sus efectos al gozar de una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada de manera frontal y directa en su caso para estimarla nula. Luego, conforme al artículo 171, fracción VII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es aplicable, supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y ésta última establece, en el artículo 27, último párrafo, que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente en que se practican. En ese orden de ideas la notificación practicada al quejoso el once de octubre de dos mil dieciocho, surtió efectos el día doce siguiente, por tanto, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del quince de octubre y feneció el seis de noviembre de dos mil dieciocho, descontando los días inhábiles (veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, y uno a cuatro de noviembre, todos de dos mil dieciocho), siendo que la demanda de amparo fue presentada el día doce de noviembre de dos mil dieciocho, resultando evidente que la promoción de la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea al plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que debe calificarse de consentido tácitamente el acto reclamado. Sin que se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no reclama una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, ni reclama contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, tampoco un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, al haber presentado de manera extemporánea la demanda se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ALEJANDRINO CEBALLOS PONCIANO, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió el Juez responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1830/2018-IV y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda ALEJANDRINO CEBALLOS PONCIANO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable de quien señaló como acto reclamado lo siguiente: ".El acuerdo del inicio del procedimiento de remoción derivado de la investigación DGSP/UAI/004/2018, incoado en mi contra por la autoridad demandada. En el cual pretende dar por terminada la relación jurídico-administrativa entre el suscrito y el municipio. Mismo que combato en esta vía por traer aparejado un acto de imposible reparación (sic)." II.- CERTEZA DEL ACTO. El Titular de la Dirección de Asuntos Internos, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Xochitepec, Morelos, manifestó ser ciertos los actos reclamados, toda vez que se dictó acuerdo el diez de octubre del año en curso, ordenando citar para comparecer al elemento ALEJANDRINO CEBALLOS PONCIANO, a efecto de hacerle de su conocimiento el procedimiento administrativo que se ordenó en su contra, asimismo, se realizó el cambio de expediente de investigación al procedimiento administrativo con número DGSP/UAI/004/2018. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1830/2018-IV, se desprende que la parte quejosa anexó documental en su escrito inicial de demanda. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de la presente resolución, por tanto, se procede a proveer lo siguiente: Se precisa que en primer lugar, que de lo dispuesto por los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo, se advierte que de ser procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ésta ha de concederse de modo tal que no impida la continuación del procedimiento. Igualmente, no pasa inadvertido a este Juzgador Federal que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando sobre el particular que la continuación del procedimiento es de orden público. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta en tanto reciban las autoridades responsables, notificación acerca de lo que se resuelva en el fondo del juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y cause ejecutoria la sentencia. Tiene apoyo la anterior consideración por analogía la jurisprudencia P./J. 83/2003, del rubro "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVIII, Diciembre de 2003 de la Novena Época, visible en la página 6. Sentado lo anterior, con apoyo en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva del acto reclamado por lo siguiente: Toda vez que la parte quejosa refirió que el acto reclamado emana de un procedimiento de responsabilidad incoado en su contra, la suspensión no puede tener por efecto paralizar el procedimiento, pues esto contravendría disposiciones de orden público, ya que la sociedad tiene interés en que los procedimientos seguidos en forma de juicio ante las autoridades competentes prosigan hasta su conclusión, por tanto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para que se continúe con el trámite del procedimiento de responsabilidad incoado en contra del quejoso identificado como DGSP/UAI/004/2018; pero se abstenga de dictar resolución definitiva. Los efectos de la suspensión definitiva deben prevalecer hasta en tanto se notifique a las partes el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual emana este incidente de suspensión. La suspensión no surtirá efectos si el acto reclamado ya fue ejecutado, esto es, si ya se resolvió en definitiva el procedimiento administrativo de referencia, pues se estaría en presencia de un acto consumado, respecto del cual sería improcedente la suspensión. Salvedades. Se precisa que la presente medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado emana del cumplimiento de una sentencia de amparo o si fue emitida por diversas autoridades de las señaladas como responsables. Tampoco surtirá efecto en caso de que el procedimiento de separación ya se encuentre resuelto en definitiva ya que se contravendrían disposiciones de orden público, por la prohibición de reincorporarlos al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la presente determinación no tiene como efecto constituir derecho alguno en favor del quejoso, en cuanto a que permanezca en el cargo que actualmente ocupa por un periodo mayor al del nombramiento que se le haya otorgado como policía preventivo municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Preventiva y Vialidad del Municipio de Xochitepec, Morelos. Fijación de garantía. Sin que por el momento se reúnan las condiciones para fijar garantía para que dicha suspensión surta efectos en términos del artículo 132 de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ALEJANDRINO CEBALLOS PONCIANO, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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