Alejandrina Mayorga Moran
Expediente 758/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Alejandrina Mayorga Moran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, causó estado el proveído por el cual se desechó la demanda, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera. IV. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido Manual, en razón de que se desechó la demanda. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente; de ahí que el plazo para su destrucción, empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se recurrió el auto de dieciséis del mes y año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En virtud de no tener relevancia jurídica dado el sentido del fallo y al no estar contenido en el catálogo de juicios considerados de relevancia documental, como son los delitos contra la Seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, que se contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, así como resoluciones que tengan trascendencia jurídica, política, social o económica, con fundamento en lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que derogó el diverso Acuerdo 1/2001, en su oportunidad procédase a la destrucción de este juicio; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito de la quejosa ***, mediante el cual en atención a la prevención realizada en proveído de dos del mes en curso, desahoga en tiempo los puntos que le fueron solicitados de la siguiente manera: i. Manifiesta que cuando se le practicó la diligencia de emplazamiento contra la que interpuso incidente de nulidad de actuaciones dentro del juicio de origen, no se le embargaron bienes de su propiedad. ii. Expresa que dicho incidente lo interpuso únicamente contra el emplazamiento que se le practicó. iii. Indica que contra la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte (actuación que ahora reclama) interpuso recurso de revocación. II. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías y en el escrito aclaratorio, de los que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La resolución de nueve de septiembre del presente año, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 416/200 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial, por la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer contra la diligencia de emplazamiento. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento por actos intraprocesales. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el acto recamado, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: *** Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. El primer dispositivo mencionado estatuye la inviabilidad de la acción de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la invocada ley, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos o resoluciones dictadas en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber: Que sean actos dentro de juicio. Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso judicial entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por las etapas: expositiva (manifestación de las pretensiones de las partes); probatoria (ofrecimiento de los medios de prueba que se estimen conducentes para demostrar los hechos afirmados en la etapa expositiva); y, conclusiva (alegatos formulados por las partes, así como el dictado de la resolución por parte del órgano responsable). Cabe destacar que después de la última fase mencionada, en algunos casos existen las etapas impugnativa (revisión por parte del superior de la sentencia) y ejecutiva (solicitud del vencedor para que la sentencia, en caso de que el demandado no la cumpla voluntariamente, se ejecute coactivamente), aunque para los actos dictados en esta etapa, la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a manera de ejemplo: el embargo (cabe aclarar que éste no se realizó en la diligencia impugnada por medio del incidente de nulidad), la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, dado que en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la resolución definitiva le fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos y, en ese momento, será cuando dicha violación deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo, tal como lo disponen los artículos 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a los derechos fundamentales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que sólo garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos del gobernado, entre otros. Es decir, los derechos fundamentales, no son equiparables a derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. En el caso se reclaman conductas derivadas dentro del trámite del expediente 416/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial, tal como lo señaló la parte quejosa en los antecedentes narrados en su demanda de amparo, manifestaciones que tienen valor en su contra en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por ello, los actos reclamados tienen la característica de ser dentro de juicio, al emanar de un procedimiento jurisdiccional en el que se ha presentado la demanda y no se ha dictado sentencia definitiva. Pues bien, la resolución reclamada en esta vía es la interlocutoria de nueve de septiembre del presente año, dictada en el expediente 416/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial, mediante la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la quejosa contra la diligencia de emplazamiento que se le practicó (cabe aclarar que no se le embargó algún bien). Con base en ello, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, habida cuenta que dicha determinación tiene como efecto la continuación del procedimiento de origen, por lo que sólo pueden afectar sus derechos procesales, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Esto, porque tal y como lo manifiesta la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el procedimiento de origen no se le embargo bien mueble o inmueble alguno, de ahí que no se afecten sus derechos sustantivos de propiedad o posesión y no se pueda tener como una afectación irreparable en sentencia. Por ello, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pueda influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la sentencia y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si es que es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Cabe precisar que este juzgador no inobservó el criterio sostenido en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejosa: ****. V. Se deja insubsistente requerimiento. Ahora, visto el sentido de la presente resolución, se deja sin efectos el requerimiento formulado en proveído de dos del mes y año en curso, al Juez Segundo de lo Mercantil, por el que se le requirió para que en un término de veinticuatro horas informara si en el juzgado a su cargo se sigue el juicio mercantil 416/1920, promovido por María de Lourdes Soto Herrera, endosataria en procuración de FINLAG, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, contra la aquí quejosa *** y, de ser afirmativa su respuesta, remitiera copia certificada completa y legible de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se practicó a dicha quejosa, así como del auto que emitió el nueve de septiembre de dos mil veinte (acto reclamado); o bien, manifestara el impedimento que tenga para ello, toda vez que resulta innecesario que envíe las constancias solicitadas. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ****. III. Decisión sobre la instancia. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Manifieste si cuando se le practicó la diligencia de emplazamiento contra la que interpuso incidente de nulidad de actuaciones dentro del juicio de origen, también se le embargaron bienes de su propiedad. ii. En caso afirmativo, exprese si dicho incidente lo interpuso únicamente contra el emplazamiento que se le practicó o también contra el embargo. iii. Indique si contra la actuación que ahora reclama interpuso algún medio ordinario o extraordinario de defensa, por sí o por conducto de apoderado, inclusive diverso juicio de amparo. Cuestiones que son necesarias se aclaren, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo al punto relativo, lo siguiente: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. IV. Requerimiento de constancias para mejor proveer. Por otra parte, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe si en el juzgado a su cargo se sigue el juicio mercantil ****, promovido por ***, endosataria en procuración de ***, contra la aquí quejosa ***; de ser afirmativa su respuesta, deberá remitir copia certificada completa y legible de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se practicó a dicha quejosa, así como del auto que emitió el nueve de septiembre de dos mil veinte (acto reclamado); o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: ***. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a ***, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a ****, por no existir su registro en dicho sistema. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Firma del presente acuerdo. De conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente.
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