Alejandrina María Elena Vilchis Ballesteros

Expediente 855/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
855/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Juez Tercero Civil con residencia en Toluca, Estado de México
  • Alejandrina María Elena Vilchis Ballesteros

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    ÚNICO. Se desecha de plano por su notaria improcedencia la demanda de amparo presentada por Alejandrina ***********, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de ***********.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DEL PRESENTE MES Y AÑO, EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 855/2019, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Toluca, Estado de México, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. A sus antecedentes el oficio de cuenta, por virtud del cual la autoridad responsable rinde su informe justificado y remite el escrito original de la demanda de amparo con la certificación de ley, el emplazamiento del tercero interesado y copia certificada de las actuaciones del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 315/2019, de donde deriva el acto aquí reclamado. Acúsese recibo. Ahora, en el caso, ********, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de ********, reclama la sentencia definitiva de once de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 315/2019. Acto que de acuerdo en el numeral 170 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que decide el juicio en lo principal, al resolver la controversia planteada, lo que le da el carácter de definitiva, que se requiere para ser impugnada en el juicio de amparo directo, competencia que ya fue aceptada por este órgano colegiado por auto de doce de noviembre del presente año. Sin embargo, la Constitución General de la República, en el artículo 107, fracción III, inciso a), literalmente expresa: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;." Por su parte, el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, señala que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos y se renuncien. Por tanto, las reglas constitucionales y legales que estructuran al juicio de amparo vinculan la procedencia del juicio de amparo al hecho de que no sea susceptible de ser revocado o modificado por medio de la interposición de un recurso ordinario. De ese modo, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Lo anterior pone de relieve que para que el amparo que se promueve fuera procedente se requería que la quejosa hubiera satisfecho el principio de definitividad, lo cual no sucedió, ya que no interpuso el recurso de apelación previsto en los artículos 1.377 y 1.379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por ello, resulta que la quejosa debió interponer el recurso de apelación contra la sentencia de fondo de once de octubre de dos mil diecinueve, la cual por auto de cinco de noviembre siguiente causó estado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 34, 170, párrafo tercero, y 171, interpretados a contrario sensu y con apoyo en el numeral 179 de la propia ley, lo procedente es desechar de plano por su notoria y manifiesta improcedencia la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Época: Décima Época, Registro: 2009523, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.3o.C.92 K (10a.), Página: 2362, que es del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA DESECHAR LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA O UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Federal; 34, párrafo primero y 170 de la Ley de Amparo vigente; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, cuando se trate de: a) Una sentencia definitiva o laudo; o, b) Una resolución que ponga fin al juicio. Es decir, que la cualidad de sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio ya no depende de que se haya o no agotado el recurso ordinario, sino que para establecer si son materia de amparo en la vía directa ha de atenderse a su contenido; mientras que el determinar si la ley de la materia que rige el acto establece o no recurso, bastará para definir la procedencia del juicio de amparo, puesto que si el recurso no se agotó el amparo será improcedente y debe ser desechado de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La conclusión anterior conlleva establecer que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para desechar una demanda de amparo promovida contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, por no haberse agotado el recurso ordinario procedente con el que pudo modificarse o revocarse esa sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio. De ahí que, en ese supuesto, no procede declarar la incompetencia legal del Tribunal Colegiado de Circuito." Por último, intégrese al presente asunto el escrito de alegatos del tercero interesado solo para que obre como corresponda, debido a lo proveído en líneas precedentes; sin embargo, con forme a los numerales 26, 27 y 24 de la ley de la materia, se tiene por designado el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones de carácter personal, y por autorizado para tal efecto, así como recoger documentos e imponerse de los autos al profesionista mencionado. Por lo expuesto con antelación: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano por su notaria improcedencia la demanda de amparo presentada por ********, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de ********. Notifíquese personalmente a la quejosa y mediante oficio al Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el magistrado Ricardo Romero Vázquez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Fernando Lamas Pérez. Doy fe."

  3. Juicio de Amparo Directo

    Se acepta la competencia planteada por la autoridad federal remitente. Ahora, con fundamento en los artículos 178, 29, 12 y 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se acuerda: Se solicita atentamente al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ordene a quien corresponda certifique al pie de la demanda la fecha de notificación a la parte quejosa de la sentencia reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; además, rinda su informe con justificación anexando a la demanda de amparo los autos de donde emana el acto reclamado con sus anexos; asimismo, deberá ordenar a quien corresponda corra traslado a la tercera interesada con alguna de las copias de la demanda de amparo que se acompañan; por último, deberá dejar copia autorizada de las actuaciones que estime necesarias para que, si fuera el caso, provea sobre la ejecución de la sentencia reclamada o respecto a la suspensión. Toda vez que los estrados no se encuentran previstos por la ley de la materia para oír y recibir notificaciones, las de carácter personal hágansele por lista. Respecto a los profesionistas mencionados, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales, a ellos y a las demás personas indicadas se les autoriza para el solo efecto de oír notificaciones, recoger documentos e imponerse de los autos; una vez que registren sus cédulas, la impetrante de amparo deberá pedir nuevamente se les reconozca la autorización requerida. Finalmente, ... se hace saber a la parte quejosa su derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3, de la ley abrogada sobre transparencia; en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa; esto con relación a lo establecido en el artículo segundo transitorio, párrafo segundo, de la ley de transparencia vigente.

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