Alejandra Zulema Hernández Alvarez
Expediente 447/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alejandra Zulema Hernández Alvarez
- Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró sin materia la denuncia de repetición del acto reclamado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el numerales 202 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a y b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. ...
- Principal
El trece de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 18612 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita se le conceda una prórroga para tal fin. Atento a lo anterior, por única ocasión se le concede a la oficiante una prórroga de diez días hábiles siguientes a su legal notificación, para que remita a este Tribunal Federal las constancias relativas al cumplimiento total de la sentencia protectora dictada en este juicio constitucional, haciéndole saber que queda subsistente la multa decretada en autos para el caso de incumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, ante Diana Jaimes Villanueva, Secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. HGO.
- Principal
El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente juicio de derechos, no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y la promoción registrada con el folio 18206. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal, en el amparo en revisión administrativo 391/2018, así como los autos del juicio de amparo 447/2018. Acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó en materia de la revisión la sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 104, 113-126), dictada dentro del presente asunto. Ahora, de la ejecutoria de mérito se desprende que la sentencia del Tribunal Revisor fue en el sentido de modificar la sentencia recurrida, en virtud de que dejó firme la parte en que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto del cobro por concepto de Cruz Roja y en la materia de la revisión, determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa; por tanto, para efectos estadísticos regístrese la aludida modificación por los razonamientos expuestos. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a las autoridades responsables secretario de Finanzas de Gobierno del estado, residente en esta ciudad, y jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de la aludida Secretaría, para que dentro del término de tres días hábiles legamente computados, dén cabal cumplimiento a la resolución protectora en los siguientes términos: Sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho: [.] "En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo solicitado para que las autoridades exactoras devuelvan debidamente actualizado el monto erogado en el recibo de pago número de folio V 73784 (1 5) de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por concepto de aportación a la Cruz Roja". [.] Sentencia del Tribunal Revisor : [.] "Bajo esta perspectiva, en lo que atañe a la materia de la revisión, procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que las autoridades que sean vinculadas por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no apliquen a la impetrante del amparo en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, del Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se promulgaron y publicaron las reformas y adiciones diversas disposiciones, entre las cuales, se destaca el artículo 99 citado que regula la contribución de derechos de control vehicular. Asimismo, las autoridades responsables recaudadoras Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, y Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de la misma Secretaría, deberán devolver a la quejosa la cantidad cubierta que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, devolución que deberá hacer previa actualización". Asimismo, remitan las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que en el presente caso sea necesario requerir el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables Congreso y gobernador, ambas del estado, con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por la quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a disposición de la quejosa dicho documento por el término de noventa días naturales, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrá ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente juicio de derechos, no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y la promoción registrada con el folio 18206. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal, en el amparo en revisión administrativo 391/2018, así como los autos del juicio de amparo 447/2018. Acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó en materia de la revisión la sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 104, 113-126), dictada dentro del presente asunto. Ahora, de la ejecutoria de mérito se desprende que la sentencia del Tribunal Revisor fue en el sentido de modificar la sentencia recurrida, en virtud de que dejó firme la parte en que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto del cobro por concepto de Cruz Roja y en la materia de la revisión, determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa; por tanto, para efectos estadísticos regístrese la aludida modificación por los razonamientos expuestos. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a las autoridades responsables secretario de Finanzas de Gobierno del estado, residente en esta ciudad, y jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de la aludida Secretaría, para que dentro del término de tres días hábiles legamente computados, dén cabal cumplimiento a la resolución protectora en los siguientes términos: Sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho: [.] "En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo solicitado para que las autoridades exactoras devuelvan debidamente actualizado el monto erogado en el recibo de pago número de folio V 73784 (1 5) de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por concepto de aportación a la Cruz Roja". [.] Sentencia del Tribunal Revisor : [.] "Bajo esta perspectiva, en lo que atañe a la materia de la revisión, procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que las autoridades que sean vinculadas por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no apliquen a la impetrante del amparo en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, del Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se promulgaron y publicaron las reformas y adiciones diversas disposiciones, entre las cuales, se destaca el artículo 99 citado que regula la contribución de derechos de control vehicular. Asimismo, las autoridades responsables recaudadoras Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, y Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de la misma Secretaría, deberán devolver a la quejosa la cantidad cubierta que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, devolución que deberá hacer previa actualización". Asimismo, remitan las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que en el presente caso sea necesario requerir el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables Congreso y gobernador, ambas del estado, con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por la quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a disposición de la quejosa dicho documento por el término de noventa días naturales, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrá ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.
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