ALEJANDRA VILLEGAS RODRÍGUEZ (DEFENSORA) y Otros.
Expediente 870/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALEJANDRA VILLEGAS RODRÍGUEZ (DEFENSORA) y Otros.
- Marcela Martínez Morales, Magistrada de la Segunda Sala Unitaria En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia En el Estado de Puebla
- Luis Aaron Rodríguez Villegas
Actuaciones
- Principal
... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Destino de expediente Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es destruible, de conformidad con el diverso 20, fracción IV, del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el artículo 21 del acuerdo normativo. Anotación en la carátula Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin oposición de datos personales Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo....
- Principal
Puebla, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su defensora particular ******************** contra los actos de la MARCELA MARTÍNEZ MORALES, MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA y JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. Desechamiento de la demanda de amparo Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la MARCELA MARTÍNEZ MORALES, MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA: 1. la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación ********************, de su índice, por la que declara improcedente el recurso de apelación, respecto a la no exclusión de pruebas ofertadas por la fiscalía en la audiencia intermedia de doce de junio del año citado, derivada de la carpeta judicial administrativa ********************. Del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: 2. El proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el que reanuda los plazos establecidos en el numeral 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para remitirlo al Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, contra la determinación del punto 1 el juicio de amparo resulta improcedente, pues el aspecto que subyace es el atinente a la exclusión, por parte del juez de Control, de las pruebas solicitadas por la defensa del quejoso. Por tanto, si bien se atribuyó a la sala la inadmisibilidad del recurso de apelación, lo cierto es que el tema toral es la exclusión de pruebas, consistentes en los testimonios de "******************** agente de investigación; del menor de edad identificado con las iniciales ********************: ******************** agente investigador: ******************** perito en psicología: ******************** perito en psicología y ******************** perito en criminalística", por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación ********************, por la que se declara improcedente el recurso de apelación, respecto a la no exclusión de pruebas ofrecidas por la fiscalía en la audiencia intermedia de doce de junio del año citado, derivada de la carpeta judicial administrativa ********************; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que tal afectación, en su caso, se actualizará hasta el momento de sean desahogadas y valoradas en la etapa de juicio, esto es, se desconoce si ello habrá de ocurrir y su trascendencia, por lo cual será hasta entonces que, de generarle alguna afectación en sus derechos sustantivos, estará en condiciones de controvertirlos en la forma que estime procedente. Sirven de apoyo las tesis de rubro y texto siguiente:... MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LOS ADMITE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El auto del Juez de control que admite medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, constituye un acto de naturaleza intraprocesal impugnable en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo; mas no en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que dicha cuestión no actualiza algún caso de excepción a los que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley citada para la procedencia de la vía biinstancial, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, ya que en este último precepto el legislador estableció una interpretación sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido; es decir, ese contexto normativo sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos inmediata e irreparablemente con la sentencia definitiva; aunado a que tampoco puede apoyarse la procedencia del juicio de amparo indirecto en el hecho de que la Ley de Amparo debe adecuarse al nuevo sistema penal de corte acusatorio y oral, ya que si ésa hubiese sido la intención del legislador, éste estuvo en aptitud -en uso de su libertad configurativa- de establecer hipótesis específicas, como sí lo hizo en diversos de sus preceptos, por ejemplo, con el auto de vinculación a proceso; de ahí que ni aun en este caso es dable sostener la procedencia del juicio de amparo biinstancial. ... PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Desechamiento que se hace extensivo al acto reclamado al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, consistente en el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el que reanuda los plazos establecidos en el numeral 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para remitirlo al Tribunal de Enjuiciamiento, toda vez que es consecuencia de la determinación reclamada a la sala señalada como responsable, esto es, constituye la actuación necesaria dentro de la secuela procesal, motivada por la inadmisión de tal medio de defensa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Domicilio Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo. No ha lugar medio de contacto Por lo que respecta al correo electrónico y número telefónico proporcionado, no ha lugar a tenerlos como medios de contacto y servicios de mensajería instantánea, a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional, toda vez que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DEL TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no los contempla. Acceso expediente electrónico Téngase proporcionando el nombre de usuario "********************", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Transparencia y acceso a la información Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio que indicó para tal efecto. Así lo proveyó y firma José Doger Amador, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del oficio CCJ/ST/3632/2023, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ramiro Ramírez y Escobedo, secretario que autoriza y da fe.
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Puebla, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su defensora particular ******************** contra los actos de la MARCELA MARTÍNEZ MORALES, MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA y JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. Desechamiento de la demanda de amparo Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la MARCELA MARTÍNEZ MORALES, MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA: 1. la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación ********************, de su índice, por la que declara improcedente el recurso de apelación, respecto a la no exclusión de pruebas ofertadas por la fiscalía en la audiencia intermedia de doce de junio del año citado, derivada de la carpeta judicial administrativa ********************. Del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: 2. El proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el que reanuda los plazos establecidos en el numeral 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para remitirlo al Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, contra la determinación del punto 1 el juicio de amparo resulta improcedente, pues el aspecto que subyace es el atinente a la exclusión, por parte del juez de Control, de las pruebas solicitadas por la defensa del quejoso. Por tanto, si bien se atribuyó a la sala la inadmisibilidad del recurso de apelación, lo cierto es que el tema toral es la exclusión de pruebas, consistentes en los testimonios de "******************** agente de investigación; del menor de edad identificado con las iniciales ********************: ******************** agente investigador: ******************** perito en psicología: ******************** perito en psicología y ******************** perito en criminalística", por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación ********************, por la que se declara improcedente el recurso de apelación, respecto a la no exclusión de pruebas ofrecidas por la fiscalía en la audiencia intermedia de doce de junio del año citado, derivada de la carpeta judicial administrativa ********************; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que tal afectación, en su caso, se actualizará hasta el momento de sean desahogadas y valoradas en la etapa de juicio, esto es, se desconoce si ello habrá de ocurrir y su trascendencia, por lo cual será hasta entonces que, de generarle alguna afectación en sus derechos sustantivos, estará en condiciones de controvertirlos en la forma que estime procedente. Sirven de apoyo las tesis de rubro y texto siguiente:... MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LOS ADMITE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El auto del Juez de control que admite medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, constituye un acto de naturaleza intraprocesal impugnable en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo; mas no en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que dicha cuestión no actualiza algún caso de excepción a los que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley citada para la procedencia de la vía biinstancial, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, ya que en este último precepto el legislador estableció una interpretación sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido; es decir, ese contexto normativo sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos inmediata e irreparablemente con la sentencia definitiva; aunado a que tampoco puede apoyarse la procedencia del juicio de amparo indirecto en el hecho de que la Ley de Amparo debe adecuarse al nuevo sistema penal de corte acusatorio y oral, ya que si ésa hubiese sido la intención del legislador, éste estuvo en aptitud -en uso de su libertad configurativa- de establecer hipótesis específicas, como sí lo hizo en diversos de sus preceptos, por ejemplo, con el auto de vinculación a proceso; de ahí que ni aun en este caso es dable sostener la procedencia del juicio de amparo biinstancial. ... PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Desechamiento que se hace extensivo al acto reclamado al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, consistente en el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el que reanuda los plazos establecidos en el numeral 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para remitirlo al Tribunal de Enjuiciamiento, toda vez que es consecuencia de la determinación reclamada a la sala señalada como responsable, esto es, constituye la actuación necesaria dentro de la secuela procesal, motivada por la inadmisión de tal medio de defensa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Domicilio Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo. No ha lugar medio de contacto Por lo que respecta al correo electrónico y número telefónico proporcionado, no ha lugar a tenerlos como medios de contacto y servicios de mensajería instantánea, a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional, toda vez que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DEL TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no los contempla. Acceso expediente electrónico Téngase proporcionando el nombre de usuario "********************", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Transparencia y acceso a la información Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio que indicó para tal efecto. Así lo proveyó y firma José Doger Amador, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del oficio CCJ/ST/3632/2023, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ramiro Ramírez y Escobedo, secretario que autoriza y da fe.
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