Alejandra Villaseñor Benitez

Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1297/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Villaseñor Benitez
  • Romina Villaseñor Benitez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio signado en representación del Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que los artículos 90, y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, declarados inconstitucionales han sido desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre y cuando no sean objeto de reforma, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Notario Público pretende desahogar prueba de informes. Téngase por recibido el escrito del Titular de la Notaria Pública Número ********* con ejercicio en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló en autos, en atención, se explica y se provee: II. Se requiere constancias. Si bien es cierto que desahogó los puntos propuestos por la parte quejosa, también lo es que las constancias que remitió en sustento al mismo las remitió en copia simple, esto es, carecen de la respectiva certificación del fedatario público. Atento a lo anterior, a fin de estar en condiciones de integrar y resolver el presente juicio, requiérase al citado fedatario público, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto; Remita en copia certificada las constancias consistentes en el recibo de pago número 8437 y tabulador ******* que acompaño en sustento a su escrito de deshago de prueba ofertado en autos, las cuales deberán estar completas y legibles. En relación con la escritura pública 13,998 (trece mil novecientos noventa y ocho), de once de septiembre de dos mil veintitrés, informe si cuenta con algún documento del que se advierta que hizo del conocimiento del aquí quejoso los artículos sustento del pago de derechos registrales generados con motivo de la protocolización de dicho instrumento, como puede ser, de manera enunciativa, tabulador, factura, recibo de pago o de honorarios; y remita copia certificada del mismo. Asimismo, se requiere a dicho Notario para que el ocurso por el que desahogue el presente requerimiento, lo presente de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se apercibe al fedatario público, que de no cumplir con el requerimiento formulado, se le impondrá multa por CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.". IV. Alegatos. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio suscrito en representación del Gobernador del Estado de Querétaro; visto su contenido, se le tienen por formuladas manifestaciones a manera de alegatos, entre los que hace valer causas de improcedencia, las que, en su caso, se analizaran en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de que se haga relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. V. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, las que refiere en su oficio, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************, por su propio derecho, contra actos de la Legislatura, Gobernador y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Estado de Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número *******/2023 Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento parcial. Previo a proveer lo que en derecho corresponda, respecto la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar del análisis integral de la demanda de amparo, a que este órgano jurisdiccional está obligado, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Legislatura del Estado de Querétaro; 2. Gobernador del Estado de Querétaro; y, 3. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. Asimismo, que los actos reclamados los hace consistir en: El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales; La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en los documentos que menciona en su demanda. En ese tenor, por lo que ve al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable: "Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, consistente en el cobro de las contribuciones cuya constitucionalidad se impugna, el presente controvertido deviene improcedente. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En el caso, existe jurisprudencia que establece que la autoliquidación de contribuciones no es imputable a las autoridades exactoras, tal como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367 del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por ende, al actualizarse una causa de improcedencia derivada de la existencia de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA la demanda respecto de los actos reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. Además, debe destacarse que esta decisión no causa agravio jurídico alguno a la autoridad ejecutora, toda vez que no se afecta acto alguno que hayan emitido y en términos del artículo 87 de la Ley Reglamentaria, tratándose de juicios de amparo contra leyes, sólo las autoridades encargadas de la promulgación de la norma están facultadas para defender su constitucionalidad, ya que la autoridad recaudadora sólo está facultada para interponer el recurso de revisión cuando controvierta el efecto dado al fallo protector que la vincula, tal como se desprende de la jurisprudencia de rubro "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA." (2a./J. 11/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1243); ya que tampoco tiene legitimación cuando aduzca causales de improcedencia, como deriva del diverso criterio del Tribunal Pleno, de rubro "REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." (Tesis: 2517, Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia Constitucional, página 1750). De ahí que si no se le reconoce legitimación a la autoridad recaudadora en todos los casos para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, tratándose de proveídos de trámite impugnables en queja, no se materializa acto alguno que le cause un perjuicio actual y cierto en su esfera jurídica. Por tanto, la eventual afectación al erario con el dictado de la sentencia concesoria, es un acto futuro e incierto, razón por la cual es innecesario tenerlas en este juicio como autoridades responsables, pues no se les ocasiona agravio jurídico alguno hasta este momento. Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." (2a./J. 128/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 235), así como la de diversa de epígrafe "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." (2a./J. 11/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 659); sin embargo, la primera se emitió con anterioridad a la expedición de la jurisprudencia citada en párrafos precedentes; en tanto que la segunda de las invocadas, se refiere al supuesto en que no se reclame la norma por vicios propios sino sólo el acto de aplicación, caso en el que debe llamarse a la ejecutora para que haga valer lo que a su interés convenga, esto es, también para combatir los efectos del fallo de amparo, supuesto que no es el de la especie pues sí se controvirtió la constitucionalidad de las normas impugnadas, y se está en el supuesto de la afectación futura e incierta, no inminente. V. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda contra actos de la Legislatura y Gobernador ambos del Estado de Querétaro, por cumplir con los requisitos que establece la Ley de Amparo. Se precisa que en el presente juicio de amparo se tramitará bajo las reglas previstas en el artículo 118 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados provienen de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática. VI. Representante común. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común a ********. Sin perjuicio de que la parte quejosa la sustituya. VII. Fecha y hora de audiencia constitucional. Se fijan las DOCE HORAS Y VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. VIII. Incidente de suspensión. Sin que pase por inadvertido que la parte quejosa en los puntos petitorios solicitó se requiera a las autoridades responsables su informe previo y justificado, sin embargo, no se está en el caso de formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. IX. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto de autoridad que se reclama, en el caso, no hay persona a la que asista el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III de la Ley de la Materia. X. Intervención al Agente del Ministerio Público. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, pues para el presente asunto así lo prevé el ordinal 26, fracción II, inciso c), de la referida ley. XI. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 116 y 118 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para rindan informe justificado dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga; en el entendido que, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberán acompañar, en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. XII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. XII. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que haga llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que se estimen necesarios para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XIV. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XV. Requerimiento por constancias sobre la actualización de causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XVI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XVII. Prueba. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la parte quejosa: 1) la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Sin que pase por inadvertido que la quejosa refiere ofrecer como prueba las documentales pública y privada a que hace referencia en su escrito de demanda, sin embargo, las mismas no fueron allegadas al presente juicio de amparo. XVIII. Prueba de informes. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio, se admite la prueba de informes que solicita a cargo del Notario Público Número ******** con ejercicio en esta ciudad de Querétaro, en los términos propuestos, debiendo exhibir copia certificada de la escritura pública origen del acto reclamado; por tanto, requiérase a dicho fedatario para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto cumpla con lo solicitado. Asimismo, se requiere a dicho fedatario para que el ocurso por el que desahogue el presente requerimiento, lo presente de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado, no así por correo electrónico. De no contar con esa información, manifieste la imposibilidad jurídica que tenga para tal efecto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.32/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 721 del tomo XXIX, Abril 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Correspondiente a la Novena Época, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo, o bien omitiere cumplir con algún inciso, en términos de los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. XIX. Se hace del conocimiento. Hágase saber a la parte quejosa que, en caso de obtener sentencia favorable en el presente asunto, y con miras a lograr la simplificación y eficacia en el trámite de ejecución de este expediente, desde este momento, se encuentra en aptitud de solicitar ante este órgano jurisdiccional que el reintegro de la cantidad que pudiera serle devuelta, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito y bajo protesta de decir verdad elevar expresamente su petición, proporcionando los siguientes datos; razón social o nombre del beneficiario y título de la cuenta, Registro Federal de Contribuyentes, Entidad Federativa, Municipio, ciudad, colonia, calle, número exterior, interior y letra, código postal, teléfono, fax, correo electrónico, banco, número de cuenta y clabe interbancaria (dieciocho dígitos), la cual tendrá que corresponder forzosamente a la parte quejosa, acompañando además el documento que lo avale; a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente. En el entendido de que la anterior determinación atiende al elevado cúmulo de expedientes que ante este órgano jurisdiccional se tramita en etapa de ejecución de sentencia, donde el uso de la tecnología disminuye significativamente el empleo de recursos materiales y humanos; lo cual, va acorde con el espíritu de la Ley de Amparo, en la que se contemplan figuras como la notificación y firma electrónica, cuyo fin precisamente es la sistematización en el trámite de los juicios. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la parte quejosa quien reciba la cantidad requerida. XX. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y, como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a las diversas personas que señala, por no cumplir con dicho requisito. XXI. Autorización de consulta de manera electrónica. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta electrónica del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario registrado ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. XXII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa exhibió póliza de fianza 4256-01855-0 expedida por la ********************, que ampara la cantidad de $6,518.11 (seis mil quinientos dieciocho 11/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios a terceros; asimismo que ya trascurrió el plazo de seis meses, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la interesada hiciera valer el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías. Por lo que en proveído quince de mayo de dos mil veintitrés, se puso a disposición de la parte quejosa por el plazo de dos años la póliza exhibida en autos. En tal virtud de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para efecto de que: De conformidad con el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, se ordena la cancelación de la póliza en cuestión, para lo cual hágase la devolución vía oficio a la ********************, ya que su obligación como fiadora se ha extinguido, en el entendido que su devolución deberá hacerse a través de su agente o representante en el domicilio correspondiente por conducto del actuario judicial, quien deberá levantar la constancia respectiva. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el articulo por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a ********************, para que en el término de tres días hábiles, tenga a bien informar las gestiones que realiza en torno a la cancelación de dicha póliza, ello a fin de que este Juzgado Federal lleve a cabo el trámite correspondiente. II. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo, se le impondrá una multa, equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259, todos de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés.

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