Alejandra Vieyra Garcia

Expediente 1321/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1321/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Vieyra Garcia
  • Felipe Ángel Nieves Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que al actuario judicial no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Felipe Ángel Nieves, ya que al constituirse en el domicilio ubicado en calle Corregidora, número 395, interior C, colonia Centro, en esta ciudad, procedió a llamar a la puerta sin que nadie acudiera su llamado, por lo que procedió a dirigirse al local continuo, donde fue atendido por una persona de sexo masculino, quien le informó que en el domicilio buscado había un despacho jurídico pero que aproximadamente hace cuatro meses que se fueron, desconociendo donde puede ser localizado el citado tercero interesado. Ahora bien, constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el juicio principal del que deriva el incidente en el que se actúa, en la propia fecha, se dio vista a la parte quejosa a fin de que proporcionara domicilio a fin de lograr el emplazamiento del citado tercero; por tanto, se reserva hacer lo conducente hasta en tanto se logre el emplazamiento del tercero en el cuaderno principal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que a la actuaria judicial no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Felipe Ángel Nieves, ya que al constituirse en el domicilio ubicado en calle Corregidora, número 395, interior C, colonia Centro, en esta ciudad, procedió a llamar a la puerta sin que nadie acudiera su llamado, por lo que procedió a dirigirse al local continuo, donde fue atendido por una persona de sexo masculino, quien le informo que en el domicilio buscado había un despacho jurídico pero que aproximadamente hace cuatro meses que se fueron, desconociendo donde puede ser localizado el citado tercero interesado. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale diverso domicilio para emplazar al referido tercero interesado, o bien, precise mayores datos a fin de poder llevarlo a cabo; apercibida que de no hacerlo en dicho término se acordará lo que en derecho proceda. Con independencia de lo anterior y en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase mediante oficio al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, proporcione el último domicilio que señaló Felipe Ángel Nieves dentro del juicio de origen, apercibida que de no cumplir con ello se harán efectivos los apercibimientos formulados en el auto admisorio de demanda de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se ordena agregar sin hacer mayor pronunciamiento el informe previo que rinde el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, toda vez que por interlocutoria de catorce de los actuales se resolvió en definitiva el incidente en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    ... Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, así como con las remitidas por la autoridad responsable. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Síndico Municipal de Huaniqueo, Michoacán, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por razón de turno, el conocimiento de esa demanda de amparo correspondió a este juzgado, quien en auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés (foja 10) la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo del año que transcurre (foja 18) el quejoso formuló ampliación de la demanda, la cual inicialmente se reservó y en auto de dieciséis de junio siguiente, se admitió respecto del nuevo acto reclamado, el cual el peticionario del amparo hizo consistir en el citatorio de cuatro de mayo del año en curso. Seguido el juicio por su cauce legal, en auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad municipal con sede en Huaniqueo, Michoacán, lugar en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Director Local Michoacán y del Subdirector de Administración del Agua, ambos de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad: El citatorio emitido por la autoridad responsable el dieciocho de abril del año en curso, para que el quejoso compareciera al Ayuntamiento de Huaniqueo a una audiencia conciliatoria señalada inicialmente para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de abril del mismo año en curso; y, El citatorio emitido por la autoridad responsable el cuatro de mayo del año en curso, para que el quejoso compareciera al Ayuntamiento de Huaniqueo a una audiencia conciliatoria señalada a las doce horas del cinco de mayo de este año. Tercera. Certeza de los actos. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados como se aprecia del informe justificado y del relativo a la ampliación de demanda (fojas 34 y 47). Lo que se corrobora de las constancias aportadas por dicha autoridad, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar sobre la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este órgano de control constitucional estima que en el caso se surte una causal de improcedencia, toda vez que los citatorios de los que se duele el quejoso en esta instancia de amparo no es de aquéllos cuyos efectos sean de imposible reparación, En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, lo que deja abierta la posibilidad de atender otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones II y III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicados en su interpretación inversa, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En demás los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el artículo 107, fracciones II y III, interpretados sistemáticamente, de la misma ley, prevén que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, así como contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que los actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, interpretadas en sentido contrario dichas disposiciones, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquel que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Carta Magna. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, con registro digital 2019052, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, página 1341, que dispone: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." Lo resaltado es propio. Asimismo, por analogía jurídica, la jurisprudencia XX.2o.P.C. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito Suprema, con registro digital 2016536, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 1844, que dice: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada." Ahora, como quedó precisado, la parte quejosa reclama dos citatorios emitidos por la autoridad responsable para que el quejoso compareciera al Ayuntamiento de Huaniqueo a una audiencia conciliatoria; al rendir su informe justificado y diversos informes aclaratorios, la responsable señaló lo siguiente: *Que no existe ningún expediente del que deriven dichas invitaciones, ya que con el fin de procurar la buena vecindad, a través de la Sindicatura Municipal se invita a quienes tengan conflictos de naturaleza no jurídica, a dialogar a fin de limar asperezas y evitar con ello el inicio de juicios o conductas que pudieran considerarse delictivas; *Que los citatorios de los que se duele el quejoso, fueron emitidos porque el hermano del quejoso ********************deseaba entrevistarse con su hermano para tratar una problemática de índole familiar, sin que por ello se formara expediente alguno, ni en ese, ni en ningún caso; y, *Que el no acudir a las invitaciones, en ningún momento se genera sanción o acción alguna en perjuicio de las partes, puesto que se dejan a salvo los derechos de la parte afectada para proceder en la vía que considere oportuno. Lo anterior permite sostener que los actos reclamados no son de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera; asimismo, no afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es así, ya que los citatorios y/o invitaciones para que el quejoso acuda al Ayuntamiento de Huaniqueo, fueron generados en sede conciliatoria con el único propósito de mediación ante un aparente conflicto familiar suscitado con su hermano; sin embargo, en los mismos no se contiene un apercibimiento de sanción o multa; al contrario, la responsable señaló que el hecho que el quejoso no acudiera a las invitaciones, en ningún momento le genera sanción o acción alguna, puesto que se dejan a salvo los derechos de la parte afectada para proceder en la vía que considere oportuno. De esta manera, si la emisión de esos citatorios no impide en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo constitucional o convencional, que en el caso lo sería propiamente el derecho a la libertad personal, entonces, es evidente que los actos reclamados no participan de las notas distintivas de los actos de imposible reparación y por ende, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio, en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones II y III, inciso b), de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1070 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de dos mil quince, materia común, décima época, registro 2009478, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO". Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción II y III, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos que afecten derechos sustantivos del quejoso, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Quinta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** por las razones expresadas en la consideración cuarta que antecede, en relación con las autoridades señaladas como responsables. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración quinta. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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