Alejandra Venegas Duran
Expediente 579/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/04/2021
Partes del expediente
- Alejandra Venegas Duran
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA
- Alejandra Venegas Duran y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se tiene por recibida la constancia 2811994676, del servicio de mensajería denominado "Estafeta", por la que devuelve el comunicado 3968/2021 con anexo, del índice de este Juzgado de Distrito, librado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Economía, mediante el cual se hace de su conocimiento que la sentencia recaída al presente juicio de amparo quedó firme y se ordenó su archivo. Por tanto, agréguese el oficio al presente asunto sin los anexos y reexpídase para los efectos legales conducentes, en la inteligencia de que debe ser reenviado al domicilio actual y correcto de dicha autoridad, anexando de nueva cuenta las constancias del traslado.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de quince de diciembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Devolución de constancias a la parte quejosa. Toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa requiérasele para que acuda a este juzgado de Distrito a recogerlos dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no hacerlo, serán destruidos sin ulterior acuerdo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que revisado el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa, se advierte que no fueron incorporadas al sistema de seguimiento de expedientes las notificaciones a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud, Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y los impetrantes, relativas al auto de quince de diciembre de dos mil veinte; por lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que de haberla realizado, la integre al citado sistema o en su defecto, de inmediato la efectué.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de diciembre de dos mil veinte. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos y revisadas las constancias del juicio en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que nueve de mayo de dos mil veinte, la parte quejosa **** y *****, presentaron demanda de amparo, en la que señalaron como autoridades y actos reclamados los siguientes: Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a quien le reclamó el Acuerdo "DIELAG ACU 026/2020", publicado el diecinueve de abril de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el veinte de abril del año en curso; asimismo, dicho acuerdo, en su artículo cuarto, señala que las medidas de seguridad sanitaria estipuladas en dicho Acuerdo estarían vigentes hasta el diecisiete de mayo de dos mil veinte. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud, a quienes les reprochó el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación "ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", mismo que en su artículo primero, fracción I, establece que la vigencia del mencionado Acuerdo será del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte. Del Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, se duele de los operativos que pudiera llevar a cabo para ejecutar los Acuerdos emitidos por los ejecutivos federal y estatal. Lo anterior, sustentado en que el giro de los quejosos, no se encuentra contemplado en las actividades catalogadas como esenciales, toda vez que se dedican a la venta de ropa con nombre comercial "Calzado Eliza Duran". En ese sentido, este juzgador advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama, por una parte, el acuerdo "DIELAG ACU 026/2020", publicado el diecinueve de abril de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el cual, establece lo siguiente: "Primero. Se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria: I. Toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable. II. El resguardo domiciliario corresponsable aplica, de manera estricta y sin excepción, a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepática. III. Se reitera la suspensión inmediata de las actividades definidas como no esenciales, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. IV. En todos los lugares, recintos y establecimientos, públicos o privados, en los que se realicen actividades definidas como esenciales, se deberán adoptar, en todo momento y de manera obligatoria, las siguientes prácticas de higiene y sana distancia: a. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; b. Las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); c. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); y d. Mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por la Secretarías de Salud, tanto federal como estatal. V. Queda prohibida la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social; VI. Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. VII. Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios y demás análogos. VIII. Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público; así como en aquellos establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades esenciales. Segundo. Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el presente acuerdo le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, referidas en el considerando VII. Los establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades esenciales que no cumplan con las obligaciones y medidas definidas en este acuerdo, deberán ser clausurados de inmediato, con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad municipal competente. Cuarto. Las anteriores medidas de seguridad sanitaria estarán vigentes hasta el día 17 de mayo de 2020, pudiendo ampliarse su vigencia en caso de ser necesario. Quinto. Se instruye al Secretario de Salud para que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Transporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales que estime pertinente, intensifiquen y refuercen los puntos de revisión sanitaria obligatoria en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como en las vías terrestres del estado de Jalisco, particularmente en los accesos carreteros que se encuentran en los límites con los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas. Sexto. Las medidas de seguridad sanitaria establecidas en el presente acuerdo podrán ser adicionadas o modificadas, tomando en consideración el avance, propagación o evolución del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses." [Lo resaltado es de este juzgado] Por otra parte, los impetrantes reclamaron el "ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", mismo, que en lo que interesa, en su artículo primero, señala lo siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; [.]" [El énfasis es añadido] En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, toda vez que ha concluido la vigencia de los Acuerdos reprochados en esta sede constitucional, tal como se desprende de las transcripciones de los mismos, ya que el Acuerdo DIELAG ACU 026/2020, tuvo vigencia del veinte de abril al diecisiete de mayo de dos mil veinte, mientras que el diverso "ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", del treinta de marzo al treinta de abril del año en curso. Por tanto, resulta axiomático el hecho de que los Acuerdos que constituyen los actos reclamados, perdieron su vigencia al fenecer el término estipulado para la vida de éstos, sin que se hubiesen adicionado o modificado los mismos. Cuestiones que resultan evidentes al estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En consecuencia, se concluye que los citados actos reclamados cesaron en sus efectos, ya que concluyó el tiempo de su vigencia, por lo que es inconcuso que los efectos de tales actos han desaparecido de la esfera jurídica de la solicitante de amparo, restituyendo a los quejosos en el goce de sus derechos humanos violados como si se les hubiese otorgado el amparo. Ello es así merced de que al no estar vigentes los Acuerdos que impedían que el negocio que aducen explotan como giro comercial de ropa no está supeditado a horarios o datas para laborar, si no únicamente aquellas que marcan los reglamentos municipales, estatales y las leyes que rigen su actividad. Asimismo, por lo que respecta a la responsable Presidente Municipal del Puerto Vallarta, Jalisco, quien fue designada como autoridad ejecutora de las ordenes contenidas en los Acuerdos multicitados, por consecuencia, es diáfano que al haber perdido vigencia los Acuerdos reclamados en este juicio de amparo, no existe materia alguna para ejecutar, es decir, no existen ni existirán operativos llevados a cabo por la responsable en mención, en acatamiento a Acuerdos que se reprochan en esta sede de control constitucional, los cuales ya han quedado sin vigencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de epígrafe y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se advierte que cuando se promovió la demanda de amparo, se encontraban vigentes las medidas reclamadas; sin embargo, con posterioridad perdieron vigencia; por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, que concreta y específicamente, originaron el ejercicio de la acción de amparo, así como sus consecuencias, es decir, la ejecución de los operativos por parte de las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco. Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con cincuenta y tres minutos del trece de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Alejandra Orozco Diosdado2693/2022
- Alejandra Orozco Diosdado1141/2022
- Alejandra Plascencia González1711/2022
- Alejandra Rivera Montes1419/2019
- Alejandra Tiessen Garibay393/2022
- Alejandra Vázquez Barajas959/2019
- Alejandra Yohari Caldera Carreón2730/2019
- Alejandre González Aguirre1643/2020
- Alejandrina Arias López778/2020
- Alejandrina Velazco Flores529/2023
- Alejandro Abdulio Velasco Villalva1226/2019
- Alejandro Aguirre Luna1248/2018