Alejandra Valdivia López

Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
232/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Valdivia López
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita

Actuaciones

  1. Principal

    ---- se declara que causó estado la referida determinación. ----archívese este expediente como concluido. ---, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de marzo de dos mil veintitrés. --- requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, informe lo siguiente:

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIEZ DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Alejandra Valdivia López, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 232/2023/II-A. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263 fracción II, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten a la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: ".El acuerdo de fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés, mediante el cual tienen por desierto el dicho de la testigo Adriana Ávila Sampallo, referente a la Testimonial a cargo de los CC. Andrees Jorge Breceda Loustaunau y Adriana Ávila Sampallo, prueba ofrecida por la apoderada legal de la suscrita, concretamente en la parte relativa al dicho de la testigo la C. Adriana Ávila Sampallo.". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 1072 , fracción V de la Constitución Federal, 613 , fracción XXIII, 624 y de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu. Tales preceptos previenen que al tratarse de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Constitución y la legislación secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Carta Magna como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones al concluir el procedimiento jurisdiccional. Por otra parte, en los actos de ejecución reparable existe la posibilidad de que las afectaciones que pudieran provocar sean restituidas al resolverse la controversia, en la medida en que no influyen para que el fallo sea favorable a los intereses del promovente; es decir la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, por lo que si la parte afectada logra una resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues además existe la posibilidad de que sean controvertidos a la par de la resolución que se dicte para resolver el conflicto planteado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Bajo tales premisas, es evidente que el acuerdo de quince de febrero del año dos mil veintitrés, mediante el cual tienen por desierto el dicho de la testigo Adriana Ávila Sampallo, referente a la testimonial a cargo de Andrees Jorge Breceda Loustaunau y Adriana Ávila Sampallo, prueba ofrecida por la apoderada legal de la parte quejosa, constituye una actuación de carácter procesal dentro del juicio laboral, es decir, se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si el laudo que en su momento resuelva el asunto, resulta favorable a sus intereses, ello toda vez que el juicio de origen aún no se encuentra concluido. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el expediente laboral de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que las violaciones procedimentales que refiere se han producido no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Cabe destacar además, se reitera, en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trasciendan al sentido del laudo del referido juicio laboral, se podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que eventualmente podría promover la parte a quien no favoreciera la resolución. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Marco Arturo Rodríguez Nolasco y Alma Iveth Rosas Del Ángel, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Medios de contacto. En tales condiciones, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura5 , se tiene al promovente proporcionando la dirección de correo electrónico como medio de comunicación. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Oposición relativa a datos personales. La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente...

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