Alejandra Torres Leyva
Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandra Torres Leyva
- Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa y tercera interesada el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente juicio de amparo. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. En ese sentido, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva -por una parte-; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración del original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Agréguese copia de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo para que obre como corresponda. Se autoriza a la secretaria para firmar los oficios que se deriven de este acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las razones actuariales que anteceden, por medio de las cuales la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta la imposibilidad que presentó para llevar a cabo la notificación personal ordenada en la sentencia de doce de septiembre del año en curso, a la parte quejosa y tercera interesada, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído, así como, la sentencia de doce de septiembre, ambos del año actual, por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese en los términos precisados y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el once de julio del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido en la misma data en este órgano jurisdiccional, Alejandra Torres Leyva solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Juez Séptimo de lo Familiar del Centro y conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro. Juez Octavo de lo Familiar y conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro. Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Centro y conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro. Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Octavo de lo Familiar y conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro. [.] Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro [.] Secretario de Acuerdo llevador del procedimiento familiar del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; [.] IV. ACTO QUE SE RECLAMAN: Me adolezco de las violaciones procesales de las autoridades responsables, en substanciar el inicio de procedimiento de carácter familiar en mi contra y no ser emplazada del mismo con las formalidades de ley. Me adolezco de las Autoridades Responsables, la negativa al acceso a la justifica de manera equitativa, imparcial, transparente. El actuar ilegalidad de las Autoridades Responsables en mi contra, al substanciar diligencias a petición de parte y oficiosas de carácter familiar, sin estar enterada de las mismas con las formalidades que el código adjetivo prevé para tal fin. La privación de mis garantías individuales y legales por parte de las Autoridades Responsables, al no cumplir con las formalidades de ley en contra de la suscrita al sustanciar juicio o juicios en mi contra. El no ser enterada, notificada y/o emplazada con las formalidades de ley de cualquier orden judiciales, mandamiento y ejecución de las mismas dentro de procedimiento familiar alguno en mi contra. La negación de las Autoridades Responsables de acceder la suscrita a mi derecho a que se me administre justicia por parte de las Autoridades Responsables, al no impartir la justicia en mi contra en base a los términos que la ley prevé. La violación al debido proceso en mi contra, al substanciar procedimientos judiciales de carácter familiar en mi contra. La emisión de cualquier tipo de Resolución o Sentencia en contra de la suscrita sin que se me haya notificado el inicio o substanciación de procedimiento de carácter familiar en mi contra, sin ser oída y vencida en juicio." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Por auto de doce de julio del año en curso, en lo que interesa, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 805/2022 y la admitió parcialmente a trámite; asimismo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción -emplazada el catorce de julio de dos mil veintidós-, quien no formuló pedimento. De igual manera, mediante auto de nueve de agosto del año en curso, se tuvo a como tercero interesado a Lucio Bladimir Alonso Carmona, quien fue emplazado a juicio el diecisiete de agosto pasado. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de nueve de agosto del año en curso-previo diferimiento- se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que para tal efecto se levantó; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que la omisión reclamada se atribuyó a diversas autoridades que radican dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: - La falta de emplazamiento al juicio familiar 6/2021, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. La fijación del acto reclamado en los términos precisados obedece a las manifestaciones realizadas por la quejosa, en el sentido que se le impide ser oída y vencida dentro del juicio, al no haber sido emplazada a ningún procedimiento jurisdiccional, e incluso, impedirle conocer esas circunstancias. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, las autoridades responsables Jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo de lo Familiar y Conclusiones de asuntos del Sexto Civil, así como de las Secretarias de acuerdos de los Juzgados Sexto y Segundo de lo Familiar, ambas en representación de sus respectivos jueces, todos del Distrito Judicial del Centro, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin que la quejosa haya aportado prueba suficiente para desvirtuar dicha inexistencia. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, aceptó los actos reclamados. Lo anterior se robustece con las documentales que allegó la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que la falta de emplazamiento a juicio, no es un acto que por el momento le cause a la quejosa un agravio definitivo y de imposible reparación, dado que puede incorporarse a la litis, en su carácter de demandada, pues aún no se dicta la sentencia; pues incluso, el juicio se encuentra en su fase inicial, ya que está pendiente de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada, ahora quejosa. Los numerales antes invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del mismo, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2ª.J 48/2016 (10a), cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese sentido, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, tal tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural Ahora bien, la parte quejosa esencialmente reclama la falta de emplazamiento al juicio familiar 6/2021, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro; y, de las constancias remitidas por la autoridad responsable -relativas a dicho expediente-, se desprende lo siguiente: 1) Mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, la responsable tuvo a Lucio Bladimir Alonso Carmona, por sí y en representación de las menores de edad con iniciales S.A.T., H.A.T. y S.S.A.T., promoviendo juicio en la vía de controversias del orden familiar, en contra de Alejandra Torres Leyva, que radicó bajo el número 6/2021, ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa, se pronunció respecto a la guarda y custodia provisional de las menores y determinó la cantidad de prensión provisional; y se reservó señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos. 2) Por proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, al haber levantado la suspensión de los plazos debido a la contingencia derivada de la pandemia Covid 19, nuevamente ordenó se llevara a cabo el emplazamiento de la demandada -aquí quejosa. 3) En audiencia de seis de mayo de dos mil veintiuno, la responsable tuvo por recepcionada la razón asentada por la ejecutora adscrita al Juzgado responsable, informando la imposibilidad que tuvo para emplazar a la aquí quejosa, así como un escrito signado por el actor, en el cual señaló el domicilio donde se podía llevar a cabo el emplazamiento ordenado; por lo que, nuevamente se ordenó la referida diligencia. 4) En audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la responsable tuvo por recepcionada la razón asentada por la ejecutora adscrita al Juzgado responsable, informando la imposibilidad que tuvo para emplazar a la aquí quejosa, por lo cual dio vista a la parte actora por el termino de tres días para manifestar lo que a su interés conviniera. 5) El actor dio cumplimiento a la vista ordenada, y reiteró el domicilio en el cual podría ser emplazada la demandada, por lo que en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, nuevamente se ordenó el emplazamiento; sin que de autos se advierta la posibilidad o imposibilidad para llevarla a cabo. 6) En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, nuevamente el actor señaló domicilio en el cual se podía localizar a la demandada, por lo que nuevamente ordenó su emplazamiento. 7) El diez de marzo de dos mil veintidós, el actuario judicial adscrito a la autoridad responsable, previo citatorio, emplazó a juicio a la aquí quejosa. 8) En audiencia de siete de abril del año en curso, la autoridad judicial responsable realizó un análisis al emplazamiento efectuado a la parte demandada en aquel juicio (diez de marzo de dos mil veintidós), y decidió declarar la nulidad de la diligencia de cita de espera de fecha nueve de marzo del año en curso, y como consecuencia el emplazamiento llevado a cabo el día posterior, y ordenó nuevamente al actuario se constituyera en el domicilio señalado y efectuara legalmente la diligencia ordenada en autos. 9) Por audiencia de veinte de mayo del año en curso, la responsable tuvo por recepcionada la razón asentada por el ejecutor adscrito al Juzgado responsable, informando la imposibilidad que tuvo para emplazar a la aquí quejosa, por lo cual dio vista a la parte actora por el término de tres días para manifestar lo que a su interés conviniera. Siendo este, el estado procesal que guarda el expediente de origen. En esas condiciones, se considera que el acto reclamado, no genera afectaciones de imposible reparación a la quejosa, pues implica, en todo caso, una eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar, alguno de los llamados derechos fundamentales. Lo anterior, toda vez que de las documentales remitidas por el Juzgado responsable, se desprende que actualmente se encuentra en trámite y pendiente de ser emplazada a juicio a la aquí quejosa. En relación con lo anterior, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/92, consideró que si se reclama la ilegalidad del emplazamiento a juicio antes de que la sentencia dictada en el juicio cause ejecutoria, tal violación no puede considerarse como un acto, dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, pues precisó que aun cuando ésta se trate de la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte quejosa, sino que la violación de derechos que produce tiene efectos formales dentro del procedimiento, los que pueden ser reparados mediante el incidente de nulidad, si es el caso, o bien, a través del estudio de los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Sin embargo, sostuvo que el juicio de amparo indirecto es procedente, aunque existan recursos ordinarios, sólo si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia, y agregó, a modo de conclusión, que el juicio de amparo sólo puede promoverse cuando la parte quejosa tiene conocimiento del emplazamiento después de que la sentencia dictada en el juicio natural causó ejecutoria. Por tanto, toda vez que acorde a las constancias de autos se desprende que aún no se ha dictado sentencia definitiva, pues el juicio se encuentra en trámite, aquellos actos no tiene la calidad de ser de imposible reparación, pues no afecta en este instante, en forma definitiva ni materialmente derechos sustantivos. Esto es así, porque si el asunto aún no ha concluido, el demandado está en posibilidad de acudir al mismo para ejercer su defensa; de ahí que ante dicho panorama, el acto reclamado, por el momento, no causa de manera inmediata afectación a un derecho fundamental, sino en su caso a derechos que producen efectos formales dentro del mismo. De suerte que la falta de emplazamiento reclamada, no es de imposible reparación, sino, en su caso, meramente procesal, pues hasta este instante la única infracción consistiría en la continuación del procedimiento natural, hasta el dictado de la resolución definitiva correspondiente. De ahí que opere la causa de improcedencia en estudio, ya que la falta de emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad no son actos que por el momento le cause a la quejosa un agravio definitivo y de imposible reparación, pues puede incorporarse a la litis, en su carácter de demandada, al encontrarse en trámite el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), publicada en la página 729, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Por tanto, respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia antes establecida, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia. Es aplicable la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1070, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." En ese sentido se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuaria judicial a firmar los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alejandra Torres Leyva, respecto de los actos reclamados precisados en el considerado segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último de la presente sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
La Jueza: declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Acto seguido, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. Asimismo, hace relación de las constancias existentes en autos, mismas que bajo el principio de economía procesal no habrán de transcribirse, pues no existe precepto legal alguno que obligue a ello, en virtud de haber quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. A lo que la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que refiere el Secretario, mismas que se tomarán en consideración al momento de resolver este incidente. Abierto el período probatorio el Secretario hace constar que únicamente la parte quejosa exhibió prueba documental anexa a su demanda de amparo. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que anexo a su demanda de amparo, las cuales de desahogan en razón de su propia naturaleza; asimismo, se tiene precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas en la presente resolución. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que las partes fueron omisas en formularlos. La Jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para ese efecto; por lo que se ordena cerrar este periodo. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, la Jueza da por concluida la audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente interlocutoria. Vistos para resolver en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 805/2022, al tenor de los siguientes: R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. ***, por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia; asimismo, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada. Segundo. Trámite. Por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se formó por duplicado incidente de suspensión y se solicitó a las autoridades responsables su informe previo. Tercero. Celebración de la Audiencia Incidental. El día de hoy conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se celebró la audiencia incidental en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión ya que aquí se tramita el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Segundo. Precisión del acto por el cual se solicitó la suspensión. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso a estudio, el acto reclamado, consiste esencialmente, en: La falta de emplazamiento al procedimiento familiar en el cual tiene carácter de parte demandada, así como sus consecuencias procesales. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes previos las autoridades responsables siguientes, negaron la existencia de los actos reclamados, como se advierte a continuación: Autoridad Sentido del informe Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Niega la existencia del acto reclamado Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (por conducto de la secretaria de acuerdos) Niega la existencia del acto reclamado Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Niega la existencia del acto reclamado Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Niega la existencia del acto reclamado Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Niega la existencia del acto reclamado Jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Niega la existencia del acto reclamado Jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Niega la existencia del acto reclamado De igual forma, la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa referida por las autoridades responsables, respecto de la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, lo que procede en la especie es negar la suspensión definitiva en cuanto a las autoridades responsables que aquí se refieren. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Octavo de lo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su respectivo informe previo, aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 31). Quinto. Estudio de la suspensión solicitada. Para decidir si la medida solicitada debe o no concederse, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 125, 128, 129, 138, 147 todos de la Ley de Amparo, lo que lleva a analizar, por regla general, los siguientes aspectos: La presunción de existencia del acto reclamado; Que exista solicitud del agraviado, quien debe acreditar indiciariamente su interés suspensional; Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza sea susceptible de suspenderse; Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; Junto con el examen del interés social y el orden público, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para poder justificar que se decrete la medida cautelar, cuando sea urgente y necesaria la paralización de los efectos del acto reclamado; Superado el análisis de procedencia de la suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, siempre que sea jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, lo que implica la posibilidad de dar provisionalmente efectos restitutorios a la medida cautelar. En ningún caso la suspensión podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda, conforme dispone el artículo 131 de la ley de la materia. Ahora bien, es conveniente establecer que el juez de Distrito, conforme a su arbitrio, debe pronunciarse sobre la medida cautelar en los términos y para los efectos en que habrán de quedar las cosas, para conservar la materia del juicio, pero solo por los actos reclamados en la demanda. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 4/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes uno de febrero de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". La presente incidencia se solicitó con la finalidad de dejar sin efecto legal todo lo actuado en el expediente de carácter familiar; en razón a la falta de emplazamiento en su carácter de demandada En ese sentido, con fundamento en el artículos 128, 139 y 150 de la Ley de Amparo, toda vez que se encuentran satisfechos los requisitos legales para la procedencia de la medida cautelar, y que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para efecto de que, sin paralizar el procedimiento del juicio de origen, por ser de orden público, no se dicte la resolución definitiva en el juicio familiar 06/2021, promovido por Bladimir Alonso Carmona, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales S.A.T., H.A.T. y S.S.A.T., donde solicitó la guarda y custodia en forma provisional y el pago de una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad, de conformidad con lo estipulado en el artículo 147, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En el entendido que la suspensión se concede siempre y cuando la parte peticionaria de amparo se ajuste a las disposiciones reglamentarias que le sean aplicables, y únicamente por lo que se refiere al indicado asunto. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que la presente medida suspensional deberá ser acatada, con el apercibimiento que en caso de desobediencia, se procederá conforme el dispositivo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, podrán hacerse acreedoras a una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en la República Mexicana, destitución e inhabilitación de su cargo. La presente suspensión durará hasta que se notifique a la autoridad señalada como responsable, el auto en el cual se declare que causo ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio principal de donde deriva este cuaderno incidental. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial adscritos, para que firmen los oficios que deriven de la presente interlocutoria. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a ***, respecto de los actos reclamados en el considerando segundo y por las autoridades mencionadas en el considerando tercero, en atención a las consideraciones vertidas en el mismo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Alejandra Torres Leyva, respecto de los actos reclamados en el considerando segundo y por las autoridades mencionadas en el considerando cuarto, en atención a las consideraciones vertidas en el considerando quinto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe previo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de ley y dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia incidental. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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