Alejandra Tirado Pasos

Expediente 49/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
49/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Alejandra Tirado Pasos

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. I. Queja infundada. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja laboral 9/2019, interpuesto por Alejandra Tirado Pasos; acúsese recibo de estilo. De la citada ejecutoria se desprende: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Alejandra Tirado Pasos, en contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se le desechó de plano la demanda de amparo, registrada con el expediente 49/2019-VII, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad". SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. II. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. III. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IV. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Admite recurso de queja. Téngase por recibido el oficio 396-A, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo 49/2019; en consecuencia, agréguese el comunicado de referencia para los efectos legales a que haya lugar. Nota de registro de recurso de queja. Se toma nota que se registró como recurso de queja 9/2019; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de febrero de dos mil diecinueve. I. Recurso de queja. Se tiene por recibido el escrito firmado por Jesús Antonio Valdés Valenzuela, en su carácter de autorizado de la quejosa Alejandra Tirado Pasos, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. En atención a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el peticionario de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 49/2019; así como el original y copias del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer; de igual manera, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de la materia ríndase informe. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandra Tirado Pasos, por derecho propio. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 49/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. (Octava Época, Registro: 221353, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Materia(s): Común, Tesis:, Página: 198.) Por su parte, el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. (Novena Época, Registro: 175910, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.C.18 K, Página: 1827.) Entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; con los siguientes datos de identificación: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Octava Época, Registro: 216176, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Materia(s): Común, Tesis:, Página: 252.) De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la aquí quejosa manifiesta que a partir del uno de noviembre de dos mil dieciocho, fue nombrada como Auxiliar de Proyectos de la Dirección de Educación; además que reclama la orden verbal de cese de su nombramiento dictado en su contra respecto del puesto de trabajadora de base del Ayuntamiento del Municipio de Concordia, Sinaloa, toda vez que fue informada por el oficial mayor de dicho ayuntamiento, en acatamiento a lo manifestado por el Alcalde Municipal del Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. Dichos actos reclamados fueron realizados por las dependencias que indica la quejosa, en su calidad de patrón, los cuales quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Luego, si el acto reclamado tiene su origen en una relación de carácter laboral entre la quejosa y el Ayuntamiento Municipal de Concordia, Sinaloa, y en ese contexto se reclama concretamente el cese verbal de su nombramiento como trabajadora del Ayuntamiento Municipal de Concordia, Sinaloa, entonces es incuestionable que al derivar de aquella relación que existe entre la ahora inconforme y el último en mención, evidentemente de naturaleza laboral. Por tanto, al constituir el acto reclamado el cese o destitución verbal del empleo del Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, previo acudir a la presente instancia constitucional la quejosa debió presentar demanda laboral al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, en términos del artículo 64 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; así como, con el diverso 65 del propio ordenamiento, el cual dispone que corresponde a dichos tribunales el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre los trabajadores y la entidades públicas municipales; como se advierte de su contenido: "Artículo 64. En cada municipio funcionará un Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con jurisdicción en su respectivo territorio y asiento en su cabecera." "Artículo 65. Corresponde a los tribunales el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre los trabajadores y las Entidades Públicas Municipales, o solo entre aquéllos, con motivo de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas." Lo anterior, con independencia de que la quejosa ostente un nombramiento "confianza", como se advierte de la copia de comprobante nominal que anexa a su escrito de demanda, sin embargo, sostiene una relación laboral con el municipio en su calidad de patrón; de ahí que válidamente puede dilucidarse que puede inconformarse ante su cese o destitución ante dicho órgano burocrático municipal. Con las razones que lo informan y por su esencia jurídica, orientan las anteriores determinaciones, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito; que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE UN MUNICIPIO. EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE O DESTITUCIÓN. De una interpretación armónica y sistemática del contenido del artículo 122 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 80 de la Ley No. 51, denominada también Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, los empleados públicos de base solamente podrán ser destituidos por las causas previstas en la ley correspondiente y los conflictos individuales suscitados entre la administración y éstos serán resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, creado constitucionalmente para tal fin; por lo que los trabajadores de confianza clasificados por los artículos 4o. y 5o., conforme lo dispone el artículo 6o. del citado estatuto, a diferencia de los empleados con la categoría de base carecen del derecho constitucional de inamovilidad del empleo, y sólo gozan del derecho a las medidas protectoras del salario así como los beneficios de la seguridad social; sin embargo, atendiendo a la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que es dirimir los conflictos suscitados entre los órganos de la administración pública del Estado y de los Municipios, con sus trabajadores, le corresponde por mandato constitucional conocer la inconformidad relativa al cese de un empleado, no obstante que éste sea de confianza, aun cuando la acción pretendida de reinstalación o indemnización resulte infundada, dado que una cosa es la competencia legal del tribunal citado y otra la existencia del derecho; en virtud de que los trabajadores de confianza del Municipio, ante una violación a las normas salariales o de seguridad social, tienen el derecho legalmente consagrado en el propio Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para ocurrir ante el órgano jurisdiccional de referencia, ya que de no ser así, resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por considerarse como una relación laboral y al Municipio como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad. (Novena Época, Registro: 191621, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Materia(s): Laboral, Tesis: XXI.3o.1 L, Página: 836.) Consecuentemente, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo. IV. Domicilio procesal y autorizados. Ténganse como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Antonio Valdés Valenzuela, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, toda vez que la promovente solicita se le realicen la notificaciones correspondientes vía electrónica, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, toda vez que no es un medio reconocido por la Ley de Amparo, ello, toda vez que si bien, el artículo 3° de la ley de la materia, reconoce los escritos en forma electrónica, los cuales producen los mismos efectos que la firma autógrafa, como la opción de enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, también lo es que dichos comunicados deben presentarse en forma electrónica, utilizando la firma electrónica conforme la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal; de ahí que no se pueda tener por domicilio para oír y recibir notificaciones por vía electrónica. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones por medio de lista, hasta en tanto conste en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, o en su caso se proporcione un usuario que se realicen vía electrónica. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. VII. Autorización para la consulta del expediente electrónico. Finalmente, no ha lugar en relación a autorizar al usuario "Valenzuela27", para la consulta electrónica del expediente, toda vez que la cuenta para la consulta vía internet del expediente electrónico es personalísima e intransferible y, en su caso, quien debe solicitar la autorización respectiva es el titular de la cuenta inscrita y registrada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; de ahí, que no sea procedente acordar de conformidad lo peticionado. Notifíquese en términos de ley.

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