Alejandra Teresa Marín Romo

Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Teresa Marín Romo
  • Unidad de Investigación de Responsabilidad Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó al archivo el presente juicio de amparo, por estar totalmente concluido, por lo que, devuélvase a su lugar de origen, las copias certificadas del expediente de presunta responsabilidad administrativa 203/2021, en un tomo, que remitió la autoridad responsable Investigadora Adscrita a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, con residencia en Chihuahua, Capital, por ser innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que, el acto reclamado a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, por la parte quejosa es: La omisión o falta de contestación al escrito presentado ante el Consejo de la Judicatura Regional del Estado de Chihuahua, recibido el ocho de diciembre de dos mi veinte. Del acuse que presentó la parte quejosa a su petición únicamente se aprecia que estaba dirigida a diversas autoridades, el sello de recepción, con la fecha y hora, y se asentó que recibieron dos tomos de prueba. Del informe justificado que remitió la Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas de Chihuahua, Chihuahua, hace del conocimiento que la petición de la peticionaria del amparo la recibió el catorce de diciembre de dos mil veinte, y en esa misma fecha (14 de diciembre de 2020) emitió un acuerdo, teniéndola por recibida, así como la ampliación de la misma. Ahora bien, el acto reclamado en la demanda de amparo que nos ocupa son: La omisión o falta de respuesta al escrito presentado ante el Consejo de la Judicatura Regional del Estado de Chihuahua, recibido el ocho de diciembre de dos mi veinte. En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, atento a lo manifestado por la autoridad responsable y del informe que rindió, ya acordó respecto a la promoción presentada por la quejosa, sin que se dé más abundamiento sobre ello, en razón de que la peticionaria del amparo no hizo del conocimiento de este juzgado cuál era su petición, únicamente exhibió la primer foja del escrito donde se aprecian las denominaciones de diversas autoridades y el sello de recibido; por tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, y en consecuencia, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las catorce horas con veinticinco minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En otro orden, visto el escrito signado por la directa quejosa Alejandra Teresa Marín Romo, mediante el cual amplía la demanda de amparo, previo a proveer respecto a la solicitud de la misma, es oportuno puntualizar, que para la procedencia de la ampliación de demanda, es necesario satisfacer alguno de los requisitos señalado en el artículo 111 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De lo transcrito se deduce que la ampliación de la de demanda es procedente en los siguientes supuestos: a) que no hayan trascurridos los plazos para su presentación, o b) que la parte quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación de los actos reclamados inicialmente. Ahora bien, tomando en consideración que tal y como se advierte de lo acordado en párrafos precedentes, la demanda de amparo primigenia fue sobreseído al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que se traduce en un obstáculo que imposibilita el pronunciamiento de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto combatido. En ese orden de ideas, los nuevos actos reclamados no pueden ser vinculados con el combatido inicialmente, porque se trata de otras actuaciones en una carpeta de investigación, pues al haberse sobreseído en el juicio, significa que el trámite ya concluyó, por lo que resulta jurídicamente imposible su ampliación. En consecuencia, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la quejosa, en relación a la ampliación de la demanda respecto delos nuevos actos que reclama; sin embargo, en aras de garantizar el acceso a la justicia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, remítase el escrito original de ampliación de demanda, previa copia quede en autos para constancia, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a fin de que le dé el trámite correspondiente, toda vez que se aprecia se trata de nuevos actos reclamados y para el efecto de que se turne como nueva la demanda de amparo Al caso, tiene aplicación el criterio sustentado en la Jurisprudencia por Contradicción de tesis 83/2019, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

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