Alejandra Sosa Calderón
Expediente 800/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/07/2016
Partes del expediente
- Alejandra Sosa Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de trece de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite diversas constancias derivadas del expediente laboral D-475/2015. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Alejandra Sosa Calderón acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de ordenar y llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral D-475/2015. Ahora bien, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, al señalar que por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (fecha posterior a la presentación de la demanda de garantías), dentro del expediente D-475/2015 ordenó turnar los autos al Actuario de su adscripción a efecto de que procediera emplazar a la parte demandada Secretaría General de Gobierno, lo cual se llevó a cabo el nueve de junio de dos mil dieciséis. Para corroborar lo anterior, el tribunal del conocimiento remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente D-475/2015, de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis y de la constancia de notificación respectiva. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunciara sobre el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral D-475/2015 y llevara a cabo el mismo; aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, ordenó turnar los autos al Actuario de su adscripción a efecto de que procediera emplazar a la parte demandada Secretaría General de Gobierno, lo cual se llevó a cabo el nueve de junio de dos mil dieciséis. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del uno de julio de dos mil dieciséis, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario José Carlos Ibáñez Méndez, quien autoriza y da fe. Doy fe. En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste. En la misma fecha, el suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, CERTIFICO: Que una vez que el auto que antecede, así como la promoción fue integrada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se dio fe que los mismos coinciden en su totalidad tanto en el expediente impreso como en el electrónico, lo que se hace constar en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo. Doy Fe. 3559/2016-I.- PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA En el juicio de amparo número 800/2016, promovido por Alejandra Sosa Calderón, con esta fecha se dictó el siguiente auto: San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite diversas constancias derivadas del expediente laboral D-475/2015. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Alejandra Sosa Calderón acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de ordenar y llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral D-475/2015. Ahora bien, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, al señalar que por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (fecha posterior a la presentación de la demanda de garantías), dentro del expediente D-475/2015 ordenó turnar los autos al Actuario de su adscripción a efecto de que procediera emplazar a la parte demandada Secretaría General de Gobierno, lo cual se llevó a cabo el nueve de junio de dos mil dieciséis. Para corroborar lo anterior, el tribunal del conocimiento remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente D-475/2015, de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis y de la constancia de notificación respectiva. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunciara sobre el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral D-475/2015 y llevara a cabo el mismo; aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, ordenó turnar los autos al Actuario de su adscripción a efecto de que procediera emplazar a la parte demandada Secretaría General de Gobierno, lo cual se llevó a cabo el nueve de junio de dos mil dieciséis. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del uno de julio de dos mil dieciséis, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario José Carlos Ibáñez Méndez, quien autoriza y da fe. Doy fe. Lo que comunico a usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. A T E N T A M E N T E LIC. JOSÉ CARLOS IBÁÑEZ MÉNDEZ. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. mpas
- Principal
Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado que rinden el Presidente y Actuario, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe de ley manifestó que mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis ordenó turnar los autos al Actuario de su adscripción a efecto de que inmediatamente emplazara a la parte demandada en el juicio laboral 475/2015, del que emana el acto aquí reclamado, sin que adjuntara las constancias relativas; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que en el término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia debidamente certificada de las constancias que justifiquen el emplazamiento a la demandada en el juicio de origen, lo anterior, porque dichas constancias son necesarias para dictar sentencia en este juicio. Hágase saber a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de Mariana Osorno Romano apoderada legal del quejoso Roberto Galland Sánchez, visto su contenido, dígasele que una vez que la autoridad responsable dé cumplimiento al fallo amparador se tomarán en consideración sus manifestaciones. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, por el que manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento al fallo amparador; pues refiere que no existe cantidad líquida del monto de indemnización que corresponda a la parte quejosa. Por lo anterior, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 66 y 67 de la misma legislación, se ordena tramitar el incidente de liquidación de sentencia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en términos del ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en razón a que esta incidencia obstaculiza la continuación del procedimiento de ejecución, se tramitará en este expediente principal y no por cuerda separada; por lo que se suspende el cumplimiento de la ejecutoria, hasta que quede firme la determinación en la que se cuantifique su monto. Por otra parte, se requiere al Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para que en el término de tres días, remita copia certificada de todo lo actuado dentro del procedimiento que instruyó a fin de indemnizar al aquí quejoso Roberto Galland Sánchez, respecto de la expropiación sufrida en el inmueble del cual justificó ser titular identificado como "FRACCIÓN CUARTA DEL PREDIO FORMADO POR LAS FREACCIONES 30 Y 31 DE LAS QUE SE DIVIDIÓ LA EX HACIENDA DE SAN BARTOLO COATEPEC UBICADO EN TOTIMEHUACÁN HOY DE ESTA CIUDAD, SE ENCUENTRA REGISTRADA (O) A NOMBRE DE ROBERTO GALLAND SÁNCHEZ. BAJO EL NÚMERO 316195 DEL FOLIO ELECTRÓNICO, SEGÚN ESCRITURA REGISTTRADA A FOLIOS DEL 67 AL 83 DEL TOMO 347-2002 DEL LIBRO QUINTO.", acorde con el certificado de libertad de gravamen que exhibió el quejoso en este juicio. Apercibido de que para el caso de no remitir las constancias que se le solicitan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, atendiendo a que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que no podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, y el diverso 192 de la Ley de Amparo, que prevé que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y a que es necesario especificar el monto exacto que la autoridad responsable deberá pagar al demandante constitucional para cumplir con la ejecutoria, con fundamento en el artículo 67 de la última legislación citada, se requiere a las partes a efecto de que en el término de tres días, manifiesten lo que a su interés convenga y de considerarlo ofrezcan las pruebas de las que se desprendan los elementos necesarios a fin de que el suscrito pueda determinar el monto que habrá de pagarse como indemnización de la expropiación sufrida, a que se constriñó a la autoridad en la sentencia ejecutoria. Lo anterior, habida cuenta que en el expediente en que se actúa no se cuenta con elementos que permitan conocer el monto de alguno de los rubros a cuyo pago fue condenada la autoridad responsable, de ahí que es necesario que las partes aporten el material probatorio requerido con la finalidad de realizar la cuantificación correspondiente, incluso, de ser necesario con auxilio de un especialista que el suscrito designe en el momento procesal oportuno. En atención a lo anterior, se apercibe a las partes que en caso de no ofrecer pruebas de su parte, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, el incidente respectivo se resolverá conforme a las pruebas documentales que en este auto se solicitaron. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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