Alejandra Sastre Cuevas
Expediente 48/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandra Sastre Cuevas
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la quejosa Alejandra Sastre Cuevas, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS y pasados seis meses de la citada fecha. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ******** contra los actos reclamados de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número ********************-3-B. Al respecto, se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el resolutor de amparo debe examinar ante todo el escrito de demanda para proveer sobre la admisión, pues si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Para ello, puede acudirse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerar probado sin lugar a dudas el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Es así, porque el concepto de motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, implica aquellas circunstancias que sin ulterior comprobación o demostración, surgen a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo y que por el contrario, cuando una demanda de amparo aparentemente no ostenta un vicio de ese orden, esto es, que las causas que pueden afectar su ejercicio no son evidentes por sí solas para la persona juzgadora, el acto procesal que a ella debe recaer es lógicamente el auto de admisión, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia. Así las cosas, el artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio de amparo tenga como apoyo que desde un plano objetivo el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, lo cual obedece a que no toda causa de improcedencia por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede justificar que al proveer sobre la demanda la persona juzgadora, la deseche de plano con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, aplicable tanto en sentencia como en el auto que analiza la procedencia, se aprecia que éste consiste en: La resolución de fecha diez de enero del año dos mil veintitrés, emitida en el Toca número ********************, misma que CONFIRMA la negativa del incidente de acumulación promovido por la quejosa, a efecto de que se acumularan los expedientes ********************y ********************. La falta de capacidad jurídica para emitir una resolución o acto judicial por parte de la Sexta Sala. La falta de personalidad para poder emitir un acto judicial por parte de la Sexta Sala. La violación de los artículos 14, 16, 17, 97 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación directa con lo establecido por los artículos 55, 57, 58, 58 bis, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Veracruz, afín con los artículos 4, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA EN FORMA NOTORIA Y MANIFIESTA. Este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el artículo 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior, significa que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, el acto reclamado consistente en la resolución de diez de enero del año dos mil veintitrés, emitida en el Toca número ********************, misma que confirmó la negativa del incidente de acumulación promovido por la quejosa, a efecto de que se acumulen los expedientes ********************y ********************, la que se reclama tanto por sus consideraciones y fundamentos, así como por la alegada falta de legitimidad de un funcionario y la manera en cómo se le incorpora a la función pública, no se considera de imposible reparación. Se afirma lo anterior, en razón a que la resolución reclamada confirma la diversa de cinco de julio de dos mil veintidós, en la que declaró que no había lugar a la acumulación de los autos del juicio ordinario civil número ********************-I, al juicio testamentario ********************/I, ambos del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, la que, a juicio de la suscrita juzgadora, no causa a las partes perjuicio inmediato y directo que sea de imposible reparación, ni tiene una ejecución de igual naturaleza; ergo, al tratarse de una resolución de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos del promovente, de modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho humano de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que únicamente inciden en la posición que van tomando las partes en el proceso con miras a obtener sentencia favorable en él, pues la resolución reclamada, no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable. Apoya lo antes expuesto, por sus consideraciones la jurisprudencial 3a.43, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Por ende, es claro que la demanda de que se trata deviene improcedente, puesto que el acto que se reclama, esto es, la determinación respecto a la solicitud de acumular los juicios previamente referidos, si bien es en sí misma, la propia acumulación, una institución procesal que otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, se debe considerar que el sentido de la determinación que se emita, con que se resuelva la incidencia de acumulación puede afectar los derechos de las partes del incidente condigno, lo cierto es que esa afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible, lo que se debe considerar que, de manera inmediata, no afecta la esfera jurídica de la promovente, ni los derechos humanos que a su favor tutela la Constitución, por lo que no se puede considerar como de irreparable ejecución, puesto que cualquier afectación que ésta pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de esas mismas diligencias, como lo sería la sentencia que se dicte en los juicios de los que se pretendió que se acumularan, en caso de que fuera desfavorable a sus intereses, por lo que será únicamente hasta ese momento que podrá apreciarse si se vulneraron sus defensas, causándole agravio, y de ser así, las mismas podrán ser motivo de impugnación a través del recurso correspondiente, o en su caso, mediante el juicio de amparo, en caso que la aquí promovente así lo considerara conveniente a sus intereses. En este contexto, se concluye que la resolución reclamada, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, no es un acto de imposible reparación, por lo que resulta improcedente la promoción del juicio de amparo. Sustenta la anterior determinación, por sus consideraciones, la jurisprudencia número 567, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra, dice: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (Lo subrayado es propio) Apoya lo antes expuesto, la Tesis: III.2o.C.34 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE ACUMULAR UN JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A OTRO TESTAMENTARIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que por regla general, el amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones procesales o adjetivas; empero, también ha sostenido criterio en el sentido de que en forma excepcional, el amparo en tal vía procede tratándose de violaciones procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, el cual debe determinarse tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo en caso de que la afectación se impugnara a través del juicio de garantías. En el anterior contexto, si se reclama en amparo la orden de acumular un juicio sucesorio intestamentario a otro testamentario, tal acto no ocasiona al quejoso una afectación en grado predominante o superior que pueda ser considerada de imposible reparación, porque no se da una afectación de dichas características, dado que el efecto que tendría sería la continuación de ambos procedimientos ante un solo juzgador, y si bien uno de ellos dejaría de tener jurisdicción, no se impediría su prosecución ante el que deba conocer del mismo, por lo que, no se niega acceso a una justicia expedita e imparcial, en términos del artículo 17 constitucional, cuestión que no vulnera derecho alguno de los gobernados, porque aun cuando haya necesidad de realizar diversos trámites o incidentes para lograr la conclusión del asunto, ello no se traduce en una contravención a este último precepto constitucional, pues como se dijo, no se está negando el acceso a la justicia. Además, los juicios sucesorios constan de diversas etapas; cada una de ellas impugnable a través del juicio de amparo indirecto o del directo, según corresponda y, por ende, las violaciones acontecidas durante la tramitación respectiva, serán impugnables contra la determinación que dé por concluida la etapa relativa." De igual forma, se sustenta la anterior determinación, por sus consideraciones, la jurisprudencia número P./J. 32/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra, dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En este contexto, resulta patente que se actualiza la hipótesis normativa que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita. Glosa de promociones sin acuerdo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como para realizar una labor judicial eficiente, se ordena al Secretario que corresponda, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllas promociones de las que resulte intrascendente dictar acuerdo en el juicio principal e incidentes de suspensión . Lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) Promociones ya acordadas en autos; b) Duplicación de informes y comunicaciones recibidas; c) Piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido; d) Acuses de recibo; y, e) Solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas en este auto). Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, signifíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda, y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la citada legislación, a ******************** e ********************, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros números ********************y********************, y a ********************y********************, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con registro de cédula profesional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.
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