Alejandra Salgado Pichardo
Expediente 1915/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1915/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Alejandra Salgado Pichardo
Actuaciones
- Principal
VI. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. En ese contexto, se aprecia que en la presente contienda constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. La hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza respecto del acto reclamado, pues la actuación reclamada fue emitida por el Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; lo que evidencia que se trata de actos proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Se concluye que el recurso de revocación tiene por objeto confirmar, modificar o anular el acto reclamado (requisito 4); está establecido en la legislación procesal civil aplicable al asunto (requisito 2) y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes en el aludido juicio (requisito 3), a fin de que el Juez del proceso se pronuncie, específicamente, sobre la actuación impugnada mediante el recurso de revocación. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario (en el caso, de los Jueces responsables); además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Sobre el principio de definitividad en materia familiar, cuando se involucran derechos de menores, existen diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no existe necesidad de agotar el recurso ordinario que prevé la ley, es decir, las llamadas excepciones a dicho principio; y esto surge cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Se actualiza el caso de excepción al principio de definitividad se deben acreditar dos supuestos que volverían inadecuado o ineficaz el recurso: a) La primera: Consistente en que el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión; y b) Que cualquiera de las partes alegue un riesgo para la menor o el menor, en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Establecido lo anterior, no se actualiza la primera hipótesis de excepción al mencionado principio de definitividad, ya que aun cuando el recurso no prevé expresamente la suspensión, con su interposición se impide ejecutar la determinación primigenia, ya que en la propia audiencia se resuelve el recurso; de ahí que con ese medio de defensa se paraliza la ejecución y se constituye en un recurso idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar la violación alegada. En efecto, el lapso ocurrido entre el dictado de la determinación reclamada y la interposición del recurso de revocación es muy breve, ya que se trata de una actuación eminentemente oral, cuyas actuaciones y pedimentos de las partes son ipso facto (en el acto), motivo por el cual, no podría surgir un momento en el cual se gozara de la suspensión del acto impugnado, ya que de interponerse el aludido recurso en esa etapa de la audiencia inicial, el juez de origen, hubiese tenido que resolver lo conducente, sin que se pudiera ejecutar el acto reclamado, al no haberse cerrado la audiencia; de ahí que no se actualice esa primera hipótesis. En cuanto a la segunda hipótesis de excepción que se prevé en la jurisprudencia mencionada, tampoco se actualiza, en virtud de que, de los autos del juicio natural no se advierte que la hoy quejosa hubiera alegado que el hecho de ejecutarse la resolución reclamada, presentara un riesgo para algún menor; máxime que tampoco se advierte un riesgo fundado; circunstancias que pudo plantear ante el Juez en el recurso para que fueran analizadas. Por último, debe precisarse que la actuación reclamada que se estudia no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni está sujeto a interpretación adicional; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la peticionaria de amparo pudo promover el recurso de revocación referido, previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y sólo después podría acudir al juicio de amparo, de ser el caso, precisamente porque la cuestión que se debate es un auto recurrible a través del recurso de revocación. Se procede a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Téngase como tal lista que se fija en lugar visible en este Juzgado de Distrito, acorde a lo previsto en los artículos 27, fracción II y 29, de la Ley de Amparo. Se comisiona al Actuario adscrito a efecto de que notifique al tercero interesado de que se trata por el medio de comunicación referido en el párrafo precedente (lista) las subsecuentes notificaciones que deban ser personales. Respecto de los correos electrónicos proporcionados se tienen como una forma especial de contacto, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se tiene por autorizada en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a la persona mencionada en el proemio de la demanda, limitación que subsiste hasta en tanto registren su cédula profesional en el sistema referido, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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