Alejandra Rubí Tinajero León
Expediente 842/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/08/2018
Partes del expediente
- Alejandra Rubí Tinajero León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula....I
- Incidental
Visto lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que exhibiera la garantía fijada en la resolución interlocutoria emitida en autos, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva, sin que así lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se deja sin efectos dicha medida suspensiva. Por tanto, hágase saber a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado...I
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Fiscal en la Tramitación de Colaboraciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través del cual realiza diversas manifestaciones. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la autoridad responsable, las documentales que adjunta a su comunicación. Ahora, vistas las constancias en copia certificada de cuenta, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional, respecto a los actos de los que se duele la justiciable, que en esencia consisten en: La orden de localización y presentación de la aquí quejosa, en cumplimiento al convenio de colaboración solicitado por el Agente del Ministerio Público 4 de Tramitación Común Zona "A", en la Ciudad de Celaya, Guanajuato. Es así, pues de las constancias que remite la responsable se advierte que el veintisiete de julio de la presente anualidad, se presentó la aquí quejosa en las instalaciones que ocupa la Fiscalía de Tramitación de Colaboraciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a rendir su entrevista en su calidad de imputada, y se ordenó la cancelación de la orden de localización y presentación de la quejosa, que fuera solicitada mediante oficio número COL 7517/2017, de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, girando al efecto oficio al Director de Policía de Investigación del Delito, por lo que al respecto, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVI del precepto 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados se encuentran consumados de modo irreparable. Para demostrar lo anterior se hace necesario precisar primeramente lo que se entiende por acto consumado de modo irreparable para efecto del juicio de garantías, lo cual deriva a partir de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 61 en relación con lo que establece el numeral 80, ambos de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación;..." La interpretación relacionada de los dispositivos reproducidos evidencia que el juicio de amparo será improcedente cuando se hayan consumado de manera irreparable los efectos del acto reclamado; lo anterior, en razón de que la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tiene la naturaleza de ser restitutoria a favor del quejoso de los efectos sufridos por el acto declarado inconstitucional, esto es, el artículo 77 en su fracción I de la Ley de Amparo, establece que los efectos amparatorios lo serán el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado material que guardaban antes de la violación cometida cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Luego, si los efectos materiales del acto reclamado ya produjeron sus efectos de modo irreparable, esto es, sin poder existir posibilidad jurídica o material alguna de volver al estado de cosas preexistente, el juicio constitucional no tendría la eficacia restitutoria fáctica que lo debe caracterizar; así, para estimar actualizada la causa de improcedencia que ahora se explica, es necesario realizar un ejercicio reflexivo en torno a la situación material que posiblemente se plantea como efecto consumado del acto reclamado. En ese sentido, cabe distinguir entre efecto consumado de modo reparable e irreparable; para explicar lo anterior conviene tener en cuenta el texto de la tesis I.3º.A.150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 325 del tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto sostienen lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Del criterio invocado se entiende por acto consumado de modo reparable a aquel que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, las mismas sí pueden ser reparadas por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser revocada, restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, siendo procedente el juicio constitucional; por el contrario, el consumado de forma irreparable es aquel que sus efectos y consecuencias formales y materiales ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En ese sentido, con la finalidad de demostrar que en la especie efectivamente el efecto y consecuencia de los actos reclamados por el justiciable tienen el carácter de consumados de modo irreparable, esto es, sin posibilidad material alguna para dejarse sin efectos, se hace necesario precisar de modo particular cuál es el motivo fáctico y de queja constitucional de la que se duele la quejosa a fin de analizar si con respecto a la situación material que ahora acontece -de ser inconstitucionales tales motivos- pueden ser reparados con motivo de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la solicitante de amparo aduce infracción en su perjuicio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues apunta que el acto reclamado consistente en la orden de su citación para declarar ante la autoridad responsable carece de las formalidades legales necesarias, pues incluso no existe proceso previo para su molestia. En ese sentido, el aspecto destacable de la reseña expuesta por la quejosa en su escrito inicial de demanda, revela que el objeto a proteger en la especie lo es la citación de la justiciable ante la autoridad responsable. Por otro lado, de las constancias que remite la autoridad responsable en su oficio de cuenta, se pone de manifiesto que la justiciable compareció ante la autoridad responsable a rendir su entrevista en su calidad de imputada, el día veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Pues bien, a juicio de esta juzgadora federal, como se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado es de carácter consumado de modo irreparable, toda vez que a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad del mismo si la situación material que ahora prevalece hace imposible lograr la pretensión básica de la quejosa consistente en no comparecer ante la autoridad responsable para vertir su entrevista que se le solicitó, si como quedó evidenciado en párrafos precedentes se pone de manifiesto que el acto reclamado ya surtió sus efectos, esto es, se consumó de un modo irreparable al haber comparecido al justiciable a declarar ante la Fiscal en la Tramitación de Colaboraciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en su carácter de imputada, con motivo del convenio de colaboración solicitado por el Agente del Ministerio Público 4 de Tramitación Común Zona "A", en la Ciudad de Celaya, Guanajuato. Por tanto, si como se demostró, la orden de localización y presentación para rendir entrevista que fue dirigida en perjuicio de la quejosa ya logró su cometido, esto es, que la justiciable se presentara ante la responsable, a rendir su entrevista en su calidad de imputada, lo cual sucedió el día veintisiete de julio de dos mil dieciocho, debe concluirse que dicho acto surtió sus efectos, esto es, se consumó de un modo irreparable porque la quejosa se presentó a declarar, lo cual materialmente es imposible de restituir o reparar, de ahí que sobrevenga la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo y procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en relación al acto reclamado a la autoridad responsable. Resulta aplicable, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.... E
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido vía electrónica, con su respectiva evidencia criptográfica, por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo que originó el presente juicio. Sin embargo, el compareciente carece de facultades para ampliar la demanda de amparo en nombre de su mandante, ya que su actuación tiene límites si se toman en cuenta los principios rectores del juicio de amparo, como el de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a su vez recogió el legislador ordinario y lo instituyó en el artículo 4º de la Ley de Amparo. En efecto, la ampliación de la demanda de amparo es una figura que lleva en la denominación implícita su definición, que es la facultad del quejoso de afinar la acción de amparo ejercitada o hacer valer una nueva, o bien, señalar otra autoridad con el carácter de responsable y que en suma corresponde de manera exclusiva a la parte quejosa, atendiendo que es él quien resintió el agravio derivado del actuar de la autoridad, y que a su vez es la causa que lo legitima a promover el juicio de amparo con miras a ser restituido en el pleno goce la garantías individuales que estima violadas, conocido esto como principio de instancia de parte agraviada. Así las cosas, resulta improcedente la ampliación que plantea el autorizado en términos amplios por la parte quejosa, por no estar facultado para ello, atendiendo lo previsto por el artículo 4º de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 68, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de la parte promovente que subsiste en sus términos la prevención inserta en el proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, así como el término concedido para desahogarla. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número III.2o.A.38.K visible en la página 1323, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, misma que refiere: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO....I NP
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