Alejandra Rosalía Gutiérrez Figueroa

Expediente 1190/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1190/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Rosalía Gutiérrez Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el proveído de veintidós de septiembre de esta anualidad, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que el auto de referencia ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable (1) Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno, con residencia en esta ciudad, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que al tratarse de autoridad jurisdiccional, carece de legitimación para recurrir a la sentencia. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por el (1) Juez Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, y anexa constancias en apoyo al mismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, así como medio para entablar comunicaciones no procesales. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la ley de la materia, téngase por rendido el mismo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 9o de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala. Por otro lado, se tiene como correo electrónico institucional del oficiante jlaboraltuxtla@poderjudicialchiapas.gob.mx, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente; lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tocante a las constancias adjuntas al informe de la autoridad responsable, se levanta la reserva de cinco de septiembre de la anualidad relativa al expediente laboral ofrecido por la quejosa, por lo que con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas la documentales que exhibe1; las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo2, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente3. En ese tenor, el suscrito juzgador, estima que respecto del acto reclamado en estudio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo4, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que cesaron los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Consideraciones las anteriores que se ven respaldadas a partir del criterio P. CL/97, con número de registro 197367, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que se inserta al efecto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del (1) Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno Tuxtla Gutiérrez, del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: (a) La omisión acordar lo relativo al escrito de demanda de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, registrada con el número de expediente 96/2022, del índice de la responsable. Ahora bien, del análisis a las constancias remitidas por la autoridad oficiante de cuenta, en apoyo a su informe justificado, consistente en la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 96/2022, de su índice; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo5, se advierte que mediante actuación de quince de marzo de dos mil veintidós, se acordó lo relativo al escrito de demanda de veinticuatro de enero de dos mil veintidós; sin embargo, no se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de mérito, en cuanto a "notificar personalmente a la parte actora ALEJANDRA ROSALÍA GUTIÉRREZ FIGUEROA", sino hasta el veinte de septiembre de la anualidad, mediante comparecencia de su apoderado legal en el juicio de origen, en la cual se notificó la hoy quejosa, el contenido del acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós. Por ello, resulta evidente que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el inciso (a) de prelación, atribuido a la autoridad responsable (1) Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno Tuxtla Gutiérrez, del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."6 Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."7 Sin que resulte óbice a lo anterior, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que dicha circunstancia no causa agravio alguno a la parte quejosa, toda vez que, como se indicó en párrafos que preceden, al actualizarse causal de improcedencia de referencia, lo procedente fue sobreseer en el presente juicio. Consideración la anterior que se encuentra sustentada en la jurisprudencia con número de registro 239006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, por las razones asentadas líneas arriba, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Alejandra Rosalía Gutiérrez Figueroa, contra el acto y autoridad que indica. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1190/2022-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II.- Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115, y 116, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad y acto precisados a continuación: Autoridad Responsable: (1) Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno Tuxtla Gutiérrez del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Acto Reclamado: (a) La omisión acordar lo relativo al escrito de demanda de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, registrada con el número de expediente 96/2022. III. Incidente de Suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. IV. Audiencia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a las que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir la comunicación, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención de la Agente del Ministerio Público. Dése a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. X. Domicilio, autorizados, uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias, y medios de comunicación no procesal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Doce Oriente, entre Quinta y Sexta Sur, Número Seiscientos cuarenta y nueve, Letra "A", en esta ciudad. Se tienen como autorizados en términos amplios con las facultades a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Magdaleno Ruiz, Alejandro Morales Aragón, Jesús Alejandro Hernández Magdaleno, Luis Humberto Fernández Morales, Elizabeth Guadalupe Reyes López, Ana Karina Reyes Guillen, Jymmy Gálvez Cruz y Susana Roció Morales Pérez; sin que sea necesario la verificación de sus cédulas profesionales en el registro correspondiente, dado que la promovente se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen. Asimismo, como lo solicita la ocursante, se autoriza la reproducción que solicita a través de medios electrónicos en el expediente en que se actúa. Resulta aplicable al respecto la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1830, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tocante al correo electrónico que proporciona, únicamente tómese nota del mismo, ya que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, solo es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. XI. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de la parte quejosa (a) la instrumental de actuaciones; y, (b) la presuncional en su doble aspecto; las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza; probanzas de las que se hará relación en el momento procesal oportuno. Ahora bien, por cuanto a que la parte quejosa ofrece como prueba de su parte el expediente 96/2022, atribuido al Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno Tuxtla Gutiérrez del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; en tal virtud, este órgano jurisdiccional SE RESERVA proveer lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado, y en su caso, remita las constancias en que apoye el mismo. XII. Tercero interesado. Tomando en consideración que la figura jurídica en mención, conforme a lo que establece el artículo 5o, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae a la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, si el acto reclamado en el presente asunto, consiste en la omisión acordar lo relativo al escrito de demanda de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, registrada con el número de expediente 96/2022, resulta evidente que la parte demanda en el juicio de origen no ha sido llamada al mismo; de ahí que no se actualice la calidad de tercero en el presente juicio. XIII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIV. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. XV. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y, POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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