Alejandra Rivera Juarez
Expediente 946/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 46 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alejandra Rivera Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Incidental
Se ordena el archivo del incidente
- Principal
Causa estado, se ordena el archivo del expediente
- Principal
de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso ********, el acuerdo de 27 de julio de dos mil veintidós, por lista de acuerdos que se fija en los tableros del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (www.cjf.gob.mx), toda vez que la parte interesada no se presentó al Juzgado de mérito, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se dejó el aviso relativo a notificarse del acuerdo aludido
- Principal
Tampico, Tamaulipas, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la (1) parte quejosa, (2) tercera interesada y (3) Asesor Jurídico Federal con la vista otorgada mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, (notificadas el (2) veinte y (1) treinta de diciembre de dos mil veintiuno y (3) nueve de febrero del año en curso) para que manifestaran lo que a su interés legal conviene respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (Interrupción parcial de la Jurisprudencia **, de la Segunda Sala); que fue aprobada en sesión privada de tres de marzo del año dos mil, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre dicho cumplimiento. En principio, conviene mencionar que existe exceso en la ejecución de la sentencia cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la resolución de amparo, es decir, extralimita su ejecución. Hay defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin realizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, cuando las autoridades responsables realicen menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo descrito el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, primera parte de julio-diciembre de 1988, página 241 ***********, del rubro y texto siguientes: QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada. En ese orden de ideas, para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en el que se señalan determinados efectos, en la nueva resolución que se pronuncie por la autoridad responsable deben distinguirse dos aspectos, uno en el que queda vinculada con lo estrictamente ordenado en dicha ejecutoria y, otro, en que queda en plena libertad al habérsele devuelto jurisdicción para obrar o decidir. El primer aspecto puede ser materia de análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando se decida si se tiene o no cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin excesos ni defectos. En cambio, el segundo aspecto, aquél en que la responsable queda en libertad de actuar o decidir por habérsele devuelto jurisdicción, sólo puede ser materia de análisis en un nuevo juicio constitucional. De tal suerte, se anticipa la conclusión de que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que con tal proceder hayan incurrido en exceso o defecto alguno. Esto se afirma porque las constancias remitidas por aquélla en acatamiento al fallo protector, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del último párrafo del arábigo 2 de ésta, ponen de relieve que dio cumplimiento a la sentencia concesoria por las razones que a continuación se puntualizan. En la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que el juzgado responsable realizara lo siguiente... De lo anterior, se llega a la conclusión que los efectos de la sentencia protectora se cumplieron, pues constitucionalmente se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de las garantías violadas en su perjuicio y que fueron materia de estudio dentro del presente juicio de amparo. Por consiguiente, es evidente que la autoridad responsable acató la sentencia de amparo al restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo vigente, sin que con tal proceder hubiera incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues no se advierte que la autoridad responsable se extralimitara o sobrepasara, ni que ejecutara de manera parcial o incompleta lo que se ordenó en la resolución concesoria. Lo anterior, sin que pasen desapercibidas las manifestaciones realizadas por la quejosa en el escrito registrado con folio 247, en el sentido de que la autoridad responsable incurrió en exceso y defecto al cumplir con los efectos de la ejecutoria de amparo, pues sustancialmente y, a su criterio, considera que en la nueva resolución no existe congruencia ni aplicación del principio de exhaustividad, ya que el juzgador no relaciona los elementos de hecho, derecho o las constancias del juicio de origen, con las cuales justifique que la prueba pericial de ADN debe ser ordenada de oficio. Al respecto, se precisa que no le asiste la razón, toda vez que tales alegaciones son insuficientes para obligar a la autoridad responsable a dictar otra resolución en un sentido a satisfacción de los intereses de la promovente, toda vez que este órgano jurisdiccional comparte el criterio jurídico de la autoridad responsable, al considerar que el derecho humano a la identidad con que cuentan los menores de edad están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otros instrumentos internacionales, ya que constituye un elemento que le es inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como lo son al nombre, a la nacionalidad y a conocer su filiación y origen y, estos a su vez, les garantizan a recibir los de alimentación, educación, salud y sano esparcimiento. De ahí, que el papel que juega el derecho a la identidad de paternidad es, en principio, un derecho de los menores, y no una facultad de los padres, por lo cual el derecho a la identidad se tiene que adaptar a las circunstancias del caso concreto ya que puede interactuar con otros derechos, como el de protección a la familia o el propio interés superior del menor, todos protegidos por el Estado Mexicano. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 214 del citado ordenamiento, sin perjuicio de que se haga valer el medio de impugnación correspondiente, se declara cumplida la ejecutoria respectiva; razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y al Asesor Jurídico Federal, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, cúmplase.
Quedan 42 actuaciones en este expediente
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