Alejandra Ramos Miranda
Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandra Ramos Miranda
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de tres de noviembre del año en curso; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en cuanto a su contenido, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con base en el artículo 214 de Ley de Amparo y previas las anotaciones respectivas; archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
. V I S T A la demanda de amparo promovida por Alejandra Ramos Miranda, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16, constitucional. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 907/2020-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Analizada la demanda, debe de indicarse que la competencia es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que en la parte conducente, establece lo siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.» Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi- instancial, o bien del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de amparo. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez de Distrito, ante el que se haya promovido la demanda de amparo. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda, se obtiene que la peticionaria del amparo, reclama en esta instancia como acto destacado la resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa de control número 1135/2020, que se instruye en contra de Abner Manuel Flores, por el delito de robo con modificativa de haberse cometido con violencia, ya que a través de la mencionada resolución, el Juez de Control de Ecatepec, del Estado de México, resolvió la improcedencia del recurso de revocación, interpuesto en contra de los autos de fecha dieciocho y veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a través de los cuales dicha autoridad responsable impuso a la suscrita dos multas por veinte y treinta unidades y actualización vigente, respectivamente; y, los oficios números 222B0101030000T/1033/2020 y 222B0101030000T/103/2020, ambos de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, suscritos y firmados por le licenciado Adrián Alejandro Bautista Cadena, Director Regional de la Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, a través de los cuales se instruyó al Subdirector de Administración y Finanzas del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, hacer efectivas las dos multas impuestas por la ordenadora, consistente en veinte unidades de medida y actualización vigente, equivalente a la cantidad de $1,737.60 (un mil setecientos treinta y siete pesos 60/100 m.n.), así como de treinta unidades de medida y actualización vigente, equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos 40/100 m.n.), directamente de la nómina de la quejosa . Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Acto que lo atribuye a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por tanto, atento a la naturaleza del acto reclamado -la resolución y las multas impuestas por el Juez de Control de Ecatepec de Morelos, debe decirse que conlleva una ejecución material, pues de concederse la protección constitucional para los efectos que lo solicita la agraviada, la multa impuesta se estará materializando en el lugar donde se encuentra adscrita la quejosa; esto es, en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutará fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; de ahí, que se considera que resulta competente para conocer del presente juicio, un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la ley en la materia, que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] » Por tanto, al existir datos fundados de que el acto reclamado, se encuentra ejecutándose fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO». También apoya a lo anterior, por las razones que indica, la tesis de jurisprudencia II.2o. J/19, visible en la página 45, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 76, abril de 1994, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto dice: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO. La circunstancia de que no se haya señalado como autoridad responsable ejecutora una residente en la circunscripción territorial en que ejerce su jurisdicción un juez de Distrito, no significa que éste sea incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra una orden de aprehensión y su cumplimentación cuando de los hechos narrados en la demanda de garantías se desprende que los Agentes de la Policía Judicial, se presentaron en el domicilio del quejoso con la intención de aprehenderlo, ubicado precisamente en un lugar en que ejerce jurisdicción el juez de Distrito que se dice incompetente, toda vez que el artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres hipótesis para determinar la competencia de un juzgado de Distrito que son: primera, es competente el juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; segunda, cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención y, tercera, cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De esta manera se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis que alude a la competencia del juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de cumplimentación del acto, aunque no se hayan señalado autoridades ejecutoras en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda, solicitando atentamente informe si acepta o no la competencia declinada. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. En virtud de que la quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gabriel Terán Flores, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual forma, para cualquier comunicación, el correo electrónico 5743396@pjedomex.gob.mx, que señala la parte quejosa, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que respecta a los demás correos electrónicos que refiere, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, dígasele que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario; sin embargo, a efecto de recibir notificaciones electrónicas deberá reunir los requisitos que al efecto precisa el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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