Alejandra Ramon Ocaña

Expediente 186/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
186/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Alejandra Ramon Ocaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    V.- HA CAUSADO ESTADO LA SENTENCIA ENGROSADA QUE NEGÓ LA PROTECCION CONSTITUCIONAL... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO... SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  2. Principal

    V.- SENTENCIA. RESUELVE. UNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE.

  3. Principal

    V.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "[.] QUINTO. Estudio del fondo del asunto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II3 y 764, ambos de la Ley de Amparo, del análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa permite arribar que estos son infundados en una parte e inoperantes en otra. 3 Artículo 74. La sentencia debe contener: [.] II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios; 4 Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. (2) No se trascriben los conceptos de violación, sin que ello implique violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que rigen el actuar del suscrito, tal y como establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."5 (3) Por razón de método, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 76 de la legislación de la materia, los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, se analizarán en el orden que resulte favorable 5 Registro 164618 para dar más claridad a la sentencia y comprensión. (4) Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a Página 1677, tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que en rubro y texto dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."6 (5) En efecto, como se vio anteriormente, los actos reclamados consisten en los artículos 122 y 123, ambos de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco (que se aducen inconstitucionales) y el oficio DSPE/DPE/1086/2020 de siete de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Director de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco. (6) Ahora, la quejosa aduce como conceptos de violación (foja 4), que los artículos 122 y 123, ambos de la Ley de 6 Registro 167961. Seguridad Social del estado de Tabasco, son violatorios del principio de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que a su decir, tales numerales generan molestia y privan de la libertad de posesión, ya que no existe juicio seguido ante los tribunales establecidos para tal fin. (7) Los conceptos de violación apuntados, son inoperantes, toda vez que en ellos la quejosa deja de exponer los argumentos mínimos e indispensables en los que se sustenta para afirmar que las porciones normativas apuntadas, vulneran los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que sólo se limita a enunciar, someramente, el contenido de tales preceptos constitucionales, sin exponer alguna razón de la vulneración de la norma secundaria a tales preceptos de la Carta Magna, o de los derechos fundamentales contenidos en los mismos; todo lo cual era necesario que expusiera, para estar en condiciones de emprender el análisis de la inconstitucionalidad que alega de los referidos numerales 122 y 123, ambos de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco. (8) Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 45/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: Localización: Registro digital: 2011443 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1184 Tipo: Jurisprudencia Rubro: LEY DE AMPARO. PARA QUE PROCEDA EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS PRECEPTOS EN LOS RECURSOS COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBEN SATISFACERSE ENTRE OTROS REQUISITOS, EL RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARGUMENTOS MÍNIMOS DE IMPUGNACIÓN. Texto: "El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en sesión de 26 de enero de 2012, determinó que, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, a instancia de parte, procede excepcionalmente que este Alto Tribunal examine la constitucionalidad de las disposiciones de ese ordenamiento aplicadas dentro del juicio constitucional, siempre que se actualicen las siguientes condiciones: 1) la emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo; 2) la impugnación de normas de la ley de la materia cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen de ese juicio y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y, 3) la existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de los preceptos de esa ley tildados de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso. Sin embargo, en concepto de esta Segunda Sala, además de los requisitos apuntados, debe satisfacerse uno diverso aceptado jurisprudencialmente, relacionado con la manera en que deben impugnarse las leyes en el juicio de control constitucional y, en esa medida, prevalece el criterio de que el accionante está obligado a presentar argumentos mínimos de impugnación, esto es, debe evidenciar, cuando menos, la causa de pedir; por ende, resultan inoperantes los agravios construidos a partir de premisas generales y abstractas, o cuando se hacen depender de situaciones particulares o hipotéticas." (9) Por otra parte, la quejosa aduce en sus conceptos de violación (fojas 4 reverso), en esencia, que el acto reclamado adolece de fundamentación y motivación, al desconcer si algun día se le pagará la cantidad solicitada, así como el monto al que ascienden sus aportaciones, ya que la responsable se limita a decirle que resulta inatendible su petición por el momento, ya que no se actualiza alguno de los supuestos que le otorgan derecho a su pensión. (10) Lo anterior es infundado, por las siguientes consideraciones. (11) De acuerdo al artículo 16 Constitucional, por fundamentación, debe entenderse como la cita del o de los preceptos aplicables al caso, y por motivación, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables; esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. (12) Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. (13) Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por Juzgado Octavo de Distrito en Villahermosa, Tabasco la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 175, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Séptima Época, Materia común, del rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." (14) Ahora bien, opuesto a lo sostenido en el concepto de violación, en el oficio reclamado sí se citan por parte del Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, los preceptos legales que le sirvieron de sustento para resolver como lo hizo, pues del contenido del mismo se advierte que fundó su determinación en lo dispuesto por el artículo 8 Constitucional, así como los diversos numerales 122 y 123, ambos de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco, vigente a partir del uno de enero de dos mi dieciséis, mismos que, incluso -en el caso de éstos dos últimos numerales-, trascribió en el oficio impugnado, así como también invocó los diversos preceptos 86, 88 y 90, de la referida Legislación estatal; por lo que con ello se cumple con el requisito de fundamentación exigido por el artículo 16 constitucional. (15) Por otra parte, en cuanto al requisito de motivación, del oficio impugnado se aprecia que la referida autoridad responsable, expuso como razones para resolver improcedente la solicitud de la ahora quejosa, que ello se debe a que, de la revisión de la solicitud presentada por ésta y los documentos que adjuntó, así como a los registros del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SGAF), se observa que la solicitante actualmente cuenta con treinta y seis años de edad, y un año de cotizar en el Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 y 123, ambos de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco, vigente a partir del uno de enero de dos mi dieciséis, en relación directa -dijo la responsable- con los diversos numerales 86, 88 y 90, de la referida Legislación estatal, no actualiza alguno de los supuestos que le otorguen derecho a su pensión, por lo cual -agregó la responsable- deberá instar nuevamente su solicitud hasta en tanto cumpla con alguno de los supuestos de edad o años de aportaciones, conforme a la legislación en comento. (16) Luego, con las razones expuestas por la responsable en el oficio impugnado, se encuentra satisfecho el requisito de motivación a que alude el numeral 16 Constitucional, pues se advierte que para resolver como lo hizo, expuso las razones por las cuales, en su consideración, era improcedente la devolución del retiro de la cuenta individual de la ahora quejosa, al no materializarse alguno de los supuestos que para su procedencia establecen los numerales invocados en el propio oficio, esto es, los artículos 122 y 123, ambos de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco, vigente a partir del uno de enero de dos mi dieciséis, en relación directa con los diversos preceptos 86, 88 y 90, de la referida Legislación estatal. (17) Tiene aplicación la jurisprudencia VII.P. J/7, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, localizable a página 138, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN LA ORDEN DE CAPTURA. Cuando al hacerse la relación de los elementos probatorios que sirven de base para dictar una orden de aprehensión se pone de manifiesto en forma que no deja lugar a dudas cuáles son los hechos delictuosos atribuidos al indiciado y se invoca el precepto de ley que tipifica esos hechos, no puede válidamente sostenerse que esa orden de captura carezca de motivación y fundamentación, pues en las condiciones apuntadas tampoco puede válidamente decirse que el quejoso queda en estado de indefensión por ignorar cuáles son esos motivos y fundamentos." (18) Por otra parte, aduce la inconforme (foja 4 reverso), que la Ley no establece facultades a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, para que en nombre de dicho Instituto, se abstenga de realizar los pagos cuando es obligación realizarlos. (19) Lo anterior es infundado, pues conforme al artículo 22, fracción I, del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco, vigente a partir del uno de enero de dos mi dieciséis, corresponde a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, administrar y otorgar a los derechohabientes del ISSET, las prestaciones socioeconómicas previstas en la Ley; lo que significa que ello le faculta para resolver sobre aquellas cuestiones relacionadas con el retiro del Fondo de la Cuenta Individual, por tratarse de una cuestión relacionada a las prestaciones socioeconómicas por retención de las cuotas de los trabajadores. (20) Sigue alegando la impetrante de amparo (foja 5), que tiene derecho a solicitar la devolución de sus aportaciones de la cuenta individual. (21) El concepto de violación apuntado, es inoperante, pues el derecho a solicitar la devolución de sus aportaciones de la cuenta individual al Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, constituye un tópico que no es materia de controversia en el presente juicio de amparo, pues dicha solicitud sí está formulada al citado Instituto e, incluso, fue atendida en el oficio que constituye el acto reclamado. (22) De cualquier manera, la inoperancia del citado concepto de violación, resulta de que en el mismo, la peticionaria de amparo deja de exponer las razones en que sustenta su afirmación al derecho que dice tener a la devolución de sus aportaciones de la cuenta individual; pues nada refiere al respecto, lo que era necesario, toda vez que de otra manera este órgano jurisdiccional no puede emprender el estudio oficioso de tal inconformidad, ya que de hacerlo implicaría suplir la deficiencia de la queja en tal concepto de violación, lo que no es dable en el presente asunto, donde la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, al tratarse de un amparo en materia administrativa. (23) Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con datos de localización, rubro y texto siguiente: Localización: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 194031 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: II.A.62 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 1001 Tipo: Aislada Rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO RECLAMADO. Texto: "Si en los conceptos de violación no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los razonamientos de la sentencia reclamada, aquéllos se consideran inoperantes, ya que aun cuando alguno fuera fundado, no sería suficiente para conceder el amparo solicitado, puesto que existen otras consideraciones de la sentencia que no se impugnaron y que este Tribunal Colegiado no puede estudiar, por ser el amparo en materia administrativa de estricto derecho; conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que lo expresado en ellos carece de trascendencia jurídica, al subsistir la sentencia reclamada con base en los intocados razonamientos en que se apoya". (24) En mérito de lo anterior, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 77 y relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ALEJANDRA RAMÓN OCAÑA, en contra de los actos que reclama a las autoridades responsables 1. Congreso del estado de Tabasco, 2. Gobernador del estado de Tabasco, 3. Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, y 4. Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco, consistente en los artículos 122 y 123, ambos de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco, y oficio DPSE/DPE/1086/2020, de siete de febrero de dos mil veinte, por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución. [.]"

  4. Principal

    V.- VISTA INFORME JUSTIFICADO... SE TIENE ALA AUTORIDAD SEÑALANDO DELEGADOS Y DOMICILIO... PARA DAR OPORTUNIDAD A LO ANTERIOR, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PREVISTA PARA ESTA FECHA, Y EN SU LUGAR, PARA SU CELEBRACIÓN SE SEÑALAN LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.

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