Alejandra Pérez Ramírez

Expediente 1388/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1388/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Pérez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, de la Agente del Ministerio Público de la Federación, por el que solicita se le expida nuevamente copia certificada de todo lo actuado dentro del presente incidente. Al respecto, dígasele que mediante acuerdo de dos de agosto del año en curso, fueron expedidas las copias que solicita, las cuales fueron entregadas mediante oficio *** y recibidas el diez de agosto del año en curso, por lo que en caso de requerir nuevamente copias del presente incidente, deberá indicar el motivo de su expedición.

  2. Principal

    I. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, por el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdos de dos de agosto del año en curso. Lo anterior, pues manifiesta, bajo protesta de decir verdad que es cierto todo lo que manifestó que es cierto en todo su contenido lo que manifestó a manera de antecedentes en su escrito inicial de demanda inicial. Esto es los hechos que sucedieron en el expediente ***, radicado ante el Juzgado Sexto de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Asimismo, manifiesta, bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la pérdida de la guarda y custodia de sus hijas, el miércoles veinte de julio de dos mil veintidós. Que al buscar los papeles del supuesto divorcio, el jueves veintiuno de julio, encontró los papeles (que anexó a su escrito inicial de demanda), en donde al leerlos se percató que efectivamente lo que firmó no era un divorcio, sino un juicio de guarda y custodia y un convenio en donde se le condenaba al pago de una pensión alimenticia y la pérdida de la guardia y custodia de sus menores hijas. Finalmente señala que las firmas que aparecen en el convenio dentro del expediente ***, de siete de agosto de dos mil diecinueve, SI fueron plasmadas de su puño y letra. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida ***, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio... Es así, pues en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen... De los dispositivos legales antes transcritos se advierte que por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, tratándose de núcleos de población ejidal o comunal, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Bajo esa óptica, para justificar lo anterior, es necesario analizar el escrito de demanda, donde se advierte que la quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: La sentencia condenatoria dictada, por el Juez Sexto de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro del expediente número ***, en el cual se le condena a la pérdida de guarda y custodia de sus hijas y al pago de pensión alimenticia respecto a ellas. Todo lo actuado en dicho juicio, pues no fue debidamente emplazada. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad la quejosa manifestó, en la parte conducente, lo siguiente... Ahora bien, del escrito aclaratorio, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente... Asimismo se advierte que la quejosa vive con sus hijas, pues no se advierte que se "le hayan quitado" la guardia y custodia, ni que se le haya requerido de algún pago de una pensión alimenticia. Por tanto, esta Juzgadora estima que no puede acreditarse el supuesto desconocimiento del convenio que firmó la parte quejosa, ni del auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, que tuvo por ratificado el mismo y lo elevó a cosa juzgada. Así debe considerarse que desde esa fecha conocía de los actos que reclama; pues la firma en el convenio y en el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve es la manifestación expresa de la voluntad de las partes en cualquier acto jurídico. Sin que obste señalar que, están a salvo los derechos de la quejosa y sus menores hijas, para hacerlos valer en el mismo juicio *** del índice del Juzgado que señala como responsable, o incluso en diversa vía, en el Estado de Puebla, pues en materia familiar, por ejemplo, en temas de guarda y custodia y alimentos, no existe resolución firme, pues pueden modificarse, a solicitud de las partes, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular. Por tanto, al estimar que la quejosa conocía del convenio que firmó y de la diligencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, que tuvo por ratificado el convenio y elevó a cosa juzgada el mismo, ordenando su archivo, es evidente que para realizar el cómputo de los quince días a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe atenderse a la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado, mismo que, para efectos de los actos reclamados en el presente amparo, fue el siete de agosto dos mil diecinueve, como ya se explicó en el párrafo que antecede. Consecuentemente, si el artículo 17 de la Ley de Amparo establece con claridad que el término de quince días para promover la demanda de amparo se contará a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; luego, es evidente que en relación con el acto reclamado consistente en el proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, el término comenzó a correr para la quejosa a partir del nueve al veintidós de agosto de dos mil diecinueve, por lo que resulta que transcurrió en exceso el término previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha posterior a aquella en que feneció el término de quince días con que contaba la parte quejosa para tal efecto; de ahí que resulte incuestionable que ante la extemporaneidad del ejercicio de la acción constitucional, el acto reclamado fue consentido tácitamente, y contra actos de esa naturaleza es improcedente el juicio de amparo... En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por la parte quejosa. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.

  3. Principal

    I. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, por el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdos de dos de agosto del año en curso. Lo anterior, pues manifiesta, bajo protesta de decir verdad que es cierto todo lo que manifestó que es cierto en todo su contenido lo que manifestó a manera de antecedentes en su escrito inicial de demanda inicial. Esto es los hechos que sucedieron en el expediente ***, radicado ante el Juzgado Sexto de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Asimismo, manifiesta, bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la pérdida de la guarda y custodia de sus hijas, el miércoles veinte de julio de dos mil veintidós. Que al buscar los papeles del supuesto divorcio, el jueves veintiuno de julio, encontró los papeles (que anexó a su escrito inicial de demanda), en donde al leerlos se percató que efectivamente lo que firmó no era un divorcio, sino un juicio de guarda y custodia y un convenio en donde se le condenaba al pago de una pensión alimenticia y la pérdida de la guardia y custodia de sus menores hijas. Finalmente señala que las firmas que aparecen en el convenio dentro del expediente ***, de siete de agosto de dos mil diecinueve, SI fueron plasmadas de su puño y letra. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida ***, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio... Es así, pues en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen... De los dispositivos legales antes transcritos se advierte que por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, tratándose de núcleos de población ejidal o comunal, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Bajo esa óptica, para justificar lo anterior, es necesario analizar el escrito de demanda, donde se advierte que la quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: La sentencia condenatoria dictada, por el Juez Sexto de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro del expediente número ***, en el cual se le condena a la pérdida de guarda y custodia de sus hijas y al pago de pensión alimenticia respecto a ellas. Todo lo actuado en dicho juicio, pues no fue debidamente emplazada. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad la quejosa manifestó, en la parte conducente, lo siguiente... Ahora bien, del escrito aclaratorio, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente... Asimismo se advierte que la quejosa vive con sus hijas, pues no se advierte que se "le hayan quitado" la guardia y custodia, ni que se le haya requerido de algún pago de una pensión alimenticia. Por tanto, esta Juzgadora estima que no puede acreditarse el supuesto desconocimiento del convenio que firmó la parte quejosa, ni del auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, que tuvo por ratificado el mismo y lo elevó a cosa juzgada. Así debe considerarse que desde esa fecha conocía de los actos que reclama; pues la firma en el convenio y en el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve es la manifestación expresa de la voluntad de las partes en cualquier acto jurídico. Sin que obste señalar que, están a salvo los derechos de la quejosa y sus menores hijas, para hacerlos valer en el mismo juicio *** del índice del Juzgado que señala como responsable, o incluso en diversa vía, en el Estado de Puebla, pues en materia familiar, por ejemplo, en temas de guarda y custodia y alimentos, no existe resolución firme, pues pueden modificarse, a solicitud de las partes, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular. Por tanto, al estimar que la quejosa conocía del convenio que firmó y de la diligencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, que tuvo por ratificado el convenio y elevó a cosa juzgada el mismo, ordenando su archivo, es evidente que para realizar el cómputo de los quince días a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe atenderse a la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado, mismo que, para efectos de los actos reclamados en el presente amparo, fue el siete de agosto dos mil diecinueve, como ya se explicó en el párrafo que antecede. Consecuentemente, si el artículo 17 de la Ley de Amparo establece con claridad que el término de quince días para promover la demanda de amparo se contará a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; luego, es evidente que en relación con el acto reclamado consistente en el proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, el término comenzó a correr para la quejosa a partir del nueve al veintidós de agosto de dos mil diecinueve, por lo que resulta que transcurrió en exceso el término previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha posterior a aquella en que feneció el término de quince días con que contaba la parte quejosa para tal efecto; de ahí que resulte incuestionable que ante la extemporaneidad del ejercicio de la acción constitucional, el acto reclamado fue consentido tácitamente, y contra actos de esa naturaleza es improcedente el juicio de amparo... En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por la parte quejosa. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.

  4. Principal

    Creación del Expediente. Vista la certificación secretarial que antecede; y con la demanda que promueve **, por propio derecho, fórmese expediente y regístrese con el número **. Prevención. Analizada la demanda de amparo, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a su admisión; con fundamento en el artículo 108, fracción IV, relacionados con el diverso 114, fracción I y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, desahogue la siguiente prevención... Lo anterior, pues de las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, no se advierte con claridad la fecha en que supuestamente conoció del contenido de las copias certificadas que acompaña a su escrito de demanda. Asimismo, manifieste bajo protesta de decir verdad, sí las firmas que constan en el convenio y en la comparecencia para ratificar el convenio, en el expediente ** de siete de agosto de dos mil diecinueve fueron plasmadas por la aquí promovente. Lo anterior, pues de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, refiere que acudió ante la autoridad responsable a firmar un supuesto divorcio; sin que señale que no haya firmado el convenio y la diligencia de comparecencia de siete de agosto de dos mil diecinueve. En caso de cumplir con la anterior prevención, exhiba una copia más de la demanda de amparo, así como las copias necesarias de su escrito aclaratorio, necesaria para emplazar a la parte tercero interesado y autoridad responsable, pues aunque manifestó que desconoce su existencia, es claro que le reviste tal carácter al padre de las niñas. III. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo... IV. Domicilio, autorizados y medios de comunicación no procesales. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ** pues cuenta del registro de cédula ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de la certificación secretarial, y en términos limitados al diverso profesionista que menciona en el ocurso por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, ténganse el correo electrónico y el número telefónico proporcionado en el escrito de cuenta, como medio de comunicación no procesal, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 fracción II Acuerdo General 21/20207, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no así para recibir notificaciones, pues el ciado ordenamiento únicamente obliga a los titulares de los órganos jurisdiccionales a requerir a las partes a efecto de que proporcionen tales medios para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, por ejemplo, en casos urgentes para localizar a las partes, no así como medio para oír y recibir notificaciones. V. Habilitación de días y horas. A fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VlI. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. VIII. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (**), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.

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