Alejandra Pérez Palacios
Expediente 670/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/07/2019
Partes del expediente
- Alejandra Pérez Palacios
- Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en Palenque, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 37-40), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos sin emitir mayor pronunciamiento el oficio del Administrador del Servicio Postal Mexicano, con domicilio en esta ciudad, toda vez, que en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 37-40), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa, los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Palenque, Chiapas, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual emitió acuerdo en el que proveyó respecto a la aceptación, desechamiento y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en conflicto, en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral *********** Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La omisión por parte de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Palenque, Chiapas, de admitir y calificar las pruebas ofrecidas en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebra el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral ************ En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Palenque, Chiapas, de admitir y calificar las pruebas ofrecidas en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral ************ Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Palenque, Chiapas, emitió acuerdo en el que proveyó respecto a la aceptación, desechamiento y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en conflicto, en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral ********* es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la autoridad responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Palenque, Chiapas, de admitir y calificar las pruebas ofrecidas en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio labora********** ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de los informes justificados y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgador que en auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve (fojas 14-16), se reservó respecto a la parte tercera interesada; sin embargo, a nada práctico conduciría hacerlo, pues esta determinación no le irroga ningún perjuicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con domicilio en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se requirió remitiera el acuse del oficio 11375/2019, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve; o bien, copia certificada del mismo, máxime que desde el veintiuno de junio del actual, fue notificado de dicho requerimiento, tal como se acredita de la constancia de notificación (foja 26). Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el numeral 2, segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con domicilio en esta ciudad, con copia de la factura correspondiente, para que dentro del término de tres días contado a partir de su recibo, remita el acuse de recibo del oficio 11375/2019, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve; o bien, copia certificada del mismo. Con el apercibimiento de no informar dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y de Actualización, la que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFÍQUESE.
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