Alejandra Pedraza Monroy
Expediente 810/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alejandra Pedraza Monroy
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad oficiante, por medio del cual informa que no insiste en declinar la competencia en favor de este órgano federal; asimismo, que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***. Por otra parte, en debido cumplimiento del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece que los expedientes auxiliares, considerados como tales, los expedientillos, serán susceptibles de ser destruidos; en esas condiciones, en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expedientillo y se declara que es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran seis meses contados a partir de la notificación de este proveído, se procederá de inmediato a la destrucción del expediente en que se actúa, sin necesidad de mandato judicial previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental ello en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo 1/2009. Notifíquese.
- Principal
Se hace del conocimiento de las partes que la licenciada Martha Araceli Castillo De Santiago fue designada como Secretaria en funciones de Jueza de Distrito del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a partir del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, según oficio CCJ/ST/3741/2021 de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar, respecto de los impedimentos a los que se refiere la ley respectiva. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, este órgano federal no aceptó la competencia planteada por el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y ordenó remitir de inmediato el expediente número 765/2021, al Juzgado en comento, para lo que tuviera a bien proveer lo conducente, sin que hasta estos momentos se tenga respuesta alguna; en esas condiciones, solicítese al Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal alguno informe a este órgano federal sí aceptó o no la competencia planteada, lo anterior para estar en condiciones de proveer lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dicho promovente por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista al quejoso. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DO MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "CIUDAD DE MÉXICO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad federal, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 765/2021, de su índice, promovido por Alejandra Pedraza Monroy, por propio derecho, contra actos del FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; TITULAR DE LA FISCALÍA DESCONCENTRADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS; TITULAR DE LA JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DIRECTOR DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y a las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21 y 133 Constitucionales; e informa a este órgano jurisdiccional, que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, declaró no ser competente por razón de materia para conocer del presente asunto. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 810/2021 Ahora bien, este Juzgado Federal estima no aceptar la competencia declinada por la autoridad federal oficiante, en atención a las siguientes consideraciones: En la especie, los actos que se reclaman en la presente demanda de amparo se atribuyen a diferentes autoridades, de naturaleza tanto penal, como son: FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; TITULAR DE LA FISCALÍA DESCONCENTRADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS; TITULAR DE LA JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, como administrativas: DIRECTOR DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; sin embargo, en el capítulo de autoridades responsables (tanto ordenadoras como ejecutoras) no se hace un señalamiento directo de alguna autoridad de índole civil, por el contrario, la promovente señala que desconoce qué autoridad de naturaleza PENAL ha sido la que ordenó su desalojo, con lo que se demuestra que, por ahora, la demanda de amparo que se remite, no se promueve contra actos de autoridades del índole civil. El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, argumentó medularmente que la acción intentada es de índole civil, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en: I. Orden de desalojo dictada en contra de la hoy quejosa y que le causa agravio; II. Violación a un debido proceso, debida defensas y seguridad jurídica de la parte quejosa; y III. Orden de desalojo del inmueble que arrienda la parte quejosa legítimamente. Por lo que ese órgano jurisdiccional estima que el desalojo que menciona la parte quejosa es de naturaleza civil. Sin embargo, del capítulo de autoridades responsables, de inicio, no se advierte la participación de alguna autoridad jurisdiccional de índole civil, pues basta una lectura completa al capítulo respectivo, para advertir que no se señala a alguna autoridad jurisdiccional de naturaleza civil, para que recaiga la competencia en este órgano jurisdiccional. No pasa inadvertido que de la narrativa de los hechos de la demanda, concretamente en el hecho tres, la promovente hace mención a un actuario del Juzgado Civil, sin especificar a qué adscripción corresponde el actuario, y se reitera, sin que en el capítulo de autoridades responsables se hayan reprochado los actos reclamados a alguna autoridad de naturaleza civil; además de que también en los hechos de la demanda, se desprende la participación de judiciales (que no son autoridades de naturaleza civil) y al Director de Patrimonio Inmobiliario. Asimismo, en el hecho seis de la demanda, la promovente menciona que varios judiciales se introdujeron a su domicilio y en el hecho siete menciona que teme por su vida. Como se ve, las autoridades que la promovente del amparo involucra en los hechos de su demanda son de distinta naturaleza, sin que además estén plenamente identificados los actos que de manera específica le reprocha a cada una de las autoridades que en su narrativa va mencionando. En ese orden de ideas, no es clara la demanda de amparo que se remite, ni mucho menos se advierte en forma determinante que la competencia se surta de manera exclusiva para un Juez de Distrito en Materia Civil, sino que, lo que se evidencia hasta ahora, es la participación de autoridades de diversa naturaleza penal, administrativa y eventualmente civil, sin que estén identificados los actos reclamados a cada una de ellas, para establecer la competencia en favor de un Juez de Distrito en Materia Civil, por lo que ante esa evidente ambigüedad, podría prevenirse a la promovente para que especificara los actos reclamados a cada una de las autoridades que va involucrando en la exposición de sus hechos y si eventualmente procede la separación de juicios o bien que surta la competencia de diversos Jueces de Distrito en distintas materias, proveer lo que corresponda; por lo que por ahora no está correctamente definida la competencia en forma exclusiva de un Juez de Distrito en Materia Civil. En consecuencia, no se comparten por este órgano jurisdiccional las consideraciones emitidas en el auto de incompetencia, por no ajustarse a las reglas de competencia que se fija en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en ese ese sentido, en razón de la materia, según se desprende de las siguientes consideraciones: En la especie, se actualiza la hipótesis legal de competencia prevista en la fracción I del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 56. Los Jueces de distrito en materia de amparo penal conocerán: [.] Fracción I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." Del precepto transcrito se advierte claramente que los Jueces de Distrito en Materia de Amparo Penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra las resoluciones judiciales del orden penal o contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo correcciones disciplinarias o medios de apremio fuera de procedimiento penal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación y destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular se citan los artículos 57 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establecen lo siguiente: En la especie, se actualiza la hipótesis legal de competencia prevista en la fracción IV del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 57. Los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: [.] IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente." De los preceptos transcritos se advierte claramente que, tanto los Jueces de Distrito en Materia de Amparo Penal, como los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de cualquier autoridad de las mencionadas, que en el caso particular, si bien la promovente del amparo en el capítulo correspondiente a los actos reclamados señala autoridades penales e incluso administrativas, los actos que les reprocha no están identificados plenamente, ya que la parte quejosa en su escrito de demanda no específica que actos se le atribuyen específicamente a dichas autoridades, y sin bien es cierto que en el hecho tres de la demanda, la promovente menciona vagamente a un actuario de un Juzgado Civil, lo cierto es que éste no fue señalado como autoridad responsable, ni tampoco la ocursante en su demanda identifica plenamente la adscripción a la que corresponde el fedatario judicial en cuestión, ni el acto concreto que en su caso le reclama, lo que resultaría indispensable indagar, mediante la prevención oportuna, para entonces, poder determinar la competencia que recaiga eventualmente en un Juzgado de Distrito en Materia Civil y quizá la competencia de otros Juzgados de Distrito en Materias Penal y Administrativa. En ese orden de exposición, por ahora, no se actualiza de manera clara, ninguno de los casos previstos por el artículo 60 de la última ley indicada para darle competencia a un Juez de Distrito en Materia Civil, debido a que hasta este momento, por parte de la parte quejosa no existe ningún señalamiento directo de alguna autoridad civil con el carácter de responsable, por lo que resulta racionalmente claro que al señalar la parte quejosa diversas autoridades responsables tanto de índole penal, como administrativo y quizás de naturaleza civil, el Juez oficiante, podría solicitarle a dicha quejosa a efecto de que señalara los actos que reclama a cada una de las autoridades que indicó como responsables y si es su deseo señalar como responsables a las que cita en los hechos de su demanda, a fin de esclarecer en quién recae la competencia para conocer del asunto, sin que baste la mención de que reclame un desalojo para establecer la competencia exclusiva en un Juez de Distrito en Materia Civil, por lo que se estima que en el caso, lo pertinente resultaría prevenir a la quejosa, a efecto de esclarecer los actos reclamados e identificar plenamente a las autoridades responsables, para entonces definir de manera cierta los diferentes actos reclamados atribuidos a las diferentes autoridades responsables, y con base en ello definir la competencia para eventualmente remitirlos a quien corresponda para el conocimiento del asunto; por ende la competencia aún le corresponde al Juez de Distrito en Materia Penal oficiante, y por ahora no se surte en este órgano jurisdiccional. En efecto, el artículo 60, fracción I, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 60. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.]" De la disposición legal transcrita se advierte que los Jueces de Distrito de amparo en Materia Civil conocerán de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil. Al respecto, resulta necesario precisar cuándo se está en presencia de una "resolución del orden civil". Para determinar cuándo se trata de una "resolución del orden civil" se debe atender a su sentido formal y material. En el primer sentido, se refiere a la autoridad que la emite, que necesariamente tendrá que ser una autoridad jurisdiccional en materia civil, quien es la competente para dictar una "resolución del orden civil". En el sentido material, se debe atender a la acción que se ejercita, pues esta última no solo determina la naturaleza de la resolución, sino también cuáles son sus documentos base, el procedimiento que se ejercita, más aún que los elementos de la acción determinan las pruebas que deben ofrecerse. Por tanto, una resolución del orden civil es aquella que resuelve un juicio sobre una acción civil, la cual puede ser mercantil, familiar, de arrendamiento inmobiliario o civil en sentido estricto. A tales cuestiones objetivas debe atenderse para determinar si se trata de una "resolución del orden civil" y no como lo pretende la autoridad oficiante. Por tanto, como los actos reclamados en el presente juicio de amparo, como menciona la parte quejosa en su demanda de garantías, fueron emitidos por autoridades diversas y no por una autoridad jurisdiccional en materia civil, a pesar de que se menciona un desalojo como acto reclamado del cual no se tiene pleno conocimiento ya que no se previno a la parte quejosa a efecto de aclarar su demanda de garantías; en tal virtud, por lo que, se estima que este Juzgado aún no es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la demanda de amparo no se plantea contra una autoridad del orden civil, por lo tanto aún no se trata de asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil. En consecuencia, este órgano jurisdiccional, no acepta la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y se ordena remitir de inmediato el expediente número 765/2021, al Juzgado en comento, para lo que a bien tenga a determinar, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo y lo haga saber a este Juzgado para los efectos legales conducentes. Solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Con independencia de lo anterior, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada únicamente para los mismos efectos, así como para recoger documentos a la persona que menciona, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. En otro aspecto, se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala en su escrito de demanda, en el entendido que al momento de que promueva deberá contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de la adscripción para que realice la notificación ordenada en el presente proveído aún en días y horas inhábiles. Notifíquese, y personalmente a la promovente."
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que mediante auto de siete de octubre del año en cuso se ordenó remitir el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la Juez Interina del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se le impuso una multa por $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos cero centavos moneda nacional); sin embargo, toda vez que el presente juicio se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En consecuencia, remítase al órgano colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso de revisión en mención, copia certificada de las actuaciones que dieron origen a la imposición de la multa a la Juez Interina del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de aquéllas que guardan relación con el requerimiento formulado a dicha juzgadora, en la inteligencia de que para el caso de que el órgano colegiado que conozca del referido recurso requiera del original del expediente en que se actúa, se ordenará su remisión. Por otra parte, agréguese el escrito signado por el quejoso, por medio del cual se le tiene realizando diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la juez responsable a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración al momento en que este juzgado federal se pronuncie con respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por las autoridades responsables. Notifíquese.
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