Alejandra Paez Zamora
Expediente 64/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2017
Partes del expediente
- Alejandra Paez Zamora
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito y anexo signado por Ramsés Isaac López Chevan, profesionista a quien la parte quejosa autorizó en su demanda en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual exhibe copia del acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, dentro del juicio laboral 01/2017, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, la cual contiene firma autógrafa en original de la Presidenta y su secretario. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas el mencionado medio de convicción. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 64/2017-V-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, la parte quejosa manifiesta como acto reclamado el siguiente: "De la Autoridad señalada como Responsable reclamo la Resolución contenida en el auto de fecha 05 de enero del 2017, emitida dentro del expediente del juicio ordinario laboral 01/2017 radicado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, en la cual dicha Autoridad en forma ilegal se declara incompetente para conocer del asunto intentado por ALEJANDRA PAEZ ZAMORA en contra de: AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V. Y QUIEN RESULTE PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO UBICADA AVENIDA GASTELUM #700 ZONA CENTRO, DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA y por tanto ordena remitir los autos a la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio (como lo es el caso del reclamado, ya que por diversos criterios jurisprudenciales se encuentra dilucidada la cuestión de que para efectos de la promoción de un juicio de amparo se debe considerar que un juicio inicia con la presentación de la demanda) es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos contenidos en la Constitución. Ahora bien, en la especie, la quejosa en esencia señaló como acto reclamado el acuerdo pronunciado el cinco de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 01/2017, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, a través del cual se declara incompetente para conocer de la demanda ante ella presentada, lo que revela que no se está ante un agravio que se cause de modo directo e inmediato a su esfera jurídica, y menos que se trate de un acto de imposible reparación, ya que para ello se precisa que la decisión de declararse incompetente de parte de ese órgano jurisdiccional declinante debe en todo caso ser aceptada por la Junta en favor de quien se declina, de ahí que sea hasta entonces en que se puede considerar que se produce una afectación a los derechos de la quejosa, susceptible de conocerse a través del amparo indirecto, razones por las cuales al no producirse hasta este momento dicha afectación, no procede analizarse el acuerdo controvertido y es por ello que se estima notoriamente improcedente la demanda de amparo y debe desecharse. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. [Décima Época. Registro: 2009721. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 17/2015 (10a.). Página: 5.] Por otra parte, de la constancia que exhibió el autorizado de la parte quejosa mediante escrito ingresado el treinta del mes y año en curso, se desprende que el veintiséis de enero del año que corre, dentro del juicio laboral 01/2017 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, se tuvo por admitida la demanda laboral presentada por la aquí quejosa, señalándose las ocho horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil diecisiete, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo que si la demanda de amparo que nos ocupa se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se torna evidente que a ese momento ya no existía el acto reclamado del que se duele el quejoso. En consecuencia, en el caso queda actualizada también en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 112 de la Ley de la materia. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Las Redes, número 164, Fraccionamiento Playa Ensenada de esta ciudad. Así también, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, Ramses Isaac López Chevan, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del citatorio de uno de febrero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la quejosa Alejandra Páez Zamora, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, publicada el siete de febrero de dos mil diecisiete en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, que dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Alejandra Páez Zamora, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito y anexo signado por Ramsés Isaac López Chevan, profesionista a quien la parte quejosa autorizó en su demanda en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual exhibe copia del acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, dentro del juicio laboral 01/2017, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, la cual contiene firma autógrafa en original de la Presidenta y su secretario. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas el mencionado medio de convicción. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 64/2017-V-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, la parte quejosa manifiesta como acto reclamado el siguiente: "De la Autoridad señalada como Responsable reclamo la Resolución contenida en el auto de fecha 05 de enero del 2017, emitida dentro del expediente del juicio ordinario laboral 01/2017 radicado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, en la cual dicha Autoridad en forma ilegal se declara incompetente para conocer del asunto intentado por ALEJANDRA PAEZ ZAMORA en contra de: AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V. Y QUIEN RESULTE PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO UBICADA AVENIDA GASTELUM #700 ZONA CENTRO, DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA y por tanto ordena remitir los autos a la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio (como lo es el caso del reclamado, ya que por diversos criterios jurisprudenciales se encuentra dilucidada la cuestión de que para efectos de la promoción de un juicio de amparo se debe considerar que un juicio inicia con la presentación de la demanda) es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos contenidos en la Constitución. Ahora bien, en la especie, la quejosa en esencia señaló como acto reclamado el acuerdo pronunciado el cinco de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 01/2017, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, a través del cual se declara incompetente para conocer de la demanda ante ella presentada, lo que revela que no se está ante un agravio que se cause de modo directo e inmediato a su esfera jurídica, y menos que se trate de un acto de imposible reparación, ya que para ello se precisa que la decisión de declararse incompetente de parte de ese órgano jurisdiccional declinante debe en todo caso ser aceptada por la Junta en favor de quien se declina, de ahí que sea hasta entonces en que se puede considerar que se produce una afectación a los derechos de la quejosa, susceptible de conocerse a través del amparo indirecto, razones por las cuales al no producirse hasta este momento dicha afectación, no procede analizarse el acuerdo controvertido y es por ello que se estima notoriamente improcedente la demanda de amparo y debe desecharse. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. [Décima Época. Registro: 2009721. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 17/2015 (10a.). Página: 5.] Por otra parte, de la constancia que exhibió el autorizado de la parte quejosa mediante escrito ingresado el treinta del mes y año en curso, se desprende que el veintiséis de enero del año que corre, dentro del juicio laboral 01/2017 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, se tuvo por admitida la demanda laboral presentada por la aquí quejosa, señalándose las ocho horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil diecisiete, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo que si la demanda de amparo que nos ocupa se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se torna evidente que a ese momento ya no existía el acto reclamado del que se duele el quejoso. En consecuencia, en el caso queda actualizada también en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 112 de la Ley de la materia. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Las Redes, número 164, Fraccionamiento Playa Ensenada de esta ciudad. Así también, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, Ramses Isaac López Chevan, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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