Alejandra Morales Castillo

Expediente 1831/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1831/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Morales Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vistas las promociones de cuenta, en el primero, la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas; y en la otra, el Actuario Judicial adscrito al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, devuelve los autos originales del juicio de amparo 258/2021-III y remite testimonio de la resolución dictada en sesión de dos de febrero del año que transcurre, en el incidente de inejecución de sentencia I.I.S. 22/2022, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. En atención a la primera de las citadas comunicaciones, se toma conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora, en relación al otro oficio, acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor. Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal resolvió: "PRIMERO. Es improcedente el presente incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 258/2021 al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, a fin de que proceda en los términos precisados en esta resolución. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a lo resuelto por el Tribunal revisor y tomando en consideración que la transformación jurídica contenida en la Constitución Política de la Ciudad de México, en lugar de disminuir las facultades legales que tienen las autoridades responsables para cumplir con la sentencia de amparo, con base en esa reforma constitucional que modifica la estructura orgánica de algunos organismos administrativos y por ende, las facultades que tenían, pues en términos de los artículos 44, apartado A, punto 1, y 46, apartado A, inciso C, de esa constitución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tienen autonomía constitucional y presupuestal, así como patrimonio propio, entre otros atributos legales, lo que implica que las autoridades responsables adscritas a dicho órgano y vinculadas a cumplir con el fallo de amparo, de manera independiente deben hacer frente directamente de sus obligaciones legales, como es el cumplir con la sentencia de amparo y no tratar de evadirla, a través de la independencia jurídica que tiene dicha institución como ente autónomo, que si bien, ya no se regirán por las mismas normas generales administrativas aplicables para su proceder, pero sí deben hacer frente, con la calidad en comento, por lo que, no es oponible como excusa un trámite interno como la solicitud para el otorgamiento de suficiencia presupuestal que refiere como impedimento para cumplimentar el fallo de amparo, al ser una cuestión de orden público, por lo que están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional. En ese sentido, en atención a lo establecido en los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, requiérase a Yolanda Carolina Salcedo Pérez, quien actualmente ostenta el cargo de Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, (autoridad directamente obligada al cumplimiento), para que, en el ámbito de su competencia y en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación realicen lo siguiente: ? Señale de manera fundada y motivada, cuáles son en su integridad las etapas específicas que comprende el procedimiento que se debe substanciar para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, así como las autoridades que en él intervienen, debiendo señalar en cada caso, el nombre completo de las personas físicas que ocupan cada uno de los respectivos cargos; en la inteligencia que se deberá identificar debidamente el nombre de los servidores públicos que ostentan los cargos de la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos. De acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Laura Ángeles Gómez, quien actualmente ostenta el cargo de COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACIÓN, AMBOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Directora General de Recursos Humanos, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí mismas, se llevara a cabo el procedimiento descrito en párrafos que anteceden. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese.

  2. Principal

    - Ciudad de México, a treinta de diciembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que este juzgado no tiene certeza de la fecha en que se notificó el oficio número 47125/2022, dirigido a la autoridad responsable Titular de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Guerrero; en consecuencia, mediante oficio que para tal efecto se gire al Administrador del Edificio de Periférico Sur, mil novecientos cincuenta (1950), con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe en qué fecha fue recibido el oficio citado, el cual se envió por medio de "estafeta", con el número de guía 2344634228. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese

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