Alejandra Monserrat Urcelay Cervera

Expediente 2510/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2510/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Monserrat Urcelay Cervera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. En atención al oficio SECNO/STCCNO/1345/2022, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitido a este juzgado, con el que comunica que autorizó el punto de acuerdo 219/2022, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; mediante el cual, con motivo de la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, señala los lineamientos para remitirle diversos expedientes de amparo, así como la migración de su expediente electrónico. Por tanto, toda vez que el presente expediente no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos en el punto 4 del referido acuerdo, se ordena remitirlo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que asuma su conocimiento hasta su resolución, eventual cumplimentación y archivo definitivo; para lo cual se deberá incluir el presente expediente en el acta de entrega-recepción que para tal efecto se realice Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vistos estos autos se advierte que a la fecha el Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no han rendido los informes justificados que se les solicitó, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo de los oficios por los que se les requirió que lo hicieran. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo este día y se señalan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, considerando que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por la quejosa Alejandra Monserrat Urcelay Cervera, con el que da cumplimiento a la prevención que se le hizo mediante proveído de siete de diciembre del año en curso. ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN En consecuencia, se acuerda: con fundamento en los artículos 111, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA y se tiene como nuevas autoridades responsables al Director General de Registro y Control Documental y al Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, que según se desprende de la lectura integral de la ampliación de demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: La omisión de emitir la calificación registral respectiva a la solicitud número 31220007426, presentada ante la oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, respecto de la parcela 35 Z-Z P1/4, ubicada en el ejido de Tekat, municipio de Mocochá, Yucatán. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificados a las nuevas autoridades responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes a aquel en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; como se establece en el invocado artículo 117 de la citada ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia simple de la ampliación de demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Hágase del conocimiento de las nuevas responsables y del agente del Ministerio Público de la adscripción, que para la celebración de la audiencia constitucional se señalaron las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las nuevas autoridades responsables, que cuando tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $2,886.60 (dos mil, ochocientos ochenta y seis pesos, con sesenta centavos, moneda nacional). EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Sin que haya necesidad de emitir oficios a las nuevas autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". TRASLADO A LAS PARTES Para los efectos legales correspondientes, se ordena correr traslado del escrito ampliatorio a las demás partes en el presente juicio. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales se reservan para ser relacionadas en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos, se advierte que la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, comunicó que la ejecución del trámite ********************, es competencia de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, quien realizará la calificación registral, con el fin de que el Director en Jefe de la referida dependencia autorice la apertura de la clave en el sistema informático. En consecuencia, con fundamento en la fracción II, del artículo 111, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la referida ley de la materia, mismo que empezará a correr a partir de que surta efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, señalando como nuevas autoridades responsables al Director General de Registro y Control Documental y al Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal, al resolverse el presente asunto, se tendrá únicamente como autoridad responsable a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán. En caso afirmativo, invariablemente deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo y precisar el acto que le reclama. Cobra aplicación la Jurisprudencia 2a/J. 112/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 93, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible con el número de registro 182617, con el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En mérito de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia programada para las diez horas con once minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que ya se encuentra completamente integrado el juicio, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, si en el caso es evidente que a la presente fecha ya se encuentra totalmente integrado. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis Décima Época, Registro 2002712, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.1 K (10a.), Página: 1322, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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