Alejandra Michelle Herrera Medina

Expediente 1547/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1547/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Michelle Herrera Medina

Actuaciones

  1. Principal

    . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que por acuerdo de veintiuno de julio pasado, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos a la parte tercera interesada Mariana Clemente Fernández, sin que a la fecha obren las publicaciones ordenadas; además, que por acuerdo de ocho de agosto pasado, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja, en contra de dicho proveído. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las OCHO HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, visto el escrito que suscribe la parte quejosa Diana Marisela Aparicio Servín, se le tiene evacuando la vista concedida mediante acuerdo de ocho de agosto pasado, señalando las constancias que considera habrán de remitirse al Tribunal Colegiado en turno; por lo tanto agréguese a los autos y téngasele cumpliendo con dicha recuesta. Finalmente, en cuanto a sus manifestaciones respecto al a remisión del recurso de queja, dígasele que este Juzgado de Distrito se encontraba a la espera de que transcurriera el plazo concedido mediante el citado acuerdo; en consecuencia, toda vez que lo anterior ha acontecido, remítase el original y copia del escrito del escrito de queja, así como las constancias señaladas por las partes y las demás que se estimen pertinentes al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, y ríndase el informe sobre la materia, para la substanciación del recurso interpuesto.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por el apoderado especial de la parte quejosa, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, contra actos de autoridad; con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Para así evidenciarlo, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse por las expresiones "manifiesta" e "indudable" para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, y en qué momento deben analizarse. Al hacerlo, puntualizó al primer vocablo como lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara; y precisó que el segundo significa, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Es oportuno decir que, si bien en el criterio invocado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, lo cierto es que las razones contenidas en la ejecutoria destacada resultan aplicables por identidad de razón en el caso, como enseguida se verá. Así las cosas, la interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la citada ley. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, y todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece la improcedencia de la acción constitucional cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Por su parte, el artículo 1, fracción I, citado prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el numeral 5, fracción II, transcrito en último lugar, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De lo antes expuesto se pueden advertir como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente del Estado de hecho (tratándose de particular) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales -positivos, negativos u omisivos- a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama del Órgano de Control Disciplinario en Materia Laboral, Oficial Mayor Administrativo, Tesorero o Encargado de la Hacienda Pública y Sindicato de Servidores Públicos, todos del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco: El cambio de nombramiento de base por tiempo indeterminado a uno eventual y por tiempo determinado en el puesto que desempeña como ayudante de auxiliar adscrito al departamento de la presidencia municipal, así como su ejecución, materializada en la retención de su salario, así como la expulsión del gremio sindical. En consecuencia, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fracción XXIII, en relación al 1° fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado no es de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que su naturaleza es laboral; ello, puesto que la responsable actuó en un plano de coordinación con la quejosa, al derivar su relación con la que refiere como autoridad responsable, de un contrato laboral. En efecto, la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado, consistente en el cambio de nombramiento de base por tiempo indeterminado a uno eventual y por tiempo determinado en el puesto que desempeña como intendente, así como su ejecución, materializada en la retención de su salario, así como la expulsión del gremio sindical; desde el punto de vista de los tipos de relación, se ubica dentro de las denominados de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea del acto de autoridad que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. En esas condiciones, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa está directamente relacionado con el cumplimiento del contrato que celebró con el Ayuntamiento quejoso, lo que revela que es de naturaleza materialmente laboral. Bajo este tenor, la autoridad señalada como responsable no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, siendo que actúa con el carácter de patrón, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo la naturaleza de los actos emitidos sí puedan tener tal carácter. Máxime que, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, es competente para resolver los conflictos individuales o controversias que surjan con motivo de las relaciones de trabajo entre las entidades públicas y personas quienes les prestan un servicio subordinado, así como de los conflictos entre sindicatos y en general, la resolución de cualesquier contienda que surja con motivo de un derecho de trabajo que en materia burocrática se instituya, entre los que destaca, lo relativo al cambio de nombramiento de base por tiempo indeterminado a uno eventual y por tiempo determinado en el puesto que desempeña como intendente, así como su ejecución, materializada en la retención de su salario, así como la expulsión del gremio sindical, toda vez que interpretando en conjunto el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con los preceptos 112, 114, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se concluye que dicho órgano de impartición de justicia es el competente para dirimir el conflicto. Motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías que se promueve contra los hechos narrados con antelación es improcedente, toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5o de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante la autoridad ya mencionada, a efecto de hacer valer sus derechos laborales. De ahí, que lo reclamado por la quejosa deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre la quejosa como auxiliar adscrita al departamento de dirección de turismo en el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que se insiste deriva de una relación entre particulares; por tanto, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, desde un plano objetivo, este órgano de control constitucional tiene información suficiente para advertir de manera manifiesta e indudable la inviabilidad del juicio, pues aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Con relación a la autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto y la práctica de sus notificaciones por dicha vía; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la materia y al Actuario adscrito para que practique las notificaciones, incluso las de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte quejosa lo solicitó expresamente. En relación a la solicitud del uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, dígasele que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada, también, dígasele al oficiante que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Se exhorta todas a las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir que procuren actuar en la presente contienda, utilizando de los medios electrónicos proporcionados por el portal citado, igualmente como método eficaz para evitar la propagación del virus que asola a la nación. Luego, como lo prevé el "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes", se les invita a las partes a que a continuar con la tramitación de esta contienda mediante el esquema denominado "juicio en línea", y para tal efecto, es necesario utilizar los medios electrónicos disponibles del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; esto es que realicen las gestiones necesarias para que soliciten la consulta del expediente electrónico, así como notificaciones por esa misma vía. Adicionalmente, para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, si así lo desean, podrán proporcionar "correos electrónicos"; y "servicios de mensajería instantánea", cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.

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